Endeudamiento familiar: el Gobierno avanzó con su proyecto, sin rescate a los morosos y todavía sin los votos para aprobarlo

La Cámara de Diputados definió este martes, en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, cuál de los tres proyectos sobre endeudamiento familiar llegará como dictamen de mayoría al recinto. El texto impulsado por La Libertad Avanza, con el respaldo del PRO y la UCR, se impuso con 32 firmas, dos de ellas en disidencia, gracias a la composición de ambas comisiones, que el oficialismo controla junto a sus aliados. Pero ganar el plenario no equivale a ganar la sesión: la propia bancada libertaria admite que todavía no tiene los votos asegurados para el recinto, previsto para el miércoles 7 de octubre, la misma fecha en la que también se debatirá la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Del otro lado, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica lograron confluir en un dictamen conjunto que sumó 27 firmas, apenas cinco menos que el oficialismo, mientras que los diputados misioneros y salteños de Argentina Federal presentaron una tercera iniciativa propia, con solo dos apoyos. La diferencia entre el proyecto ganador y el que quedó segundo es bastante ajustada y el resultado final en el recinto dependerá, una vez más, de los legisladores que responden a los gobernadores provinciales, la misma bisagra que definió las últimas sesiones clave del año.

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El eje de la disputa no es menor: según los datos que circularon en el debate, unos 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda de consumo en el país, de las cuales cerca de 6 millones están en situación de mora. La discusión, sin embargo, no giró tanto en torno a la magnitud del problema, que nadie discutió, sino a si el Congreso debe intervenir directamente sobre tasas, plazos y quitas, o si alcanza con dar más información y herramientas al consumidor. El propio Javier Milei ya había deslizado que se trataba de una cuestión "entre privados", frase que sus diputados repitieron en los pasillos del Parlamento. 

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Qué propone el oficialismo: transparencia, doble validación y sin techos a las tasas

El proyecto de La Libertad Avanza, coordinado por la diputada Silvana Giudici, no crea ningún régimen de refinanciación ni contempla quitas de deuda. Su eje pasa por la transparencia de la información: busca que el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que suma intereses, comisiones, seguros y otros cargos de un préstamo, se muestren de manera más clara antes de que una persona contraiga un crédito, para que pueda comparar ofertas. Incorpora además un mecanismo de "doble validación" digital, pensado para que el usuario confirme explícitamente que entiende las condiciones del compromiso que está por asumir, como herramienta contra el sobreendeudamiento y el fraude digital.

El texto también prevé la portabilidad del crédito, para facilitar el cambio de proveedor financiero, y suma contenidos de educación financiera en las escuelas secundarias, en articulación con el Consejo Federal de Educación, a partir de un proyecto que había impulsado el radicalismo. Según planteó el oficialismo durante el debate, la intervención directa del Estado no es necesaria porque el problema ya estaría en vías de resolución: citaron que más de 500 mil personas acordaron refinanciamientos bancarios y que cerca de 2 millones de personas en mora ya cuentan con algún esquema de refinanciación a través de billeteras virtuales.

"Poner topes a tasas, plazos obligatorios y condonaciones nos retrotrae al punto en que estuvimos con la ley de alquileres que quebró el mercado. No aprendieron lo suficiente, pero es más fácil el populismo", sostuvo Giudici, quien defendió la doble validación como la herramienta central del proyecto.

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La propuesta opositora: emergencia por 180 días y tope de dos canastas básicas

El dictamen que reunió a UxP, Provincias Unidas y la Coalición Cívica va en un sentido distinto: declara la emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días, prorrogables por un período similar, y crea un régimen al que podrán acceder quienes al 31 de agosto tenían una mora de 60 días o más, o quienes, sin estar en mora, destinen más del 30% de los ingresos del grupo familiar al pago de créditos de consumo. El tope de acceso es el capital total de deudas de consumo que no supere el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2 según el último dato del INDEC, lo que hoy rondaría los 3,2 millones de pesos. "Si bien es mucha la gente que debe, es por poco monto. No queremos que se sume ningún vivo", explicaron sus impulsores.

Quienes ingresen al régimen accederían a la condonación total de intereses punitorios, el freno de ejecuciones y embargos, cuotas de al menos 12 meses que no superen el 30% de los ingresos del deudor o del grupo familiar, y un límite a la tasa de interés basado en la TAMAR —la tasa de referencia que refleja cuánto pagan los bancos por los depósitos a plazo fijo de grandes montos— más 25 puntos porcentuales para determinadas deudas. 

La tercera vía, la de Argentina Federal, propone un "Programa Nacional de Desendeudamiento" con una tasa fija máxima del 35% anual, dirigido a personas con ingresos que no superen los diez salarios mínimos, vitales y móviles. Por afuera de los tres dictámenes, hubo otras dos propuestas que no llegaron a plasmarse en un texto conjunto: la del MID de Eduardo Falcone, centrada en bajar impuestos sobre los intereses en lugar de intervenir las tasas, y la de la cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, que plantea una línea de créditos UVA a tasa fija del 7,5% anual y cinco años de plazo, fondeada con recursos del FGS de la ANSES.

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Un debate con lecturas políticas cruzadas

Más allá de los contenidos técnicos, el plenario dejó definiciones marcadamente políticas. El radical de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó el enfoque del oficialismo: "Acá se enfrentan dos miradas: la de los que intentaron negar la problemática y los que creemos que el Congreso debe acercar un alivio. No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello". En la misma línea, el misionero Oscar Herrera Ahuad —extitular de la comisión y exgobernador— defendió el dictamen de la oposición: "Los endeudados son pobres porque en Argentina el 40% de los argentinos son pobres. No hablamos de pisarle la cabeza a los bancos ni fintech, pero a las personas hay que mirarlas como personas, no como monedas".

Desde el kirchnerismo, Itaí Hagman afirmó: "Trajeron un dictamen contra su propia voluntad que es una solución gatopardista, de maquillaje, para que todo siga funcionando como hasta ahora", acusó, y apuntó contra el oficialismo y sus aliados por "defender los intereses de quienes la levantan en pala".

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade también apuntó a que el gobierno "tiene un problema con los pobres, posiblemente porque creen que son unos fracasados que no supieron competir (...) la gente no come información, come comida, la gente se endeuda porque necesita dinero. Y lamento decir que los 2 millones nuevos de pobres son de este Gobierno".

JD/MSS