Debate por las amenazas escolares: ¿sirven las multas millonarias para frenar las intimidaciones?

La notificación a un padre del pago de casi seis millones de pesos por los gastos que ocasionó la amenaza escolar que generó su hijo en una escuela pública de Santa Fe, puso sobre la mesa de debate si este tipo de “penalidad” sirve o no para frenar la inusitada ola de intimidaciones en establecimientos educativos, ya sean públicos o privados. 

Como se recordará, el pasado 28 de abril, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe entregó la primera multa oficial para recuperar los costos de un operativo por intimidación pública. La notificación fue recibida por los padres de un menor identificado como autor de una de las recientes amenazas a escuelas.  El monto total que la familia deberá abonar asciende a $ 6.024.944 en calidad de responsables solidarios por los actos del estudiante. Según relataron las autoridades, al recibir la notificación, el padre del joven reaccionó con una frase contundente: “Cara la jodita” (ver recuadro).

La iniciativa de que los progenitores de los alumnos que realizan una amenaza de tiroteo paguen por los costos que generan los procedimientos de seguridad, está respaldada por una resolución provincial que fija “el recupero de los costos de los operativos a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”. En este sentido, se sabe que los padres y tutores legales son, ante la ley, los responsables civiles directos por los daños ocasionados por los menores.

Se espera que este primer caso sirva como antecedente para el resto de los expedientes que aún están en proceso de investigación. De todas maneras, la justicia santafesina advirtió que continuará con las notificaciones a medida que se logre identificar a los autores.

Atentos a esta problemática social, y su potencial solución, PERFIL conversó con diferentes especialistas en el tema de violencia escolar o de salud mental en jóvenes y adolescentes, sobre si realmente este tipo de sanciones punitivas sirven para frenar las amenazas escolares, que se repitieron una tras otra durante el mes pasado. Para tomar dimensión de los hechos, solo en la provincia de Santa Fe, y luego que se produjera el tiroteo en la localidad de San Cristóbal –que cumplió un mes el 30 de abril pasado–,  se produjeron unas 400 intimidaciones sobre posibles tiroteos en las escuelas. 

“No sé si esa iniciativa –pagar los costos de los operativos– funciona realmente. Habría que ver cómo resultó la experiencia en otras partes del mundo. Creo que hay que impulsar a los padres que hablen con los chicos, que hay cosas que éticamente no se deben hacer, que todo tiene un límite. Explicar bien que una cosa es hacer una travesura, una rebeldía, y otra cosa es afectar a toda una población, asustar a la propia gente con la que uno convive”, aseguró Alejandra Doretti, Psicóloga y Psiquiatra, especializada en Adolescentes. “Vemos a los patrulleros en los colegios, que se realizan cacheos de armas, y que no se pueden llevar mochilas, son situaciones que generan un clima horrible para un lugar en el que los adolescentes van a aprender. Entiendo que el rastreo cibernético, que detecta ciertos perfiles que pueden derivar en estas situaciones, es menos agresivo”. 

Para Santiago Resett, psicólogo, investigador independiente del Conicet, y de la Universidad Austral, analizó la medida de multar a padres en Santa Fe y si bien reconoce la necesidad de consecuencias, afirma que “sin educación preventiva la sanción es insuficiente”.  Y cuestiona la eficacia real de las multas millonarias a padres por las amenazas de sus hijos.

En este sentido, Resett dijo que “este tipo de medidas punitivas actúan cuando el conflicto ya está instalado y no abordan el origen. El despliegue policial y las sanciones económicas llegan tarde si no existe un trabajo previo de concientización”, agregó.

Durante su charla con este diario, el psicólogo comparó la situación con los protocolos de seguridad utilizados en Estados Unidos como, por ejemplo, los detectores de metales en las escuelas. “Si bien estas herramientas existen, diversos estudios demuestran que no logran prevenir las conductas violentas o las intimidaciones. El enfoque debería centrarse en una sólida educación sobre el uso seguro de las redes sociales”.

Respecto a la multa de seis millones de pesos impuesta en Santa Fe, Resett consideró que la cifra es una “locura” que no garantiza una solución definitiva. En este sentido, el especialista sostiene que “si no hay una capacitación conjunta entre padres, docentes y alumnos, la sanción es solo un paliativo. La prevención real requiere protocolos educativos antes de que el problema escale a una instancia policial”.

“La medida punitiva no debe ser la única herramienta del Estado para gestionar estos conflictos”. Para el experto, la clave reside en la formación ciudadana y el diálogo constante dentro de las instituciones.

Finalmente, el especialista comparó la situación con las normas de tránsito. “La multa es necesaria para evitar el caos, pero no sustituye a la educación vial. Sin un trabajo profundo sobre el bullying y la salud mental, las amenazas escolares seguirán ocurriendo pese a las multas”. Atento a este punto, Resett enfatizó la urgencia de establecer protocolos preventivos que involucren a toda la comunidad educativa.

“Ah, cara la jodita del nene” 

C.C.

Tal como estaba previsto, el Gobierno de Santa Fe comenzó a intimar a padres de alumnos responsables de amenazas en escuelas de la provincia. La decisión surge tras una preocupante ola de intimidaciones que sumó 58 casos desde un trágico episodio en San Cristóbal. Las autoridades buscan que los tutores asuman los costos operativos generados por los falsos avisos de bomba y ataques.

El pasado 28 de abril se realizó la primera notificación oficial a los padres de un menor identificado como autor de una amenaza. La suma exigida por el Estado asciende a los $6.024.944, correspondientes al despliegue policial y de emergencias en el lugar. Durante el operativo de notificación, el padre del joven reaccionó con asombro ante la cifra millonaria a pagar.

“Ah, cara la jodita”, expresó el hombre al conocer el monto total que deberá abonar en un plazo de cinco días hábiles. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la medida busca desalentar estas conductas que afectan la paz social. Si el pago no se realiza de forma voluntaria, el expediente será girado a la Fiscalía de Estado provincial.

El endurecimiento de las penas administrativas responde a la necesidad de proteger el normal funcionamiento de las instituciones educativas. El dinero recaudado pretende resarcir al erario público por los recursos movilizados innecesariamente en cada uno de estos operativos. La provincia mantiene un estricto monitoreo sobre las redes sociales y llamadas para detectar a los responsables.