Milei envió al Senado un acuerdo final con fondos buitre para cerrar el default y presiona por una aprobación exprés

El Gobierno de Javier Milei dio un paso concreto para cerrar uno de los últimos capítulos abiertos del default de 2001: envió al Senado de la Nación el proyecto de ley para aprobar el acuerdo con fondos buitre que continuaban litigando contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos. La iniciativa fija pagos por USD 171 millones y abre una cuenta regresiva política en el Congreso, con un plazo límite que el propio Ejecutivo definió como crítico.

Según el texto oficial al que accedió PERFIL el acuerdo contempla desembolsos por USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para el grupo encabezado por Attestor. El Gobierno sostiene que logró una quita superior al 30% sobre los montos originales en disputa.

La urgencia es explícita: el convenio establece como fecha límite el 30 de abril. Si el Congreso no lo aprueba antes de ese plazo, las transacciones se caen automáticamente y la Argentina debería retomar los litigios “bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”, según advierte el proyecto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El entendimiento fue alcanzado en marzo y formalizado ante la jueza Loretta Preska, quien concentra los juicios contra la Argentina en ese distrito. Se trata de dos grupos de acreedores que nunca ingresaron a los canjes de deuda posteriores al default y que contaban con sentencias firmes a su favor.

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En los últimos años, esos fondos avanzaron con medidas de presión judicial, incluidos pedidos de embargo sobre activos argentinos en el exterior. De hecho, en 2025 lograron capturar USD 310 millones depositados en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos bonos Brady, un antecedente que empujó al Gobierno a cerrar la negociación.

El acuerdo ahora en discusión prevé un mecanismo de “entrega contra pago”: la Argentina cancela la deuda y recibe los títulos en litigio. Además, establece que los costos legales correrán por cuenta de los acreedores.

Desde el Ejecutivo remarcan que la aprobación parlamentaria no solo permitirá saldar la deuda, sino también desactivar los procesos de “discovery”, a través de los cuales los fondos venían solicitando información sobre activos del país, incluyendo cuentas bancarias, privatizaciones y participaciones en empresas.

La presión sobre el Congreso

El envío del proyecto activa una negociación contrarreloj en el Congreso, donde el oficialismo necesita garantizar los votos para evitar que el acuerdo se caiga. Fuentes parlamentarias confiaron a PERFIL en que habrá una reacción favorable de parte de los legisladores, aunque la agenda está muy apretada: esta semana no habrá sesión porque hay un grupo de legisladores que viajaron a Washington invitados por AmCham, mientras que el miércoles ya hay una sesión de alto voltaje en Diputados donde Adorni tendrá que responder, mientras está acorralado por frentes judiciales, unas 4800 preguntas de la cámara baja.

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El trasfondo no es solo financiero. Sebastián Maril, consultor especializado en litigios de deuda, advirtió en sus redes sociales que la definición será “una primera prueba de cuánto capital político está dispuesto a invertir el Poder Ejecutivo en un tema que, si bien es financieramente acotado, tiene un peso reputacional significativo”.

El impacto fiscal, según esa misma evaluación, es marginal en relación con el volumen total de deuda, pero el riesgo de reabrir el frente judicial podría implicar costos mayores en el mediano plazo.

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El litigio que ahora busca cerrarse es un remanente de los procesos iniciados tras el default de 2001. En 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, la Argentina acordó el pago de unos USD 9.300 millones a la mayoría de los holdouts, lo que permitió salir del default técnico y regresar a los mercados internacionales.

Ese proceso implicó la emisión de deuda por unos USD 16.500 millones y la derogación de las leyes que impedían mejorar las condiciones de los canjes anteriores. Sin embargo, un grupo minoritario de acreedores decidió continuar litigando en busca de mejores condiciones.

A pesar de que más del 95% de los bonistas aceptó las reestructuraciones de 2005, 2010 y 2020, esos casos quedaron abiertos en la Justicia estadounidense y siguieron generando riesgos de embargo sobre activos argentinos.

JD/EM