El negocio de la pobreza: detectan muertos y beneficiarios millonarios en los comedores fantasma de la Ciudad
Una auditoría del Gobierno porteño reveló graves irregularidades en el sistema de asistencia alimentaria: figuraban personas fallecidas, dueños de inmuebles, jubilaciones millonarias y altos ingresos. Más de 5.000 raciones fueron suspendidas y 40 comedores cerrados. Una organización vinculada a Juan Grabois, bajo investigación.
Una fiscalización del sistema de cobertura alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires expuso un escenario que combina descontrol administrativo, intermediación irregular y presunto uso político de la asistencia social. El relevamiento, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, detectó que en los padrones de beneficiarios de comedores comunitarios figuraban personas fallecidas, jubilados con haberes millonarios y ciudadanos con altos ingresos, autos y propiedades registradas.
Las inconsistencias surgieron tras el cruce de los listados presentados por los comedores hasta noviembre de 2025 con bases de datos oficiales. Fue antes de la implementación de un nuevo sistema digital de registro que permitió identificar de manera individual a cada beneficiario y seguir el recorrido de cada ración. El resultado fue contundente: más de 5.000 raciones no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de 40 comedores que no entregaban alimentos o directamente no existían.
Entre los casos detectados aparecieron personas fallecidas que seguían figurando como beneficiarias, individuos con múltiples inmuebles y automóviles a su nombre, monotributistas de categorías altas y jubilados con ingresos superiores a los cinco millones de pesos mensuales. La fiscalización también permitió identificar situaciones extremas, como beneficiarios con más de diez vehículos registrados, otros con embarcaciones y personas con ingresos mensuales incompatibles con cualquier esquema de asistencia alimentaria.
La auditoría alcanzó a más de 500 comedores que integran la red de cobertura alimentaria de la Ciudad. Algunos de los espacios clausurados estaban inscriptos formalmente, pero nunca funcionaron como comedores. Entre ellos figuran locales registrados en barrios como Mataderos y Flores, vinculados al Movimiento Popular La Dignidad, una organización asociada a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y al dirigente social Juan Grabois, que quedó bajo investigación.
Tras conocerse los resultados, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó contra el sistema de intermediación y denunció la existencia de un “negocio de la pobreza”. Aseguró que ya hay una denuncia en curso y remarcó que la Ciudad busca poner fin a prácticas que, según sostuvo, juegan con el hambre de la gente.
Desde el Gobierno porteño subrayan que la fiscalización no solo tuvo un objetivo de control, sino también de reorganización del sistema de asistencia. Actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria diaria en la Ciudad a través de comedores, centros de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle o mediante transferencias directas del programa Ciudadanía Porteña.
La implementación de una nueva aplicación digital permitió, por primera vez, identificar a cada persona asistida y detectar irregularidades en tiempo real. Según explicó el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, el operativo permitió cerrar comedores fantasma, pero también mejorar el acompañamiento social. Como resultado, 35 chicos retomaron la escuela y se inscribieron para el ciclo lectivo 2026, otros 200 fueron incorporados a colonias de verano y dos comedores que habían sido suspendidos por irregularidades fueron reabiertos bajo gestión directa del Estado, lo que permitió que 50 familias recuperaran la asistencia alimentaria.
LB / EM