Reforma laboral: el Gobierno apuesta a las internas del peronismo en el Senado
El oficialismo busca repetir la mayoría que consiguió con el Presupuesto y explota la fragmentación del PJ, donde los votos de los gobernadores reconfiguraron el mapa del Senado.
Las sesiones extraordinarias terminan este martes 30 de diciembre (al menos su primera etapa) y dejaron algunas certezas: que el Gobierno puede construir mayorías y el peronismo ya no actúa como un bloque unido en el Senado. La sanción del Presupuesto 2026 —primer plan de gastos aprobado en la gestión de Javier Milei— expuso públicamente lo que venía gestándose desde marzo, cuando nació Convicción Federal como desprendimiento del cristinismo duro.
Tres de sus cinco integrantes acompañaron al oficialismo y modificaron una ecuación que el Ejecutivo buscará replicar cuando se discuta la Reforma Laboral en febrero.
La estrategia se apoyará en el mismo esquema que funcionó durante diciembre: Patricia Bullrich al frente del Senado, Martín Menem en la Cámara baja y el ministro del Interior, Diego Santilli, articulando con gobernadores para asegurar los votos clave. Para el oficialismo, el antecedente inmediato del Presupuesto demostró que las diferencias internas del PJ pueden ampliarse cuando las administraciones provinciales necesitan garantizar financiamiento y previsibilidad en sus cuentas.
La fractura del peronismo y el rol de los gobernadores
El interbloque de Unión por la Patria reúne 28 senadores divididos entre el bloque Justicialista, los cinco representantes de Convicción Federal y los dos santiagueños del Frente Cívico. Ese armado formal se mantiene, pero la votación del Presupuesto 2026 dejó al descubierto una dinámica distinta: los legisladores que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) se apartaron de la línea kirchnerista y respaldaron al Gobierno tanto en general como en el capítulo más sensible, vinculado al financiamiento educativo, científico, tecnológico y de defensa.
Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés fueron quienes acompañaron al oficialismo desde Convicción Federal, mientras Fernando Salino y Fernando Rejal votaron en contra. La heterogeneidad de esa bancada quedó explicada por la lógica provincial que domina hoy el Senado: cada gobernador define su posición y los legisladores la trasladan al recinto. Salino lo describió con claridad al asegurar que la cámara alta funciona siguiendo las necesidades de cada territorio, un punto que también influirá en el debate laboral.
Las críticas más duras durante la sesión provinieron del bloque Justicialista. José Mayans cuestionó el Presupuesto al afirmar que “representa la decadencia y la corrupción del gobierno”, mientras Juliana Di Tullio sostuvo que el superávit “tiene que estar supeditado a mejorar la calidad de vida”. Ese sector esperaba una respuesta homogénea frente a la reforma laboral, pero la votación del viernes 26 abrió un nuevo escenario: la conducción kirchnerista admite que ya no puede garantizar una posición única para febrero.
A la vez, el oficialismo buscará consolidar otros apoyos provinciales que ya asomaron en diciembre. La salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila acompañaron iniciativas impulsadas por la Casa Rosada y quedaron en la órbita de diálogo para lo que viene. En paralelo, Gerardo Zamora —referente del Frente Cívico santiagueño— será otro actor con peso en el tablero de negociaciones.
Ya hay dictamen para debatir en febrero
La reforma laboral ya consiguió dictamen en el Senado, aunque la jefa de bloque en la Cámara alta decidió postergar el tratamiento para febrero al ver el revés del Presupuesto en Diputados, que perdió todo un capítulo sensible y muy importante para el "equilibrio fiscal" del gobierno.
El período de extraordinarias vence el 30 de diciembre y Milei deberá emitir un nuevo decreto para habilitar una segunda ronda, probablemente desde fines de enero o durante febrero, como prefieren la mayoría de las bancadas tras un diciembre legislativo acelerado.
El Senado aprobó el Presupuesto 2026 y el Gobierno respira
Bullrich, Menem y Santilli diagraman por estas horas un esquema de negociación que replicará el del Presupuesto. El Gobierno considera que el salto político que obtuvo con su primera ley aprobada se sostiene sobre una base que puede rearmarse: fractura interna del PJ, alineamiento de gobernadores peronistas moderados y un oficialismo que mostró capacidad de sumar en la UCR, el PRO y bloques provinciales.
El oficialismo necesita 37 senadores para abrir el recinto. Sus 21 propios obligan a reeditar la búsqueda en las fuerzas intermedias y en los desprendimientos del peronismo. La votación del Presupuesto dejó una señal: la influencia de los gobernadores puede imponerse sobre la disciplina partidaria, y ese será el eje de presión que aplicará la Casa Rosada en las próximas semanas.
En paralelo, Bullrich avanzó con otro de los expedientes del temario: las modificaciones a la ley de glaciares, que también lograron dictamen y quedaron a la espera del próximo llamado. El proyecto sobre Inocencia Fiscal, aprobado en Diputados, se encuentra en la misma situación. El Código Penal, en cambio, ni siquiera ingresó formalmente al Congreso y podría quedar relegado al período ordinario que Milei abrirá el 1° de marzo, así como la reforma tributaria.
El nuevo tablero legislativo que dejó diciembre
El Gobierno preparó un temario acotado de seis proyectos y logró sancionar dos (Presupuesto e inocencia fiscal), además de dictaminar otros tres. Para la Casa Rosada, el balance es positivo: consiguió su primera ley y, sobre todo, un mapa claro de dónde pueden surgir los votos que necesita para reformas más estructurales.
Sin embargo, la jugada en Diputados le costó bastante caro porque generó mucha tensión con el PRO por la designación de los miembros de la AGN y los fondos de Coparticipación que reclama la administración de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Esos días hasta en Casa Rosada analizaron vetar el Presupuesto que no deroga las leyes que pretendían: Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
En el peronismo, la sesión del Presupuesto dejó una marca profunda. Convicción Federal se consolidó como un espacio autónomo del kirchnerismo; los gobernadores mostraron que priorizan sus agendas locales y no siempre acompañarán la estrategia nacional del PJ; y los bloques dialoguistas quedaron en posición de negociar cada iniciativa caso por caso.
En febrero, cuando regrese el debate laboral, ese reordenamiento volverá a ponerse a prueba. Con el dictamen ya firmado y un escenario abierto en la oposición, el Gobierno apuesta a que la mayoría que le permitió aprobar el Presupuesto pueda repetirse. El resultado dependerá, otra vez, del peso de los gobernadores y de cuánto resista la unidad formal del peronismo en la Cámara alta.
JD / CP
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