En medio del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, se agravó la situación y la mediatización del conflicto en la empresa Lustramax. Allí, los trabajadores, acompañados por agrupaciones de izquierda, reclaman la reincorporación de empleados despedidos, mientras que desde la compañía el dueño denunció amenazas, extorsiones y una supuesta toma de la planta por parte de delegados gremiales.
“Nosotros estamos hoy casi cerrados. Cumplimos con todo lo que teníamos que hacer, estamos mal, estamos en un proceso de crisis en la compañía y tenemos que sacar trabajadores bajo un proceso de reestructuración, pagando bajo todas las normas que dice la ley”, afirmó Ezequiel Sosa, dueño de la empresa, en diálogo con María O’Donnell por Urbana Play. En ese sentido agregó: “Hace cinco días estoy durmiendo en el piso, tratando de cuidar lo mío, con gente con causas penales, asustado, con amenazas y tratando de que doscientas personas no se queden sin trabajo”.
El conflicto se profundizó luego del despido de al menos 15 empleados, entre ellos delegados y activistas gremiales. A partir de esa decisión, los trabajadores iniciaron protestas que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana y el reclamo para que se cumpla la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La cartera laboral ordenó la reincorporación inmediata y dispuso retrotraer la situación laboral, pero la empresa rechazó la resolución y sostuvo que no la acatará. En respuesta, los empleados resolvieron mantenerse en asamblea permanente y sostener nuevas medidas de fuerza.
Las agrupaciones de izquierda se involucraron en el conflicto. En ese marco, la diputada Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda, sostuvo: “La resolución del Ministerio de Trabajo dice que la situación se debe retrotraer, que los trabajadores deben estar adentro y que la que está ilegal es la empresa”. Además, afirmó: “Es serio lo que está pasando, hay trabajadores que están sufriendo un ataque inexplicable”, y señaló que “hay alguien que inventó un conflicto y lo está llevando hacia un lugar de violencia hacia los trabajadores”.
Bregman también cuestionó la estrategia de la empresa y el rol de sectores políticos que, según indicó, buscan criminalizar el reclamo laboral. “El Ministerio de Trabajo ya ordenó que los tienen que reincorporar, eso está ordenado y la empresa está en la ilegalidad”, insistió. A su vez, remarcó que parte de los despidos no podría concretarse por tratarse de delegados gremiales y puso en duda el Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la firma.
Desde la empresa, Sosa negó las acusaciones y volvió a señalar que atraviesa una situación económica delicada. “No le echo la culpa a ningún trabajador, lo que estoy pidiendo es poder reestructurar la empresa para conservar el puesto de doscientas personas más”, explicó. También aseguró que existe una toma de la planta, que realizó denuncias penales contra dos delegados y que teme por su seguridad: “Hoy estoy con miedo, mi gente quiere trabajar, el 70% de la gente quiere trabajar, pero están amenazados”.
El empresario sostuvo que ofreció pagar los sueldos, pero sin permitir el ingreso de los despedidos “por una cuestión de seguridad”, y denunció extorsiones: “Si no les pagaba un asado o la cancha de fútbol, tenía la planta parada. Viví extorsionado, viví con miedo hasta que tomé una decisión. No puedo seguir con la empresa así”.
El conflicto sumó un nuevo capítulo con el cruce entre Bregman y la legisladora de La Libertad Avanza Florencia Arietto, quien se posicionó del lado de la empresa y acompañó la obtención de una orden judicial de de-salojo. “De un conflicto laboral muy claro se pasó a una denuncia penal. Esa orden no está firme”, sostuvo Bregman, mientras que Arietto responsabilizó a la izquierda por el cierre de la empresa.
La tensión escaló tras un nuevo corte total de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 35 del partido de Pilar, en las inmediaciones del Parque Industrial de Tortuguitas. Los trabajadores reclaman la reincorporación de los despedidos, el pago de salarios, aguinaldos y bonos adeudados, y denuncian persecución sindical y amedrentamiento policial. En paralelo, vinculan el conflicto con el debate por la reforma laboral y acusan a la empresa de intentar avanzar sobre “derechos básicos”.
