CONFLICTO GREMIAL Y POLITICO

La Provincia de Buenos Aires rechazó los controles de Nación ante el paro docente

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense instruyó a los directivos y equipos de conducción de los establecimientos educativos a no brindar información a la Secretaría de Trabajo nacional respecto a la adhesión a la medida de fuerza

Los gremios docentes convocaron a un paro nacional en reclamo de mayor financiamiento educativo, salarios y la restitución del FONID. Foto: Noticias Argentinas

En el marco del paro nacional docente convocado para este 3 de agosto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial dirigido a inspectoras e inspectores jefes regionales, distritales, de enseñanza y a los equipos de conducción de todos los niveles y modalidades, fijando la postura institucional frente a posibles acciones de fiscalización de la Nación.

Según detalla la nota formal remitida por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el Ministerio de Trabajo bonaerense presentó una solicitud ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para que se abstenga de requerir datos sobre la adhesión a la medida o de verificar el cumplimiento de los «pisos de prestación mínima» contemplados en el artículo 101 de la Ley 27.802.

Desde la cartera provincial argumentan que la fiscalización sobre el empleo público de su jurisdicción incurre en una inconstitucionalidad. Al respecto, citan el artículo 6 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe que organismos administrativos nacionales ejerzan facultades de control o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el debido proceso político-parlamentario. Bajo esa premisa, consideran que cualquier requerimiento de información a las autoridades escolares sobre personal provincial constituye un «avance ilegítimo sobre la autonomía local».

En consecuencia, el comunicado encomienda a los directivos y autoridades de las escuelas a limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría nacional ante cualquier pedido de informes, remarcando la «improcedencia de realizar cualquier tipo de declaración y suministrar información a agentes de extraña jurisdicción».

Simultáneamente al reclamo de los sindicatos por la reapertura de paritarias y mejoras salariales, la gestión de Javier Milei puso en marcha un operativo de inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento del piso mínimo de cobertura del 75% establecido para los servicios esenciales durante las medidas de fuerza.

A través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo definió el procedimiento como una "inspección muestral" y advirtió que aplicará sanciones en caso de detectar incumplimientos.