Sin mayoría asegurada, la reforma laboral queda atada a la negociación con los gobernadores
Con el tratamiento previsto para febrero, el oficialismo admite que no alcanza la mayoría en el Senado y depende de acuerdos con las provincias, atravesadas por reclamos fiscales, presión sindical y amenazas de judicialización.
A pocos días de que el Senado comience a tratar formalmente la reforma laboral, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario adverso: no tiene los votos asegurados y quedó obligado a negociar con los gobernadores, cuyos legisladores concentran la mayor parte de las indecisiones. El debate, previsto para el 11 de febrero, dejó de ser técnico y se transformó en una pulseada política en la que pesan el impacto fiscal del proyecto, la presión gremial y el riesgo de una judicialización posterior.
El bloque oficialista reconoce que aún no tiene asegurados los votos necesarios para aprobar la reforma en el senado, por lo que dependería casi en exclusiva de Casa Rosada resolver la estrategia que le permita obtener los apoyos claves para avanzar en el tablero político.
Reforma laboral: el Senado como campo de batalla
La presidente del bloque, Patricia Bullrich, admitió que la suerte del proyecto dejó de depender únicamente de las gestiones que ella misma condujo en el Senado. La funcionaria señaló que la definición quedó en manos del Poder Ejecutivo, luego de haber afirmado la semana pasada que el debate por los fondos provinciales estaba “bajo un paraguas”, del Gobierno nacional.
Tal como indicaron varios medios, las negociaciones del presidente Milei con los gobernadores de distintas fuerzas es clave. Los representantes provinciales se resisten al proyecto, principalmente por la reducción de coparticipación que implicaría la baja de ganancias, y condicionan sus votos a cambio o compensaciones. Algunos sectores más duros rechazan las modificaciones, mientras otros reconocen que sin ajustes no habrá votos suficientes.
“Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el Gobierno nacional tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta. Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, evidentemente vamos a coparticipar menos Ganancias, entonces vamos a tener más problemas económicos y financieros”, declaró Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán a Infobae.
Aunque la palabra final queda en manos del presidente y Karina Milei, Diego Santilli también es una pieza fundamental para la negociación con los gobernadores, con los que en general, mantiene una buena relación.
Según cálculos legislativos, antes del debate la composición muestra a 26 senadores a favor, 25 en contra y 21 indecisos; esa indecisión se relaciona con legisladores que responden a gobernadores provinciales.
El peronismo, la CGT y los gremios
Dentro del bloque peronista hay grietas con sectores que buscan unificar posiciones contrarias al oficialismo. Ante las diferencias, se convocó a una a una reunión de bloque para acordar una postura común.
Las tensiones trascendieron luego de que Kelly Olmos presentara su propio proyecto de modernización laboral, iniciativa que contó con firmas de algunos diputados en contra de la conducción de Cristina Kirchner.
Sectores del PJ han expresado que no se logra sumar votos nuevos significativos contra la reforma en el Senado, y se evalúa incluso judicializar el tema si la ley llega a aprobarse por considerarla inconstitucional, al igual que lo planteo la CGT.
En algunos fragmentos opositores se ha expresado que la reforma está “diseñada para empeorar la situación de Argentina”, y criticaron la pérdida de derechos laborales.
La oposición gremial al proyecto deriva en movilizaciones y protestas, que incluso llevaron a que el tratamiento legislativo se pospusiera a febrero. Las nuevas movilizaciones ya se esperan para cuando la Ley sea tratada.
En consecuencia, la oposición no ha logrado consolidar mayorías nuevas, por lo que siguen enfrentando discordias. La CGT y sectores del sindicalismo continúan coordinando estrategias con legisladores opositores, lo que indica que la disputa no solo será legislativa, sino también judicial y social.
Mientras tanto, el oficialismo admite que podría haber ajustes parciales para poder negociar con los gobernadores y lograr su objetivo en el Senado.
RG/DCQ