El Gobierno busca destrabar el proyecto contra falsas denuncias con cambios en el nuevo paquete de reformas
Impulsado por Patricia Bullrich, el oficialismo reflotó la iniciativa en el Senado. Cambios en la redacción buscan reducir resistencias y evitar un efecto desaliento en víctimas, mientras el respaldo de las provincias sigue en construcción.
El gobierno volvió a poner en agenda el proyecto para agravar las penas por denuncias falsas. La iniciativa había quedado estancada y ahora intenta reactivarse en el Senado con impulso político renovado. Detrás del movimiento aparece una figura central, Patricia Bullrich, y una necesidad que atraviesa toda la discusión, de conseguir el acompañamiento de los gobernadores.
La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes denuncien hechos inexistentes. Desde el inicio generó un escenario dividido, los bloques muestran posiciones cruzadas, y también a nivel federal. Los mandatarios provinciales expresaron reparos y obligaron al oficialismo a reformular la estrategia.
En su versión original, el proyecto propone elevar las penas actuales, hoy consideradas bajas y en muchos casos excarcelables. La intención es avanzar hacia un esquema más severo donde las condenas podrían ubicarse entre 1 y 3 años de prisión. En situaciones agravadas escalarían entre 3 y 6 años, especialmente en denuncias vinculadas a violencia de género, abuso o menores. Además, se suman sanciones para falsos testimonios y peritajes adulterados, lo que amplía el alcance del delito.
El punto de conflicto no se limita a la escala penal, sino que la discusión de fondo se concentra en el impacto que podría tener una norma de este tipo. En ese terreno, los gobernadores, otra vez, comenzaron a jugar un rol determinante.
Desde distintas provincias surgieron advertencias sobre un posible efecto desaliento, principalmente a mujeres denunciantes de violencia de genero o familiar. La preocupación apunta a que una legislación demasiado amplia termine desincentivando denuncias reales. También aparece otro temor, que denuncias que no prosperen por falta de pruebas puedan ser interpretadas como denuncias falsas y derivar en sanciones.
El mensaje de los gobernadores fue claro, aunque no siempre explícito. Sin ajustes, el proyecto difícilmente consiga apoyo suficiente.
Con ese escenario, el gobierno optó por una estrategia de negociación. No se trata de una reescritura total, pero se comenzó a trabajar modificaciones puntuales en la redacción para reducir resistencias y hacer la iniciativa viable. El foco está en delimitar mejor el delito y evitar interpretaciones amplias.
Uno de los cambios centrales es reforzar que solo serán punibles los casos con intención comprobada de mentir. La idea es marcar una diferencia clara con situaciones donde una acusación no puede probarse. En esa línea, se busca dejar establecido que una denuncia fallida no equivale a una denuncia falsa. Este punto aparece como clave dentro de la negociación.
También se trabaja en incorporar salvaguardas específicas en casos de violencia de género. En ese ámbito el riesgo de desalentar denuncias aparece con más fuerza. La intención oficial es evitar un efecto inverso al buscado y responder a los cuestionamientos de gobernadores y sectores judiciales.
El respaldo, sin embargo, sigue siendo parcial. Algunos mandatarios valoran los cambios como un gesto de apertura, en cambio otros mantienen su desconfianza. Por ese motivo el gobierno enfatiza sobre que se busca avanzar contra las denuncias falsas sin restringir el acceso a la Justicia ni habilitar usos políticos del delito.
En paralelo, el impulso de Patricia Bullrich le imprime velocidad al debate. Desde su entorno sostienen que las denuncias falsas generan daño institucional, afectan a personas inocentes y erosionan la credibilidad del sistema judicial. Bajo esa lógica, el endurecimiento de penas aparece como una herramienta necesaria.
Dentro del oficialismo reconocen que el camino no está despejado, el proyecto depende de acuerdos que exceden al Congreso. La clave está en la relación con las provincias y en la capacidad de construir consenso político.
Por ahora, la iniciativa se mueve en una zona intermedia, tiene impulso político y volvió a instalarse en la agenda, pero al mismo tiempo sigue atada a una negociación abierta. Cada cambio en el texto busca acercar posiciones, en ese proceso, los gobernadores se consolidan como actores decisivos para definir si el proyecto avanza o vuelve a quedar en suspenso.
RG