El regreso a clases del receso invernal, que se completa este lunes en todo el país con la vuelta en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, está marcado por un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera).
Simultáneamente al reclamo de los sindicatos por la reapertura de paritarias y mejoras salariales, la gestión de Javier Milei puso en marcha un operativo de inspecciones en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento del piso mínimo de cobertura del 75% establecido para los servicios esenciales durante las medidas de fuerza.
A través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, el Ejecutivo definió el procedimiento como una "inspección muestral" y advirtió que aplicará sanciones en caso de detectar incumplimientos.

Estos controles están a cargo de inspectores dependientes de Capital Humano, aunque todavía no se detalló la cantidad de establecimientos alcanzados por el operativo.

Sin acuerdo con el Gobierno, el gremio CTERA anunció un paro docente para el 3 de agosto
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la medida al señalar que "la huelga es un derecho, pero está moderado por la ley porque hay niños que tienen derecho a educarse".
Se suma que el Gobierno ratificó su postura de descentralización. Sostienen que la negociación salarial y la contratación de los docentes es exclusiva competencia de las provincias y la CABA, no del Estado nacional.
El reclamo de los gremios
La otra postura estuvo marcada por el rechazo de CTERA al operativo oficial.

La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, acusó al Ejecutivo de intentar limitar el derecho a huelga y reclamó que, en lugar de realizar controles, se convoque nuevamente a una mesa de negociación salarial.
Afirmó que desde el viernes hubo "presiones, notas a provincias y a escuelas para intentar reducir el impacto de la huelga" y sostuvo que no había visto una situación similar "en un gobierno democrático".
Dentro de los principales reclamos se encuentran la reapertura de la paritaria nacional docente, un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una nueva ley de financiamiento educativo y mayores recursos para infraestructura escolar, comedores y becas.

Además, el gremio rechaza las reformas impulsadas por el Gobierno en materia laboral y educativa, al considerar que afectan derechos de los trabajadores y el financiamiento del sistema público.
Desde CTERA señalaron que los salarios docentes perdieron poder adquisitivo y cuestionaron la falta de transferencia de fondos nacionales destinados al sector.
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MV