Expectativa por el dictamen del Consejo Consultivo para cambios en la justicia

A tres meses de haber comenzado su trabajo y a horas de entregar su informe final a presidencia, el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por decreto por el presidente Alberto Fernández, se reunió ayer por última vez. El encuentro, como todos los anteriores, fue vía zoom, y contó con la presencia de los once expertos elegidos por el Ejecutivo y del coordinador del grupo, Fabián Musso. Entre los miembros del Consejo está el defensor de CFK, Carlos Beraldi, cuyo nombre fue el que más polémicas despertó desde su designación. Entre los puntos abordados estuvo el de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, y el Ministerio Público Fiscal (MPF). Este último está hoy en el medio del debate por los cambios que el oficialismo busca introducir y cuando todavía no hay definiciones respecto del pliego del juez federal Daniel Rafecas, candidato de Fernández para la jefatura de fiscales.

El informe que se entregará a Fernández tendrá puntos en los que hubo acuerdos mayoritarios y otros en los que los distintos miembros no llegaron a los mismos. Se trata de un dictamen técnico con recomendaciones y propuestas a presidencia, pero que no es vinculante.

Entre los integrantes del Consejo, además de Beraldi, está el ex juez y ex ministro, Carlos Arslanián; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y ex candidata a la Procuración General de la Nación, Inés Weinberg de Roca; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro de Héctor Cámpora, además de uno de los hombres más reconocidos del Derecho argentino; la abogada Marisa Herrera, experta en temas de familia del país. También participa los miembros de las Cortes de Buenos Aires, Tucumán, Tierra del Fuego y Mendoza: Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo y los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra.

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Entre los puntos en los que hubo acuerdo total fue en referencia a no tocar el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a sus miembros, en tanto que dónde no habría coincidencias fue por ejemplo respecto de la posible creación de un tribunal intermedio.

Desde que se conoció la posibilidad de que se sugiriera la creación de tribunales intermedios, fue interpretado por varios como un atajo ante el escenario de decidir no tocar la Corte.

Respecto del Ministerio Público Fiscal se habría decidido que la elección del procurador sea por mayoría absoluta del Senado, eses decir, la mitad más uno de los miembros de la Cámara Alta. En tanto que para la destitución sería con dos tercios del cuerpo y habría acuerdo total para que en lugar de ser vitalicio, el cargo sea por un lapso de cinco años no renovables. Todo lo mismo correspondería para la Defensoría General de la Nación.

En cuanto a la composición del Consejo de la Magistratura se propondría una ampliación del número de miembros del organismo encargado de la designación y posible remoción de magistrados. El total podría llegar a 16, con cuatros representantes por estamento, lo que crecería el número de miembros académicos, versando en compromisos de temáticas de género y derechos humanos, entre otros puntos.

CD/FF