El nuevo Congreso

A Javier Milei ya no le preocupa que el periodo de sesiones extraordinarias sea breve. Convocó al Congreso para que funcione durante el receso de verano, entre el 2 y el 27 de febrero. Sin embargo, apenas han pasado cinco días y los funcionarios que reportan al Presidente advierten un obstáculo que esperaban desde diciembre: los tiempos no alcanzan para que ambas cámaras sancionen el proyecto de reforma laboral, con dictamen de mayoría desde fines de año.

La relojería legislativa ya corre a toda velocidad en el Senado, pero no ocurre lo mismo en Diputados. En la Cámara Alta, el oficialismo, junto a aliados clave, presentó un pedido formal para que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a sesión el próximo miércoles a las 11, con el objetivo de llevar al recinto la iniciativa de “modernización laboral”. La presentación refleja la fuerza política impulsada por Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, y lleva la firma de los jefes de bloques que representan a 44 senadores.

El documento no solo incluye la rúbrica de Bullrich. También figura la de los jefes de bloque del PRO, la UCR y de espacios vinculados a fuerzas provinciales y sectores del peronismo que aportan votos al oficialismo.

Entre los firmantes están la tucumana Beatriz Ávila, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo; el misionero Carlos Arce, representante de Hugo Passalaqua; el correntino Carlos Camau Espínola, por Provincias Unidas; la exministra neuquina Julieta Corroza, de Rolando Figueroa; y el cordobés Luis Juez, que no pertenece al macrista pero votará.

El texto presentado presume una suma de 44 voluntades, dos menos que las 46 que obtuvo el Gobierno para aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de año. Por ahora, desde La Libertad Avanza creen que alcanzarán 41 votos el próximo miércoles, apuntando a la aprobación en general del proyecto. El desarrollo de la votación particular sigue abierto. Cerca de Bullrich evitan exponer a los aliados, aunque una alta fuente del oficialismo admitió que también cuentan con votos del peronismo. No los nombran, pero consideran que Carolina Moisés, de Convicción Federal, podría garantizar los tres votos del PJ que sobraron al oficialismo en la negociación del Presupuesto.

“Todavía quedan algunos días para cerrar lo que falta”, confió un senador oficialista, aunque advirtió que la victoria del miércoles no tendrá un camino sencillo en Diputados. Esta semana, los jefes de todos los bloques le comunicaron al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que los tiempos son insuficientes después del miércoles.

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Incluso si se aprueba el proyecto, los días restantes hasta fin de mes no alcanzarán por los feriados de carnaval y el escaso tiempo para dictaminar antes de llevarlo al recinto. El dato es clave, ya que complica la velocidad que el oficialismo pretendía para cerrar la llamada “guerra relámpago” de febrero.

Tal como están planteados los tiempos y las negociaciones, una desaceleración del impulso proveniente del Senado puede abrir un escenario indeseable en la Cámara Baja.  En el oficialismo relativizan que una eventual postergación de los plazos previstos pueda dañar el plan trazado, pero tres involucrados directos en la negociación con Bullrich confirmaron a PERFIL que se están incluyendo distintas modificaciones en el texto. No implicará un nuevo dictamen para evitar más obstáculos, pero los cambios serán introducidos durante la sesión del próximo miércoles. Recién en ese momento se blanquearán los cambios que se están negociando a varias bandas. Desde el intercambio tributario con los gobernadores, que se siguen negando aceptar una reducción de la coparticipación por la reducción del Impuesto a las Ganancias, hasta el listado de exigencias de las cámaras empresarias. Los frentes más calientes, que preocupan a Bullrich, es la intransigencia de los bancos para aceptar cambios en la legislación  sobre las cuentas sueldo y los planteos de las pequeñas y medianas empresas, reunidas en CAME, para sacar una decena de artículos que eliminan la ultraactividad y podrían originar una judicialización total de la norma en caso de que el texto se transforme en ley. 

En ese punto se concentran los mayores cuidados y quizás por eso hay mas preocupación por no revelar las concesiones del oficialismo que en un estiramiento de los plazos de máxima. Del texto final de reforma que se conozca el miércoles dependerá cuánto margen tiene el oficialismo para lograr la sanción en Diputados. Si gana la posición más intransigente del Gobierno sobre la reforma laboral, el paso siguiente en Diputados asoma empinado, pero no imposible para el oficialismo. La reforma no sólo encierra cambios en el mundo del trabajo, sino también impositivos y la eliminación de los estatutos de viajantes de comercio, peluqueros, choferes particulares y periodistas. 

El capítulo de las derogaciones, en el final del texto, tiene entrampado a algunos negociadores que buscan ganar tiempo. Proponen una prórroga de seis meses, pero la argumentación suena poco convincente, especialmente para un oficialismo que no quiere aceptar ninguna prórroga. Así cómo en el Gobierno aceptan a regañadientes que el plazo de extraordinarias no les alcanza, también asumen que el acuerdo Mercosur - Unión Europea tampoco podrá ser aprobado antes del 1 de marzo, cuando Milei inaugure el período 144 de sesiones ordinarias del Congreso. A partir de entonces empieza otro momento y la semana próxima se sabrá de qué manera llegará el Gobierno