Atvos SA, la unidad de etanol del atribulado conglomerado Odebrecht SA, se está preparando para solicitar protección contra bancarrota el miércoles, dijeron tres personas con conocimiento del asunto.
Atvos administra el campo de caña de azúcar más grande de Brasil y tiene una deuda cercana a 10.000 millones de reales (US$2.500 millones). Entre sus diversas unidades, Odebrecht mantiene una deuda total de 76.000 millones de reales, según datos recopilados por Bloomberg.
Atvos declinó hacer comentarios. Odebrecht dijo que está comprometido a estabilizar la situación financiera del grupo, al preparar las condiciones para que sus negocios reanuden el crecimiento. La firma dijo que está trabajando para que su carga de endeudamiento sea compatible con su generación de flujo de efectivo y que está en conversaciones con los bancos y el mercado para encontrar una solución.
Cómo funcionaba el circuito de coimas de Odebrecht
Lone Star Funds y Castlelake LP, los acreedores que buscan recuperar unos US$300 millones de Atvos, habían aumentado la presión sobre la compañía, dijeron a principios de esta semana personas con conocimiento de la estrategia legal de las empresas de inversión.
La multinacional Odebrecht pasa por un momento de incertidumbre por las consecuencias de la causa del Lava Jato, en la que varios de sus directivos admitieron pagar coimas en muchas países de América Latina para quedarse con obras públicas.
En Argentina, los supuestos sobornos pagados por las empresas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa a ex funcionarios kirchneristas para obtener y mantener la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento se habrían pagado en dos etapas distintas, entre 2005 y 2014. Así lo sostuvo el fiscal Franco Picardi en un dictamen en el que solicitó que se procese a los empresarios y ex funcionarios involucrados por supuesto cohecho, incluyendo a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
El único arrepentido del caso Odebrecht se desdijo ante la Justicia
La primera etapa en el esquema de las coimas fue previa a la adjudicación del contrato y los pagos ilegales se habrían consumado a través de Iecsa y la española Comsa. Ambas empresas realizaron “pagos indebidos” por una consultoría “inexistente” con la empresa “fantasma” Caesa SA, de Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime. En esa oportunidad, los pagos ascendieron a casi un millón de pesos. Vázquez es el único arrepentido local de este caso. Aceptó ante el fiscal haber sido intermediario de los sobornos pero su declaración aún no fue homologada por el juez.
ED
