La Marcha por la Salud Pública reunió a miles de personas y profundizó la pelea entre Nación y Provincia

La Marcha Federal por la Salud Pública reunió este miércoles a miles de trabajadores de hospitales, médicos, residentes, estudiantes y organizaciones sociales que se movilizaron desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre el sistema sanitario.

La protesta se realizó bajo la consigna “La salud no puede esperar” y tuvo como eje principal el rechazo a los recortes presupuestarios, el desfinanciamiento de programas nacionales y la crisis que atraviesan hospitales públicos en todo el país. Entre los reclamos también aparecieron la falta de medicamentos, el deterioro de prestaciones y el impacto del ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.

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La movilización estuvo encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), espacio integrado por gremios como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, entre más de 140 organizaciones sindicales y sociales.

“La Salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente aseguró además que “es inminente el cierre de numerosos servicios hospitalarios” y denunció que “el ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria y se está traduciendo en enfermedad y muerte”.

Desde las organizaciones convocantes señalaron que, desde la llegada de Milei a la presidencia, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%, mientras que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé nuevos recortes, superiores a los 63 mil millones de pesos.

También advirtieron que más de 742 mil personas perdieron cobertura médica, que el programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3 y que el presupuesto del PAMI sufrió un recorte cercano al 40%, generando deudas con prestadores y dificultades para acceder a turnos y tratamientos.

En el documento leído durante la movilización también se denunció el desmantelamiento de políticas sanitarias nacionales, como el cierre del plan ENIA de prevención del embarazo adolescente, el recorte en vacunación y la pérdida de autonomía de hospitales nacionales.

Los organizadores alertaron además sobre el aumento de enfermedades prevenibles y remarcaron que la mortalidad infantil pasó de 8,0 a 8,5, mientras que la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su nivel más alto desde 2010 fuera del período de pandemia.

La pelea entre Nación y la Provincia

Mientras los manifestantes responsabilizaron al Gobierno nacional por el deterioro sanitario, desde la Casa Rosada buscaron trasladar parte de la presión a la administración bonaerense de Axel Kicillof.

El Ministerio de Salud nacional puso el foco en la situación de los hospitales SAMIC y del Hospital Garrahan, que funcionan bajo un esquema de financiamiento compartido entre Nación y las provincias. Según denunciaron desde la cartera sanitaria, la provincia de Buenos Aires mantiene una deuda acumulada superior a los 630 mil millones de pesos.

En ese marco, el Gobierno expuso un caso sensible: 814 chicos esperan prótesis para poder operarse en el Garrahan porque la provincia no habría realizado las entregas correspondientes. Según señalaron fuentes oficiales, algunas cirugías debieron ser reprogramadas y otros pacientes incluso fueron derivados tras alcanzar la mayoría de edad mientras aguardaban una respuesta.

Frente a esa situación, el Ministerio convocó a directivos de hospitales afectados para analizar el estado del sistema y reclamar el cumplimiento de los compromisos firmados por las jurisdicciones.

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La disputa entre Nación y la provincia de Buenos Aires volvió así a trasladarse al terreno sanitario en medio de una creciente conflictividad social. Mientras el Gobierno nacional sostiene que busca “ordenar” el sistema y exigir responsabilidades a las provincias, gremios y trabajadores denuncian que el ajuste ya impacta directamente sobre la atención médica cotidiana y el funcionamiento de hospitales públicos.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Nación rechazaron las denuncias de desfinanciamiento y aseguraron que el sistema sanitario “no sufrió recortes estructurales”, sino un proceso de “reordenamiento del gasto”.

Fuentes oficiales sostuvieron que se mantuvieron partidas para hospitales nacionales y programas esenciales, y atribuyeron parte de la crisis a problemas de gestión provinciales y al aumento de la demanda sobre el sistema público tras la caída de coberturas privadas. En esa línea, remarcaron que muchas de las prestaciones dependen de convenios compartidos con las provincias y reclamaron “cumplimiento de los compromisos asumidos” por parte de Buenos Aires.

RG/AF