Las obras sociales sindicales: cómo es la pelea de fondo entre la CGT y el Gobierno

El Gobierno está dispuesto a profundizar controles y auditorías en las obras sociales y prepagas a como dé lugar. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene la administración libertaria para 2026. Se trata de un desafío que no tiene en el radar, por el momento, la posición que exhibe la CGT, que además de pedidos de fondos advierte que el sistema puede entrar en un punto crítico si se aprueba la reforma laboral.

El área que se encarga de monitorear cuentas y movimientos de las obras sociales es la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que dependen de Mario Lugones (ministro de Salud) y que el 1° de julio pasado quedó en manos de un médico egresado de la UBA, Claudio Stivelman. En reemplazo de Gabriel Oriolo, y con una experiencia en la gestión de entidades del sistema de salud, el funcionario se propuso continuar y acelerar las líneas fundamentales de la gestión de Javier Milei en torno a las entidades a lo largo de este año y tal como sucedió desde el 10 de diciembre de 2023.

Esto significa que, en primer lugar, se colocarán en marcha nuevas auditorías apuntando a que las prestadoras de salud sean sustentables, pertenezcan a quién pertenezcan y/o sean grandes o sean chicas. “Vamos a exigir orden, competencia y que las prestaciones para los afiliados se cumplan”, prometen en Balcarce 50.

Anticipan que habrá pedidos de reuniones y números claros por parte de la SSS. En caso de que existan dificultades financieras, se procederá a pedir un plan de contingencia que será monitoreado por un Comité de Crisis. Si dicho plan no se cumple de manera taxativa, se colocará la faja de cierre, como sucedió con 21 obras sociales en el comienzo de la temporada 2026.

En concreto, y tal como se conoció mediante Boletín Oficial el viernes, se dieron de baja entre otras el Centro Médico Mar del Plata y el Instituto Materno Infantil, entre otras. La explicación fue contundente: los problemas financieros impidieron el normal funcionamiento y no cumplieron con las instancias de emergencia.

De todos modos, fuentes del Poder Ejecutivo saben que el procedimiento no es sencillo y consta de mucho tiempo. Básicamente, porque las autoridades de las obras sociales ocultan números y retacean la información que disponen ante los requerimientos oficiales. Por lo cual, comienza un “barrido” de información para dar con las cifras necesarias.

En ese marco, las voces libertarias no desconocen que organizaciones en manos de grandes gremios están atravesando una situación “desesperante”, con cuentas que no cierran y reclamos de afiliados y médicos al por mayor.

Camioneros, por ejemplo, es una de las tantas entidades que está sumergida en inconvenientes. Según pudo saber PERFIL, hasta dirigentes de la mesa chica de la central obrera le pidieron a Hugo Moyano, el jefe del gremio, que ordene las cuentas para que su sindicato deje de ser noticia por sanatorios plagados de deudas. En el oficialismo lo tienen en el radar. Empero, señalan que actuarán conforme a la ley pese al resquemor que existe en La Libertad Avanza hacia la familia Moyano.

Para graficar que no hay animosidad, hay datos oficiales que muestran que el envío de fondos por el Sistema Único de Reintegro (SUR) no se alteró para el sindicato. Esta estructura de subsidios se creó mediante la resolución 1.200/2012 de la SSS para reconocer prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolongado. Y Camioneros recibió por este concepto y hasta fines de 2025 la suma de $ 231.436.956,72 millones. Una cifra para nada menor aunque con distancia de otros colectivos sindicales de la principal central obrera.

Si se observa con detenimiento lo recaudado por los gremios, aparecen lógicamente los de mayor cantidad de afiliados en la nómina. Se inscribe Osecac, la del sindicato de Comercio de Armando Cavalieri, con $ 5.174.304.919,52 millones. 

Luego, figura UPCN, los estatales que tienen como jefe a Andrés Rodríguez, con $ 3.021.660.899,07 millones.

El ranking se completa con la obra social del personal de la construcción, de la Uocra de Gerardo Martínez, que obtuvo $ 1.309.737.455,25 millones; Sanidad, cuyo gremio cuenta con una fuerte influencia del extriunviro cegetista Héctor Daer, se quedó con $ 1.170.731.451,56 millones; la de conductores de transporte de colectivos, la UTA del dialoguista Roberto Fernández, recibió $ 714.152.393,56 millones; Uatre con $ 526.982.297,83 millones; la Uthgra de Luis Barrionuevo $ 560.371.916,31 y cierra la UOM del combativo Abel Furlán con la suma de $ 274.850.426,88.

En Balcarce 50 enfatizan que no hay reclamos de mayores fondos aunque reconocen inquietudes de altos mandos del gremialismo por el artículo 161 de la reforma laboral. Ese texto reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Lo que equivale para la CGT en un golpe para el sistema.

A través de un informe que elaboró José Luis Lingeri, el líder del sindicato de Obras Sanitarias, se remarcó que “implica un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. Las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”.

¿Qué responden en LLA en este punto? En momentos en los que el Gobierno deja abierta la posibilidad de negociar aspectos de la ley con la CGT, prefieren no responder para que no se incremente la tensión. 

Incluso, no se descarta la modificación de ese aspecto vital para todo el gremialismo.