La Libertad Avanza consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para su proyecto de ley de discapacidad, después de una negociación que incluyó un giro completo respecto de lo que el propio Gobierno había planteado apenas una semana antes. El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda cerró con 42 firmas a favor del texto oficialista, LLA, el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Elijo Catamarca e Independencia, y 36 para el proyecto opositor, que insiste en prorrogar por un año más la Emergencia vigente hasta el 31 de diciembre, con el respaldo de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda.
El resultado corona una marcha atrás que empezó a gestarse el martes a la noche, cuando Martín Menem reunió a los referentes de los bloques dialoguistas en el Salón de Honor para presentar el proyecto "superador" con el que el oficialismo buscó despegarse del propio Presupuesto 2027, que en su Capítulo VI proponía exactamente lo contrario: eliminar la actualización automática del nomenclador y endurecer el acceso a las pensiones. "Es el plan recalculando", ironizó el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, al arrancar su intervención en el debate.
La encargada de exponer el nuevo texto fue, otra vez, la bullrichista Laura Rodríguez Machado, autora material del dictamen y de buena parte de la negociación con los aliados. "No venimos a demonizar la emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia", planteó, y calificó al proyecto libertario de "propuesta superadora" frente al kirchnerismo, al que acusó de "vivir en emergencia".
El "proyecto superador" de LLA
El punto que más dudas generaba hasta último momento era cómo iba a quedar la actualización de los pagos a prestadores, algo que el propio Presupuesto había dejado en manos de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. El dictamen final zanjó la duda a favor de los aliados: remite directamente al artículo 7 bis de la Ley 24.901, el mismo que el Presupuesto había eliminado, y que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos según el índice de movilidad atado al IPC.
Emergencia en Discapacidad: la desconexión entre Casa Rosada y los diputados de LLA
El resto del esqueleto se mantiene tal como se venía negociando: la pensión no contributiva queda en el 70% del haber mínimo jubilatorio -hoy la pensión ronda los $300.000 y el salario mínimo, los $380.000-, es compatible con un empleo formal o monotributo siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles, y se garantiza cobertura médica a través del Plan Incluir Salud. El texto también fija que las partidas del área no podrán ser inferiores en términos reales a las del ejercicio anterior, ordena publicar un cronograma de pago para la deuda pendiente con los prestadores y crea un sistema de auditorías cruzadas con ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER.
Antes de sentarse a firmar, los libertarios se reunieron con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en lo que fue leído como el aval final de la Casa Rosada al texto negociado con los aliados, después del cortocircuito que la semana pasada expuso a Patricia Bullrich discutiendo públicamente con Diego Santilli por el mismo tema.
El PRO, que sí acompañó sin objeciones formales, aprovechó igual la ocasión para marcarle la cancha al Gobierno con un comunicado en sus redes: "En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites", sentenció el bloque de Cristian Ritondo, que sí venía exigiendo un cronograma de pagos a prestadores.
El debate no estuvo exento de tensión. Martínez calificó el giro oficialista de "contorsionismo" y advirtió que, si se aprueba una ley que elimina la emergencia, "ningún juez" le va a hacer lugar después a un reclamo de actualización o pago a una organización del sector.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, habló de un "recule en chancletas y vuelta carnero en el aire" y recordó que, apenas un día antes, la Justicia había confirmado el procesamiento de 15 exfuncionarios de la ANDIS por corrupción.
El vicepresidente de la comisión, Juan Marino, sumó su propia cuota de desconfianza al vincular el giro con la designación de Pablo Di Liscia -propuesto, según dijo, por el propio Luis Caputo- al frente de la Secretaría de Discapacidad.
Del otro lado, Silvana Giudici (LLA) cruzó al kirchnerismo por instalar que los diputados oficialistas "no iban a poder caminar por las calles" si votaban la ley, y les pidió "dejar de hacer apología de la violencia".
El radical Pablo Juliano resumió la desconfianza que persiste incluso entre quienes terminaron firmando: "Todo lo que prometen en la comisión deberá verse reflejado en el recinto cuando se vote el Presupuesto 2027, son dos cosas que tienen que suceder a la vez". Esa es, de hecho, la próxima prueba: el compromiso asumido por el oficialismo es retirar el Capítulo VI del Presupuesto recién antes de las reuniones informativas del 13 de octubre, casi tres semanas después de haber conseguido este dictamen. Todavía no hay fecha para la sesión que lo convierta en ley: los bloques opositores esperarán a que también avance en comisión el proyecto sobre morosidad familiar para llevar ambos temas juntos al recinto.
JD/MSS
