Organizaciones sanitarias alertan por la flexibilización del vapeo
ONG e instituciones sanitarias advierten que la flexibilización regulatoria habilitó la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina sin controles ni fiscalización oficial plena. Alertan sobre la exposición de jóvenes al consumo y cuestionan potenciales conflictos de interés en el debate. Reclaman transparencia del financiamientio.
El debate sobre los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de tabaco calentado y las cada vez más visibles bolsas de nicotina sumó un nuevo capítulo.
Cinco organizaciones sanitarias y de la sociedad civil salieron a cuestionar el escenario abierto por los recientes cambios regulatorios y alertaron sobre la circulación de discursos que presentan estos productos como una innovación favorable para la salud pública y como instrumentos de “reducción de daño” frente al cigarrillo convencional”
La controversia comenzó a tomar forma a partir de la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud, publicada en mayo. Esta norma derogó una resolución anterior, estableció requisitos para el registro, comercialización y fiscalización de los productos de tabaco y nicotina y creó el Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN). Allí quedaron comprendidos cigarrillos electrónicos y sus líquidos, dispositivos y sticks de tabaco calentado y bolsas de nicotina.
El punto que cuestionan las organizaciones es el desfasaje entre apertura y control. Según advierten, las prohibiciones fueron derogadas antes de que estuvieran plenamente operativos los mecanismos destinados a registrar, controlar y garantizar la trazabilidad de los productos. Y la documentación indica que la implementación del registro fue posteriormente prorrogada por hasta 180 días mediante la Resolución 796/2026.
“El objetivo comercial ya se está cumpliendo; el objetivo sanitario todavía no se ve”, resume el comunicado. Las entidades aseguran que en relevamientos realizados en puntos de venta porteños encontraron cigarrillos electrónicos exhibidos sin número de registro visible y bolsas de nicotina comercializadas con las presentaciones y mensajes con los que comenzaron a circular en el mercado.
También advierten que su exhibición junto con golosinas, bebidas y otros productos de consumo masivo puede contribuir a normalizar el consumo de nicotina entre chicos y adolescentes.
La preocupación no es exclusivamente local. La Organización Mundial de la Salud (OMS) viene advirtiendo sobre el rápido crecimiento de los nuevos productos de nicotina. En mayo señaló especialmente a las bolsas de nicotina y alertó que su comercialización se dirige agresivamente hacia adolescentes y jóvenes. Según el organismo, las ventas mundiales superaron los 23.000 millones de unidades en 2024, más de 50% por encima del año anterior.
Tampoco se consideran inocuos a los vapeadores. La OMS sostiene que los cigarrillos electrónicos generan aerosoles que pueden contener nicotina y otras sustancias tóxicas y que existe creciente evidencia sobre su consumo entre niños y adolescentes. En cuanto al tabaco calentado, señala que sus emisiones contienen nicotina y sustancias tóxicas, algunas similares a las presentes en el humo del cigarrillo. Por eso, el organismo insiste en que estos productos deben estar sujetos a regulaciones destinadas a proteger la salud pública.
Pero el comunicado de las entidades suma otro ingrediente: los potenciales conflictos de interés. Las entidades cuestionan la participación de un alto funcionario sanitario en un encuentro dedicado a defender la nueva apertura regulatoria y promover la reducción de daño, y reclaman transparencia respecto del financiamiento y los vínculos institucionales de organizaciones que intervienen públicamente en el debate.
El planteo coincide con una advertencia internacional más amplia. La OMS sostiene que empresas de tabaco y nicotina y grupos asociados utilizan el concepto sanitario de “reducción de daño” para promocionar cigarrillos electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina como productos de menor riesgo. Para el organismo, una verdadera política de reducción de daños debe estar basada en evidencia, conducida con objetivos sanitarios y sometida a controles estrictos.
Por eso, el reclamo de las organizaciones argentinas apunta ahora a que la discusión no quede reducida a la falsa alternativa entre “prohibir” o “liberar”. Piden que cualquier política sobre estos nuevos dispositivos se apoye en evidencia científica independiente, controles efectivos y transparencia sobre los intereses que participan del debate. Mientras se discute cuál será el lugar de vapeadores y nuevos productos el dato cierto es que estos ya están al alcance de cualquier consumidor.
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