En línea con su programa de ajuste estructural, el Gobierno nacional volvió a encender la motosierra para recortar áreas del Estado. En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo confirmó el cierre de 72 Registros del Automotor distribuidos en distintos puntos del país, una medida que profundiza el achicamiento de la administración pública y la centralización de tareas impulsada por la gestión libertaria.
La poda quedó formalizada mediante la Resolución 538/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques . La letra chica de la normativa dispone la quita directa de 67 seccionales que operaban bajo un régimen de intervención por no contar con un encargado titular designado. A este grupo se le suma un anexo que ejecuta el cierre definitivo de otras cinco dependencias que ya habían sido dadas de baja previamente en distritos clave como La Matanza, Morón y Rosario.
Lejos de cualquier formalidad institucional, la noticia fue exhibida en el plano digital como un nuevo trofeo de la política de recorte estatal. El encargado de festejar el ajuste fue el ministro Federico Sturzenegger, quien recurrió a su cuenta de X para reivindicar el cierre de las dependencias con un tono irónico: "La Resolución 538/26 del @MinJusticia_Ar, con firma de @juanbmahiques, cierra 72 registros automotor. Nada, eso. Sigan con lo suyo".
El alcance geográfico del recorte impacta de lleno en la Ciudad de Buenos Aires y en 16 provincias. El territorio bonaerense encabeza la nómina con 19 oficinas cerradas en localidades como Quilmes, Merlo, General Rodríguez, Tandil y Azul. Le siguen Santa Fe con 12 cierres, Córdoba con 10. La ola de clausuras también afecta a Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y La Rioja, entre otras jurisdicciones.
Con la normativa ya en vigencia, el reloj empezó a correr para las delegaciones afectadas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) tiene ahora un plazo improrrogable de 60 días hábiles para concretar el cierre físico de las oficinas. Durante este período de dos meses, las autoridades deberán ejecutar la reasignación total de los dominios y el traslado de los trámites que quedaron a la deriva hacia las sedes que lograron sobrevivir a la reducción gubernamental.
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Concentración de tareas y absorción operativa
Como consecuencia directa del plan de achicamiento, el cierre masivo de estas dependencias supone una mayor concentración de carga laboral para las delegaciones que continúan abiertas. A partir de ahora, el esquema oficial exige que las oficinas absorbentes operen como espacios multitareas, eliminando las divisiones específicas que históricamente organizaban el flujo de trabajo en el sistema.
En la práctica, esto implica que un mismo registro deberá inscribir en simultáneo, y de forma indistinta, los trámites correspondientes a autos, motos, maquinaria agrícola, vial e industrial, sumado a las prendas sobre bienes muebles no registrables. Mientras absorben este volumen extra de demanda y amplían su jurisdicción territorial, la resolución oficial le garantiza a los encargados titulares que permanecen en funciones la continuidad de sus cargos en la nueva estructura unificada.
Esta nueva tanda de cierres se inscribe en la continuidad de las políticas de ajuste, fusión y recorte instrumentadas por el Ministerio desde principios de 2024. Ahora, la presión operativa recae exclusivamente sobre las áreas técnicas del Estado, que deberán completar a contrarreloj las adecuaciones y el traspaso de documentos para evitar que la motosierra oficial termine paralizando los trámites de los usuarios.
TC/MSS