En un vuelo a Brasilia el año pasado, la maleta de mano de Jair Bolsonaro contenía poco más que dos trozos pequeños de metal extraído en Brasil: uno era grafeno, utilizado en celdas solares, y el otro era niobio, que da más resistencia al acero.
En ese momento, dijo que su objetivo era mostrarlos en una entrevista en televisión como evidencia de la promesa que significa la minería para la debilitada economía de Brasil. Aunque algunas de las ideas del ex capitán de ejército han cambiado con el tiempo, el deseo de Bolsonaro de desplegar el potencial minero de la Amazonía, la selva tropical de 1.700 millones de acres (unos 6,8 millones de kilómetros cuadrados) en el corazón de Sudamérica, ha mantenido su fuerza.
Ahora está a punto de ganar la presidencia de Brasil, liderando las últimas encuestas por dos dígitos, y la comunidad minera se está frotando las manos.
"Mire, hemos estado esperando 30 años", dijo Elton Rohnelt, quien fundó algunas compañías mineras durante la dictadura militar de Brasil de 1964 a 1985, y se desempeñó con Bolsonaro como legislador de la cámara baja en la década de 1990.
Las organizaciones no gubernamentales "que no quieren la minería" han obstaculizado el desarrollo, dijo Rohnelt en una entrevista telefónica. Todo el sector minero está esperando que el gobierno de Brasil con Bolsonaro regule la situación", señaló. "Que nos diga qué camino hay que seguir".
Bolsonaro aún no ha establecido directrices para el sector minero, y un vocero no devolvió las solicitudes de comentarios por teléfono y correo electrónico. No obstante, sus declaraciones anteriores han hecho que los activistas den la voz de alarma.
Por ejemplo, el candidato ha dicho que podría retirarse del Acuerdo de París si eso significa sacrificar la soberanía sobre la Amazonía, donde muchos consideran que el ecosistema de la selva tropical tiene una importancia ecológica mundial. Además ha criticado a las agencias ambientales del país por bloquear proyectos prometedores.
El plan del gobierno de Bolsonaro promete reducir el tiempo de espera para autorizar pequeñas centrales hidroeléctricas a un máximo de tres meses, en lugar de la década que a veces puede tardar. También ha dicho que no dará ni un centímetro a las reservas indígenas, y que quiere que las poblaciones nativas se integren en la sociedad brasileña moderna.
Alrededor de 30 por ciento del territorio brasileño está protegido para la conservación o para grupos indígenas, sobre todo en la Amazonía, según Embrapa, una organización gubernamental de investigación agrícola.
Los puntos de vista de Bolsonaro siguen la misma línea de nacionalismo que lo ha llevado a la cabeza de las encuestas. Pero también conllevan complicaciones subyacentes tanto para Bolsonaro como para Brasil, lo que podría molestar a los grupos indígenas, derribar más de una década de políticas ambientales y abrir el camino para una costosa avalancha de construcción en una selva tropical poco receptiva.
Sin embargo, según Rohnelt, el desarrollo de la Amazonía nunca ha sido una tarea fácil. Cuando comenzó a prospectar la región para la extracción de oro, la falta de caminos lo obligó a explorar en helicóptero con sus compañeros paracaidistas, afirmó. Los guerrilleros colombianos deambulaban por el bosque, lo que los obligaba a veces a estar armados.
En la década de 1990, Rohnelt sirvió como legislador con Bolsonaro en la cámara baja, y eran amigos, señaló, pero no pudieron aprobar una regulación que la Constitución exige para explotar los territorios indígenas. Rohnelt dijo que apoyó un proyecto de ley al respecto en 1996, pero que aún está a la espera de una votación. También están pendientes otros veinte proyectos de ley para el sector.
Si Bolsonaro gana la presidencia, conseguir que los legisladores aprueben la minería en la Amazonía puede ser menos difícil. El partido del candidato presidencial favorito obtuvo más de 50 escaños en la cámara baja durante la primera vuelta de las elecciones, frente a los ocho que tiene actualmente, lo que lo convierte en el segundo partido más grande de la cámara.
Si bien los obstáculos legislativos frenan algunas inversiones, la jungla de burocracia también es un fuerte desincentivo.
La canadiense Belo Sun Mining Corp. planeaba construir la mina de oro más grande de Brasil en la Amazonía, pero el año pasado se suspendió su licencia cuando la Fundación Nacional del Indígena indicó que la compañía no había completado los estudios necesarios. Un proyecto de US$2.000 millones de potasa, Potassio do Brasil, tiene casi una década y ha enfrentado repetidos retrasos, según el presidente de la compañía, Helio Diniz.
Diniz dice que no tiene un candidato preferido, pero reconoció que el conocimiento militar podría ser útil para impulsar el desarrollo en la Amazonía, y Bolsonaro ha prometido nominar generales para algunos puestos en el gabinete. "Hemos recibido mucho apoyo de ellos", dijo Diniz por teléfono.
