El programa de autopistas de US$15.000 millones de Colombia volvió a cobrar vida, a medida que las leyes para proteger a los inversionistas ayudan a recuperar la confianza tras un escándalo de sobornos masivos que paralizó el sector.
Las obras públicas se expandieron 8,5% en el primer trimestre con respecto al año anterior, un aspecto positivo raro en una economía que ha tenido dificultades para crecer desde que se desplomaron los precios del petróleo hace casi cinco años.
Colombia ocupa el lugar 102 en calidad de la infraestructura vial entre 140 países, por detrás de Bolivia y Sierra Leona, de acuerdo con el informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. El gobierno cree que solucionar ese problema, que ha afectado a la industria y la agricultura colombianas durante siglos, puede impulsar el crecimiento durante una generación.
"Las obras civiles son lo que nos va a salvar este año", asegura Sergio Olarte, analista jefe de Scotiabank Colpatria. "Parece que la financiación de los proyectos se ha vuelto más estable".
Gestores de fondos extranjeros como Blackrock y Ashmore están financiando algunos de los últimos proyectos. El banco de desarrollo FDN proyecta 28 billones de pesos (US$8.400 millones) en fondos para un total de 20 proyectos antes del final de 2019.
Después de que el auge petrolero de Colombia terminara tras el desplome de los precios del crudo en 2014-2015, la construcción de carreteras se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento de la economía. Pero en 2016, la gigante de la construcción brasileña Odebrecht SA admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos en toda la región, incluido Colombia, para obtener contratos.
Un proyecto para construir una sección de una carretera de 1.000 kilómetros, que conectaba el centro de Colombia con la costa Caribe, fue desechado después de que Odebrecht admitiera haber pagado un soborno para ganar el contrato. Los inversionistas huyeron preocupados por el riesgo reputacional y las posibles responsabilidades.
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En un esfuerzo por cambiar la opinión, el Congreso colombiano promulgó en 2017 una legislación destinada a proteger la llamada inversión de buena fe en proyectos viales en todo el país. Desde entonces, los bancos están asumiendo nuevamente un rol más activo en la financiación de los proyectos, dijo Louis Kleyn, jefe de la Agencia Nacional de Infraestructura del país, a principios de este año.
Las primeras señales de un repunte en la confianza se pudieron ver en octubre pasado: Bancolombia, la unidad de BBVA en Colombia y un fondo de deuda BlackRock, entre otros, proporcionaron 1,7 billones de pesos en financiamiento para un proyecto de 193 kilómetros.
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En marzo, un grupo que incluía a BlackRock, el prestamista alemán de desarrollo KfW, Sumitomo Mitsui Banking Corp y Société Générale SA llegó a un acuerdo para financiar un proyecto de 2,23 billones de pesos que conecta el noroeste de Colombia con la costa Pacífico.
