Pinamar bajo la lupa: exigen prohibir cuatriciclos ante el fracaso de las multas millonarias

La "diversión" en los médanos de Pinamar chocó de frente con la Justicia. Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, presentó un amparo ante los tribunales de Dolores con un objetivo drástico: prohibir de inmediato la circulación de cuatriciclos, UTV y camionetas 4x4 en la zona de La Frontera. Para el especialista, no hay cartel ni multa que alcance cuando el riesgo es la muerte, y la convivencia de familias con vehículos que se mueven a toda velocidad se volvió un problema que el Estado ya no puede ignorar.

El recurso judicial apuntó directamente al corazón de la excusa municipal: la supuesta "propiedad privada". Carignano sostuvo que si el acceso es público y el peligro es colectivo, el derecho a la vida debe estar por encima de dichos límites. La estrategia buscó que Pinamar deje de ser un espectador que solo aparece para cobrar multas o levantar heridos, y pase a ser un “garante de la seguridad”, impidiendo físicamente que estas conductas peligrosas se lleven a cabo en espacios compartidos con peatones.

El amparo se apoyó en lo que ya funciona en otras zonas de la costa argentina. Localidades como Tres Arroyos, Villa Gesell y Miramar ya desterraron los motores de sus playas para proteger a las personas y al ecosistema. El argumento fue contundente: la libertad de manejar a fondo termina donde empieza el riesgo de matar a un tercero. Para los abogados, la presencia de vehículos de gran porte entre niños y familias no es una tradición veraniega, sino una imprudencia que el Estado naturalizó por demasiado tiempo.

Mientras la Justicia delibera, la Municipalidad de Pinamar intentó una respuesta económica con el Decreto 0104/2026. Se trató de un ajuste de cuentas al bolsillo de los infractores: multas que pueden llegar a los 15 millones de pesos, secuestro de unidades y la inhabilitación de licencias. Sin embargo, para los impulsores del amparo, esto siguió siendo una medida de último momento. El problema no es cuánto cuesta la multa, sino que el accidente sigue ocurriendo, como pasó con el pequeño Bastián Jerez, demostrando que el miedo al gasto no frena la irresponsabilidad.

La movida judicial en Pinamar generó un efecto dominó en la región. En Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera ya anunció que enviará un proyecto de ley para modificar la Ley de Tránsito nacional, buscando blindar legalmente las playas y médanos como espacios seguros. La discusión dejó de ser meramente turística para transformarse en una batalla por la seguridad pública, donde la única decisión razonable parece ser, finalmente, clausurar la "locura" de los motores sobre la arena y devolverle la tranquilidad a los que descansan en la zona..

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El "castigo" de los 15 millones de pesos

La nueva normativa de Pinamar elevó las penalidades a niveles históricos para intentar disuadir a los conductores mediante el bolsillo. El Decreto 0104/2026 estableció sanciones que oscilan entre los 8.500 y 25.000 módulos municipales, lo que en la práctica se traduce en multas de hasta 15 millones de pesos según la gravedad y la reincidencia. Además del golpe económico, la norma habilitó el secuestro inmediato de cualquier vehículo que represente un riesgo para la integridad física de terceros en zonas no habilitadas.

Uno de los puntos más novedosos de la regulación es el traslado de los costos operativos y sanitarios directamente al responsable del incidente. El decreto dispuso que el infractor sea responsable de todos los gastos derivados de accidentes, lo que incluye desde los operativos de emergencia y traslados sanitarios hasta las internaciones, medicamentos y tratamientos de alta complejidad de las víctimas. También se contempló el cobro por los daños ambientales ocasionados  y los bienes públicos de la zona costera.

La Justicia y el municipio pusieron el foco en la responsabilidad de los adultos que permiten el uso de vehículos potentes a menores de edad. Las nuevas sanciones incluyeron castigos severos para los padres o tutores que entreguen cuatriciclos o UTV a nenes sin supervisión ni cumplimiento de las normas de seguridad. Esta medida buscó cortar de raíz una de las prácticas más comunes en la zona, donde es habitual ver a menores de 10 años al mando de máquinas pesadas sin ningún tipo de protección.

TC/DCQ