El mayor caso de sobornos en América Latina atraviesa días clave en la Argentina y la información comienza a ampliar el cerco sobre algunas de las principales constructoras del país que operaron como socias locales de Odebrecht. La compañía brasileña viene sosteniendo que las coimas millonarias que pagó a funcionarios argentinos entre 2008 y 2014 para ganar los contratos de al menos tres grandes obras habrían tenido la complicidad de empresas argentinas. Mientras se demora la llegada de los testimonios y documentos que la Justicia de Brasil tiene en su poder para probar los dichos de Odebrecht, distintas investigaciones periodísticas comienzan a filtrar parte de esas pruebas de sobornos.
El domingo, Folha de San Pablo junto al sitio Convoca, de Perú, y PERFIL publicaron nuevas revelaciones en el marco de “Investiga Lava Jato”, un colectivo periodístico dedicado a investigar el pago de coimas en América Latina y África. Por primera vez, salieron a la luz planillas en las que la constructora brasileña dejó asentado pagos indebidos por la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, una obra de la empresa estatal Aysa adjudicada a Odebrecht, Roggio, Cartellone y Supercemento.
El juez Sebastián Casanello dictó los primeros procesamientos en el caso. Un hecho inédito: determinó que los dos de los empresarios más importantes de la obra pública, Aldo Roggio y Carlos Wagner, son penalmente responsables por las irregularidades en los contratos. Su hipótesis es la cartelización.
Los datos sobre las coimas en la obra de Aysa surgieron de un trabajo realizado por Folha que implicó el análisis de 2.300 planillas de sobornos que la empresa entregó en su delación premiada ante la Justicia de Brasil, y es parte de un trabajo de investigación que se viene desarrollando desde hace más de un año.
Los datos sobre Argentina están bajo secreto en Brasil a la espera de dicho acuerdo con la Justicia argentina. En las últimas semanas, el juez Marcelo Martínez de Giorgi envió al ministro de Justicia, Germán Garavano, un escrito solicitando que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y proponga un cambio en la legislación argentina que permita acordar con Brasil la entrega de la información. El juez debe indagar este año a funcionarios y empresarios por otra de las obras investigadas, el soterramiento del Sarmiento. La lista de indagados incluye al primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, ex socio local de la brasileña.
El pedido del magistrado está siendo analizado por el ministerio, confirmaron sin más detalles fuentes oficiales. El acuerdo exige que los jueces argentinos garanticen la inmunidad penal, civil y administrativa de Odebrecht y sus ejecutivos involucrados de manera local a cambio de recibir las pruebas aportadas en Brasil sobre Argentina.
Del análisis de las planillas, entre miles y miles de pagos, surgieron cuatro registros sobre la obra de Aysa, que está siendo investigada en la Argentina. Los pagos por Paraná de las Palmas son todavía incompletos. Suman apenas unos US$ 122 mil. Lo mismo sucede con otras obras, como gasoductos y la refinería de YPF en La Plata. Pero estos documentos arrojan pistas de los destinatarios de las coimas, de quienes les pagaban y que por las obras en Argentina también hubo destinatarios de coimas en Brasil. El cuadro completo llegará, si hay un acuerdo.
Efectos colaterales. Odebrecht había montado un departamento interno dedicado a pagar las coimas en Brasil y otros once países: el Sector de Operaciones Estructuradas. Su función era organizar las transferencias de valores ilícitos en planillas con programaciones semanales. Algunos pagos se realizaban en efectivo y otros a través de transferencias entre cuentas bancarias de sociedades offshore. Estas planillas fueron entregadas por delatores de Odebrecht y homologadas como prueba por el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, en el marco de la Operación Lava Jato.
A través de estas planillas, la constructora registraba los pagos de sobornos de manera sistemática: identificaba a los destinatarios o intermediarios de las coimas con alias o sobrenombres; dejaba asentado el monto y fecha en que debía ejecutarse la transferencia o pago en efectivo; registraba la contraseña asignada para recibir el dinero y al prestamista u operador financiero que se encargaría de hacer llegar el soborno (el cuevero o doleiro también recibía un alias). Identificaba, además, quien era el ejecutivo de Odebrecht que pedía los pagos para cada uno de los destinatarios.
