Francisco Paoltroni cierra sus empresas tras 25 años y acusa a Gildo Insfrán de asfixiar sus finanzas

Después de un cuarto de siglo operando en el sector agropecuario, el senador nacional Francisco Paoltroni bajó la persiana de sus empresas. El legislador formoseño anunció el cese de sus actividades comerciales a raíz de una crisis económica en sus cuentas y responsabilizó de manera directa al gobernador Gildo Insfrán, a quien acusó de utilizar los resortes del Estado para orquestar un esquema de persecución que terminó por asfixiar sus finanzas.

La decisión de frenar las operaciones tiene su correlato en los números del Banco Central. Según los registros oficiales, la consignataria Ganaderos de Formosa SRL, que Paoltroni fundó en 2010, acumula 225 cheques rechazados por más de 1.264 millones de pesos. La lista de pasivos se extiende a sus otras firmas: Los Angelitos SRL suma cinco cheques rebotados por 70 millones de pesos, mientras que Agroindustria de Formosa SRL registra otros quince documentos impagos por 85 millones.

Para explicar el cuadro de situación, el senador argumentó que el gobierno provincial desplegó herramientas administrativas contra sus sociedades. En su descargo, enumeró una sucesión de multas, embargos y trabas operativas orientadas hacia sus clientes compradores y vendedores. A la intervención provincial, Paoltroni le sumó el accionar nacional: afirmó haber recibido siete embargos de la AFIP (hoy ARCA) en un lapso de apenas treinta días.

El historial de conflictos incluye la intervención de las fuerzas de seguridad locales. En marzo, durante un remate organizado en Comandante Fontana, la policía provincial montó un operativo con cuatro móviles y 25 efectivos que restringió el movimiento de la hacienda. De las 2200 cabezas previstas, solo logró ingresar la mitad y otras 367 fueron retenidas en el predio. Según los registros del legislador, existe un cliente que aún no recuperó 300 animales secuestrados en ese procedimiento.

El repliegue empresarial de Paoltroni y sus socios también abarca la infraestructura física. El grupo puso a la venta la planta de Agroindustria de Formosa SRL, un establecimiento de extrusión de soja ubicado en Ibarreta que demandó una inversión de 100 millones de pesos en 2022. Ese proyecto operó de manera intermitente tras un conflicto de tres años con la proveedora estatal Refsa, que se negó a conectarlos a la red eléctrica bajo el argumento de que la obra obligaba a cortar el suministro de localidades vecinas.

Frente a la escalada de los números en rojo y los reclamos de productores chaqueños por pagos pendientes cercanos a los 1800 millones de pesos, el legislador difundió un video dirigido a sus empleados y proveedores. Allí confirmó la suspensión de las actividades para reordenar los balances e intentó llevar certidumbre a los acreedores: "Quiero dar tranquilidad a todos nuestros clientes de que vamos a honrar todas nuestras deudas y poner orden en esta situación".

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Trasfondo político y judicial

La caída del entramado comercial de Paoltroni generó réplicas dentro del ámbito legislativo nacional. Desde el bloque de senadores de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch salió a respaldar a su par, validó la acusación sobre el rol del Estado provincial y vinculó el cese de las empresas con el enfrentamiento que el formoseño mantiene con la administración de Insfrán.

Esta parálisis financiera de las firmas opositoras transcurre en simultáneo con un cambio de reglas a nivel institucional para el oficialismo provincial. Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la carta magna formoseña que habilitaba la reelección ilimitada del gobernador y vicegobernador, fijando un tope al esquema de poder de Insfrán.

En este contexto cruzado por expedientes judiciales y deudas comerciales, el conflicto suma una nueva variable en la provincia. "Insfrán logró lo que quería: destruirnos, destruir nuestras empresas", resumió Paoltroni en su mensaje, dejando abierta la incógnita sobre cómo se ejecutará la cadena de pagos para desarmar la estructura que operó durante 25 años en el norte del país.

TC/MSS