El 11 de febrero no será una fecha más en el calendario parlamentario de la Argentina. Si el Gobierno de Javier Milei logra la media sanción de la Reforma Laboral, no solo habrá dado un gran paso legislativo, sino que habrá demostrado que puede transformar discurso en poder real. Si fracasa, quedará expuesta a que la épica reformista no alcanza cuando el Congreso decide poner límites.
No sería la primera vez. La historia nos brinda un antecedente reciente: la reforma laboral impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000, aprobada en medio de denuncias de sobornos en el Senado y apodada popularmente como "Ley Banelco", terminó erosionando la legitimidad política del Poder Ejecutivo de la Alianza y acelerando su caída en diciembre de 2001. Desde entonces, toda reforma laboral en la Argentina carga con un gran peso simbólico que excede la letra de la ley
La iniciativa actual reune todas las tensiones de la Argentina en crisis. Ganancias, indemnizaciones, estatutos históricos y derogaciones sensibles todo ello conforma un cóctel explosivo donde economía, política y sindicalismo chocan sin lugar a dudas. No se discute solo una ley: se discute qué modelo de país es viable en un contexto de ajuste, recesión y fragilidad social.
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El Gobierno llega a las sesiones extraordinarias ,previstas para el lunes 2 de febrero con urgencia política y margen muy ajustado. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, acelera negociaciones con sectores dialoguistas para construir un quórum que aún hoy no existe. La Libertad Avanza parte de una base frágil: apenas 21 senadores, 20 propios y Luis Juez como último sumado, muy lejos de los 37 necesarios.
En ese escenario, el PRO y la UCR aparecen como aliados condicionados. Los 10 senadores radicales y los tres del PRO muestran predisposición a acompañar el proyecto en general, pero buscan introducir cambios en la letra chica para no quedar expuestos al costo político de un apoyo ciego.
Del otro lado, Unión por la Patria se planta con 28 senadores y un rechazo cerrado, en coordinación con la CGT. No hay matices ni margen de negociación. El peronismo apuesta a bloquear y desgastar, convencido de que la reforma laboral es el punto donde el Gobierno puede pagar su mayor costo social.
Cada voto cuenta. Cada gobernador pesa, por eso Patricia Bullrich lucha incansablemente intentar partir el bloque peronista.
Uno de los puntos más sensibles es el capítulo de Ganancias para las sociedades de capital. La iniciativa propone reducir la alícuota del 30% al 27% para algunas empresas, y del 35% al 31,5% para otras. El argumento oficial es aliviar ¨la presión fiscal para incentivar inversión¨. El problema también será, menor recaudación en un contexto donde las provincias dependen cada vez más de recursos que no controlan. “En ese punto, la política deja de ser discurso.”
Martín Llaryora expresó claramente. Diálogo sí, retrocesos no. Ni en derechos laborales ni en cambios en Ganancias que afecten los ingresos provinciales. No es una postura ideológica, sino una posición de poder. Los gobernadores saben que hoy el Congreso es su principal herramienta de negociación frente a un Ejecutivo que concentra decisiones y no quiere consensuar, pero necesita votos ajenos para sostenerlas.
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Otro de los ejes conflictivos es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazarían las indemnizaciones tradicionales por un sistema financiado con un aporte del 3% de la masa salarial. Para el Gobierno, se trata de previsibilidad y reducción del “costo laboral”. Para sindicatos y oposición, es la licuación encubierta de un derecho histórico. El debate no es técnico. Se discute si el despido debe seguir siendo un riesgo empresarial o convertirse en un costo social compartido.
La posible derogación de diversos estatutos laborales y de normas como la Ley de Teletrabajo termina de cerrar el círculo de resistencia. Para el oficialismo, son regulaciones obsoletas. Para sus críticos, conquistas que llevaron décadas construir y pueden desarmarse en una sola votación.
Mientras tanto, el ministro Diego Santilli por el oficialismo apunta a legisladores con fuerte anclaje provincial: Carlos “Camau” Espínola, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la tucumana Beatriz Ávila. Todos responden más a sus gobernadores que a cualquier lógica nacional. Ahí se juega la negociación real: obra pública, recursos, alivio fiscal, poder.
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Bullrich confía en repetir la fractura lograda durante la votación del Presupuesto. El antecedente existe. La lealtad, se pone en duda . La reforma laboral no fracasa ni triunfa solo por los votos. Lo hace por la legitimidad que logre construir.
Como está planteado por el gobierno, el 11 de febrero no se vota únicamente una ley. Se vota el alcance real del poder, el límite del ajuste y la capacidad del Gobierno de convertir voluntad política en gobernabilidad. Argentina decidirá si ingresa en una nueva etapa de reformas estructurales o en su defecto, la política le recuerda al poder que ¨sin acuerdos, no hay revolución posible¨.
“Las reformas no fracasan por ser malas, sino porque desafían equilibrios de poder antes de construir otros nuevos; por eso, quien impulsa un cambio profundo siempre enfrenta resistencias más fuertes que sus apoyos.” Nicolás Maquiavelo , El Príncipe
cp
