Los presupuestos de defensa más elevados no bastan para asegurar a Europa

Tras años de infrainversión, Europa está empezando finalmente a aumentar el gasto en defensa. Pocos han planteado lo que está en juego de forma más contundente que el exsecretario general de la OTAN, George Robertson, quien advirtió que décadas de "complacencia corrosiva" han dejado al Reino Unido "en peligro".

Según la Agencia Europea de Defensa, el gasto de la Unión Europea en investigación y desarrollo relacionado con la defensa totalizó apenas 13.000 millones de euros (15.200 millones de dólares) en 2024 —aproximadamente el 0,07% del PIB— frente a los 149.000 millones de dólares, o cerca del 0,5% del PIB, en Estados Unidos. Cerrar esta brecha requerirá no solo más gasto público en I+D, sino un enfoque fundamentalmente diferente para la movilización de capital.

Pero el dinero no es la principal limitación. El verdadero desafío es convertir el gasto en capacidad tecnológica. La defensa moderna tiene menos que ver con el número de tropas que con el control de tecnologías avanzadas como los semiconductores, la IA, la computación cuántica y la energía limpia. La capacidad militar depende ahora de la rapidez con la que estas tecnologías puedan desarrollarse y escalarse. Los países que se muevan rápido serán más seguros y prósperos, mientras que los que se queden atrás se verán obligados a depender de proveedores externos en un momento en que la fragmentación geopolítica hace que tal dependencia sea cada vez más costosa.

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Este desafío es cada vez más urgente a medida que se intensifica la competencia por tecnologías de importancia estratégica. EE. UU. combina mercados de capitales profundos con un apoyo público a gran escala, mientras que China dirige los recursos estatales hacia un despliegue rápido. Europa, que lucha por traducir su excelencia en investigación en capacidad industrial, corre el riesgo de quedarse atrás de ambos.

El problema no es la falta de talento. Europa no carece de universidades de clase mundial ni de trabajadores altamente cualificados, pero muy pocas empresas innovadoras se convierten en compañías grandes y globalmente competitivas, y muchas son adquiridas o escalan en el extranjero.

La debilidad de Europa es financiera e institucional. Aunque el continente tiene ahorros abundantes, carece de suficiente capital que asuma riesgos. Esto ya no es solo un problema de crecimiento; es una cuestión de defensa, ya que la capacidad de escalar tecnologías emergentes determina cada vez más la capacidad militar.

Los sistemas de pensiones de Europa se encuentran entre las mayores fuentes de financiación sin explotar para escalar industrias estratégicas. Pero aunque los fondos de pensiones gestionan vastos fondos de capital a largo plazo, especialmente en los planes de aportación definida que ahora dominan el ahorro para la jubilación, asignan solo una pequeña parte a empresas innovadoras de alto crecimiento, favoreciendo activos más seguros sobre las inversiones de capital de mayor riesgo.

Los fideicomisarios y gestores de activos suelen considerar las inversiones de capital como ilíquidas, inciertas y difíciles de comparar con índices de referencia. El rendimiento se evalúa en horizontes relativamente cortos, mientras que los pasivos se extienden durante décadas. Ese desajuste crea fuertes incentivos para favorecer activos líquidos y de baja volatilidad, incluso cuando los rendimientos a largo plazo justificarían una mayor asunción de riesgos. El resultado es un sesgo estructural que dificulta que las empresas innovadoras accedan al capital que necesitan para escalar.

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Aunque los responsables políticos reconocen cada vez más este problema, las medidas existentes siguen siendo demasiado limitadas. Iniciativas como el Acelerador de Defensa y Seguridad del Reino Unido han demostrado la viabilidad de la coinversión público-privada, pero no han modificado significativamente las decisiones de asignación institucional ni han generado la confianza necesaria para una participación más amplia.

Un enfoque más eficaz trataría el gasto público como un catalizador y no simplemente como una fuente de financiación. Si los gobiernos igualaran la inversión privada en sectores estratégicos, podrían crear poderosos incentivos para desarrollar nuevas tecnologías. Los riesgos a la baja se compartirían, mientras que la selección de proyectos permanecería en manos privadas.

Tal enfoque tendría dos efectos clave. En primer lugar, reduciría el riesgo que enfrentan los inversores institucionales, facilitándoles la dirección de capital hacia activos ilíquidos e inciertos. En segundo lugar, atraería inversiones adicionales, ya que cada euro de dinero público movilizaría una cantidad equivalente de capital privado. El gasto público se vería así potenciado, no solo desplegado.

Con el tiempo, tales acuerdos podrían cambiar fundamentalmente el comportamiento institucional. A medida que los inversores ganen experiencia, desarrollen pericia y creen un historial en estas clases de activos, los riesgos percibidos disminuirían. Lo que comienza como una coinversión podría entonces evolucionar hacia un ecosistema más autosostenible, con el capital privado desempeñando un papel mayor incluso sin un apoyo público continuo.

En última instancia, la autonomía estratégica de Europa depende de si puede movilizar capital a escala y dirigirlo hacia empresas nacionales en sectores críticos. Sin esa capacidad, Europa seguirá dependiendo de proveedores extranjeros. Hoy en día, esa dependencia implica riesgos costosos, desde interrupciones en el suministro hasta una menor influencia sobre los estándares y la producción.

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Crucialmente, una mayor exposición a activos de alto crecimiento no tiene por qué entrar en conflicto con los intereses de los ahorradores. Puede mejorar la diversificación y los rendimientos a largo plazo, siempre que los riesgos se gestionen adecuadamente. El principal obstáculo no es la falta de voluntad, sino la forma en que están estructurados los incentivos institucionales y las normas de cartera.

Para lograr la escala y la previsibilidad necesarias, los mecanismos de coinversión deben ser lo suficientemente grandes como para influir en las carteras institucionales y estar integrados en compromisos públicos de I+D duraderos y plurianuales, como los implementados por Francia y Finlandia. Sin esa consistencia, es poco probable que los inversores desarrollen la pericia necesaria y comprometan capital a largo plazo.

Además, un giro hacia la coinversión no requiere necesariamente un aumento significativo del endeudamiento público. Europa ya dedica recursos sustanciales a la política de innovación, pero no de forma que movilice eficazmente la inversión privada adicional. Los incentivos fiscales como el "Patent Box" del Reino Unido, por ejemplo, suelen ser costosos, benefician desproporcionadamente a los grandes actores establecidos y con frecuencia recompensan actividades que habrían ocurrido de todos modos. Reorientar estos recursos hacia la coinversión y la financiación competitiva de I+D apoyaría a las empresas innovadoras, especialmente a las empresas emergentes en fases avanzadas, para las cuales las limitaciones de capital son más agudas.

La lección general es clara: el gasto en defensa ya no puede separarse de las políticas financieras y de innovación. Los países que alineen la inversión pública con el capital privado estarán en la mejor posición para desarrollar las tecnologías de las que dependen tanto la seguridad como la prosperidad. Los que no lo hagan descubrirán que unos presupuestos de defensa más elevados por sí solos no bastan para ofrecer prosperidad económica o seguridad nacional.

(*) Paolo Surico es profesor de Economía en la London Business School.