El plan de la CGT para enterrar la reforma laboral en tribunales

Cuando el Poder Ejecutivo promulgue la ley de reforma laboral y se publique en el Boletín oficial, que sucederá este lunes, la CGT activará de inmediato su plan de judicialización para que no entre en vigencia. La intención de la central obrera es que la Justicia declare ciertos artículos de la normativa inconstitucionales y confirmó que mañana, a partir de las 11 horas, realizará una concentración frente a Tribunales.

La marcha que organizó la calle Azopardo a la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires está acompañada de la consigna “la reforma laboral es inconstitucional”, bajo el argumento de que vulnera garantías consagradas en la carta magna “históricas”. Pero, los equipos legales cegetistas, saben y reconocen que el grueso de la normativa es “legítimo” y que tuvo un consenso contundente en el Congreso.

Pero eso no impide que se objeten en una presentación todos aquellos artículos que limitan las libertades sindicales. Según pudo reconstruir PERFIL, la demanda de la central obrera contra la ley de modernización laboral será en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral. Aunque hay sectores, los más combativos, que son partidarios de avanzar por las dos vías para bloquear el texto.

El motivo de esta decisión es simple. Los líderes sindicales ven que, gracias a la reforma laboral que consagra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, muchos de los jueces están “presionados” por la administración libertaria, con incertidumbre por su futuro. Y, bajo esa circunstancia, dificilmente fallen en contra de una ley que es clave para el oficialsimo.

“El escenario es difícil, muchos jueces se adaptan al cambio de época y problablemente no quieran quedar mal con el Gobierno”, dicen, con preocupación, en el entorno de uno de los integrantes de la mesa chica de la CGT. El pesimismo está instalado en la calle Azopardo pero no es motivo para impedir que, además de las presentación cegetista, existan otras demandas que cada sindicato pueda elevar en cada fuero. “La vamos a pelear hasta el final”, es la promesa gremial por estas horas.

¿Qué artículos se van a objetar? En principio, el 133 que restringe el derecho de realizar asambleas y congresos en los ámbitos y horarios laborales. El 134 que redefine como “infracciones muy graves” los bloqueos a empresas como forma de protesta, entre otras condiciones. 

Ingresa en la lupa 98, que amplía de forma masiva los “servicios esenciales” y obliga a garantizar entre el 50 % y el 75 % de actividad durante una huelga.  Es uno de los que más inquieta al polo sindical y que choca con los tratados internacionales que adhirió la Argentina.

También aparecerá cuestionado el 141 que habla de “prácticas desleales” sobre la convocatoria de asambleas, los artículos 142 y 143 que habilitan querellas judiciales por “prácticas desleales” con las consecuentes multas millonarias sobre los ingresos sindicales y la posible pérdida de la personería gremial por reiteración.  

Pese a que hubo señales de unidad en todo momentos, con estrategias en conjunto, en ciertos despachos de Azopardo quedaron ciertos resquemores: hay dirigentes que creen que a la CGT le “faltó fuerza” en las calles para frenar el proyecto.

Otros, de aceitado vínculo con el moyanismo y los independientes como Gerardo Martínez, justifican el método de acción. Básicamente, señalando que se hizo todo lo que estuvo al alcance, con paros y marchas, y que si no se hicieron más acciones es porque la reforma laboral tuvo cierto consenso social. “Los trabajadores no son juguets que los sacas y los pones, todavia Milei tiene respaldo”, señalaron.