Durante un año, el gobierno de Néstor Kirchner y Odebrecht pactaron las condiciones para que la constructora brasileña se quedara con el contrato de los gasoductos de 2006-2008 por al menos US$ 2.300 millones. Las autoridades armaron luego una licitación exprés que sólo Odebrecht podía cumplir. Así lo demuestran los documentos internos de la Secretaría de Energía de la Nación a los que accedió PERFIL y los testimonios de protagonistas directos de las negociaciones que hablaron con este medio. Además, las autoridades desactivaron un alerta de una junta fiscalizadora que pidió frenar el contrato por sospecha de sobreprecios en la obra.
La maniobra comenzó cuando se modificaron las normas para que una empresa mixta, Cammesa, integrada por el Estado y por empresas privadas del sector energético, asumiera la responsabilidad legal de realizar los gasoductos y contratar a Odebrecht. Pero las decisiones nunca se dejaron de digitar desde la Secretaría de Energía de la Nación. “Cammesa fue el instrumento utilizado por el Gobierno para no poner el gancho en lo que armaron”, confió uno de los protagonistas.
Daniel Cameron era entonces el secretario de Energía. Actuaba bajo el paraguas del ministro de Planificación, Julio De Vido, pero también tenía relación directa con Néstor Kirchner.
Dos notas de la Secretaría de Energía y un memorándum de entendimiento demuestran que desde el 16 de diciembre de 2005, un año antes de la firma del contrato para la construcción de los gasoductos, la Secretaría de Energía y Odebrecht ya estaban negociando las condiciones de la obra. El 8 de febrero de 2006, Cameron envió a Cammesa una nota en la que admitió que Odebrecht “manifestó su disposición” para realizar la obra y que “los profesionales de la Secretaría de Energía y los de la empresa Odebrecht mantuvieron reuniones de trabajo tendientes a avanzar en la estructuración financiera y técnica” de los gasoductos. “Como resultado de dichas reuniones (entre Odebrecht y la Secretaría de Energía) se elaboró un proyecto de Memorándum de Entendimiento conteniendo como partes a Cammesa y Odebrecht”, una especie de pre-contrato de obra. Cameron también sostuvo que la obra sería financiada con un crédito del Banco Nacional de Desenvolvimiento Economíco y Social de Brasil (Bndes).
El borrador del contrato está firmado por Flavio Faria, ejecutivo de Odebrecht en la Argentina, el mismo que figura en las planillas de sobornos de la constructora como referente de las coimas en el país, como reveló este medio junto al colectivo periodístico Investiga Lava Jato.
Pero las autoridades de Cammesa se negaron a contratar de forma directa a Odebrecht. No querían ser los responsables legales de una negociación que les era ajena. Entonces, el 6 de marzo de 2006, Cameron volvió a comunicarse con Cammesa para habilitarlos a “considerar y evaluar” otras ofertas.
Cammesa y el Gobierno llamaron a una licitación por sólo 30 días para una megaobra: la colocación de loops o cañerías a lo largo de más de 1.960 kilómetros que atravesaban 15 provincias y más de 20 plantas compresoras.
Odebrecht ganó la licitación exprés. No fue difícil. Fue quien diseñó la obra. Las otras dos constructoras que se presentaron, Roggio y Camargo Correa quedaron descalificadas porque no llegaron a cumplir con las condiciones. Ambas están en la mira judicial por la supuesta cartelización de la obra pública junto a Odebrecht.
Odebrecht se quedó con el contrato de los gasoductos el 30 de noviembre de 2006 y luego subcontrató a otras cuatro constructoras para que realizaran las obras: Techint, Contreras Hermanos -ambas miembros del cartel del Lava Jato-, BTU y Esuco.
En marzo de 2007, una junta fiscalizadora de Cammesa reaccionó cuando vio que los precios asignados por el Ejecutivo a un nuevo gasoducto (el GNEA) tenía valores mucho más bajos que los que el gobierno había diseñado para Odebrecht. En mayo de 2007, la junta pidió “suspender toda diligencia, gestión o decisiones tendientes a avanzar en la puesta en vigencia del contrato celebrado con Odebrecht, que aún no entró en vigencia, hasta tanto quede debidamente aclarada la situación del contrato”. “Pedimos recusar los precios del contrato”, explicaron integrantes de la junta.
En septiembre de 2007, una asamblea de accionistas finalmente convalidó el contrato original con Odebrecht, desactivaron las alertas de los síndicos sobre posibles sobreprecios. Las versiones de los protagonistas directos de esas reuniones coincididieron en que los accionistas cedieron ante las presiones del gobierno, que amenazó con rescindir contratos de las empresas de energía y amenazas de intervención de Cammesa.
