El Gobierno intima a 180 empresas vinculadas al petróleo en Malvinas: "Van a tener que elegir"
El canciller Pablo Quirno confirmó el envío de notificaciones a diversas firmas. La Rosada busca asfixiar las operaciones británicas y promete una nueva ley que permita a las corporaciones abandonar las islas a cambio de operar en Argentina.
El ultimátum ya llegó a las casillas de correo de los grandes despachos corporativos. En una movida agresiva para cortar la injerencia británica en el Atlántico Sur, el Gobierno notificó a 180 empresas vinculadas al negocio del petróleo en las Islas Malvinas. El mensaje, blanqueado desde la Cancillería, no deja lugar a grises: “Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que deben tener cuidado, van a tener que elegir. O van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado”, advirtió.
El encargado de ponerle el cascabel al gato fue el canciller Pablo Quirno. De paso por la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Misiones, el funcionario explicó que están afilando la ley 26.659, la norma que prohíbe operar en Argentina a los que hagan negocios en el archipiélago. La diferencia sustancial, marcó el ministro, es que cuando se dictó esa normativa en 2011 "no existía Vaca Muerta", por lo que hoy el país tiene una herramienta gigante para "generar ese desincentivo" en las multinacionales.
Quirno advirtió que las empresas "tendrán que elegir" cómo manejarse para no ser sancionadas
Quirno detalló que el nuevo decreto reglamentario ampliará el radar para darle "celeridad a las sanciones" a toda la red de contención logística: "proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera". Para blindar la jugada, metieron un filtro extra: “Hemos incluido una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la ley”.
Pero la Casa Rosada no quiere un choque destructivo, sino sumar inversiones. Por eso, el oficialismo mandará un proyecto al Congreso para crear una especie de "puerta de arrepentimiento", ya que “cuando las sancionamos, quedaste encerrada, ya no tenés manera de volver al sistema normal”. La idea es "generar los mecanismos" para que las corporaciones puedan desarmar sus negocios en las islas y volver a operar en el territorio continental.
El plan ya empezó a hacer ruido donde más duele: las cotizaciones bursátiles. Las pizarras globales castigaron casi de inmediato a Sea Lion, el principal proyecto offshore que empujan capitales británicos e israelíes en la Cuenca Malvinas Norte. Tras la intimación argentina, las acciones de Rockhopper Exploration se clavaron un 6,3% abajo en Londres, mientras que Navitas Petroleum perdió más de un 2% en Tel Aviv.
Javier Milei propuso un acuerdo con Reino Unido por las Malvinas "a lo Hong Kong"
Factor Chile y el Sur como bandera
Para Quirno, estos números rojos en la bolsa no son casualidad. “Ese es el ejercicio de una diplomacia ejecutiva y una diplomacia económica”, celebró el canciller, desestimando que los anuncios de Milei sean "medidas a la marchanta". La presión suma además un frente regional clave tras las últimas charlas con Chile, país que, según el funcionario, "reconoce que va a intentar la valorización" que hace la Argentina para desalentar la asistencia logística en hidrocarburos y pesca a proyectos ilegítimos.
En paralelo al apriete, el Gobierno busca plantar bandera con presupuesto real en Tierra del Fuego. Quirno ratificó la inyección de fondos para meterle velocidad a la construcción de la Base Naval Integrada: “Hoy nos compramos el espacio fiscal para tomar la decisión de poner recursos directamente en una base naval estratégica”.
Ese polo logístico en Ushuaia es la carta fuerte del oficialismo para consolidar la presencia del Estado en el extremo sur. Más allá de custodiar el Mar Argentino ante el desfile de buques internacionales, la base funcionará como un trampolín para potenciar la asistencia antártica.
TC/ML
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