El ex CEO de Odebrecht en Argentina, Flavio Bento de Faria, figura como referente del pago de coimas para al menos cinco funcionarios o intermediarios argentinos identificados con los alias “Duvidoso”, “Festança”, “Síndico”, “Bonito” y “Pato”, como reveló Investiga Lava Jato en junio último. Las obras por las que Odebrecht pagó sobornos son, al menos, los gasoductos, como el Libertador General San Martín, y la refinería de YPF en La Plata. Este domingo, se sumó a la lista la planta potabilizadora de Aysa Paraná de las Palmas, en Tigre, una de las obras investigadas en la Justicia. En este caso, el ejecutivo que autorizaba o solicitaba los pagos era otro ex CEO de la compañía: Mauricio Couri Ribeiro. Los destinatarios están identificados como “Caballo”, “Raúl Seixas” -en referencia al padre del rock brasileño muerto en 1989- y “Río Grande”.
Cuando los pagos se realizaban en Buenos Aires, el "prestador" o cuevero era Tuta. Cuando los pagos se hacían en Brasil intervenía otro prestador: "Paulistinha".
La identidad de los receptores sigue siendo un misterio. Puede tratarse de funcionarios argentinos, sindicalistas o facilitadores e intermediarios con los funcionarios. Hay pagos referidos a obras de Argentina y otros referidos a personas que cobraban dinero en el país de manera sistemática y a lo largo de los años, como si se tratara de un sobresueldo en dólares.
El propio Marcelo Odebrecht dijo durante su declaración en Perú: "En la mayoría de los casos, quienes hacían los pagos eran los socios locales, y nosotros luego los reembolsábamos". Sus dichos comprometen aún más a sus socias y subcontratistas en la Argentina en al menos tres de las obras centrales de la constructora en el país: la ampliación de los gasoductos de 2006-2008; la planta potabilizadora de Aysa en el Tigre (Paraná de las Palmas); y el soterramiento del Sarmiento. Desde Esuco, Techint, BTU hasta Iecsa y Roggio están en la mira.
Por el caso Aysa, el juez Sebastián Casanello procesó a varios de los ejecutivos y empresarios involucrados en el caso por supuestas irregularidades en las licitaciones y contratos que en la investigación están íntimamente conectadas con el posible pago de sobornos. Los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez ahondaron en la pista de las coimas y por entrevistar a un colaborador brasileño terminaron con una denuncia penal y administrativa.
La Nación sumó nueva información al caso esta semana. Puso el foco en el testimonio de uno de los máximos ejecutivos de Odebrecht para América Latina, Marcio Faria, quien fuera el superior de Flavio Faria y Mauricio Couri Ribeiro, los ex CEOs de la compañía en Argentina que figuran en las planillas solicitando los pagos indebidos en el país.
En los videos de sus declaraciones ante la Justicia de Brasil, Marcio Faria aportó detalles de los pagos en las obras de los gasoductos. Dijo que Esuco, una de las empresas argentinas que subcontrató para la obra, era parte de la ruta de los pagos. Dijo, además, que el sistema de coimas fluía hasta la muerte de Néstor Kirchner, que luego el sistema mutó por decisión de los argentinos y apuntó al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como supuesto “facilitador” de los pagos destinados a funcionarios. Mencionó al ex ministro Julio De Vido y a su ex mano derecha Roberto Baratta.
Las pautas del negocio no eran exclusividades de Odebrecht. Otro testimonio que reveló hoy es el del ejecutivo Luiz Mameri, y también viene a confirmar que el número dos de Iecsa en la gestión Calcaterra le trasmitía a Odebrecht qué sobornos pagar a los funcionarios. Se trata de Javier Sánchez Caballero, como informó PERFIL en 2017, en base a documentos a los que accedió el medio Estadao do Sao Paulo. Ahora, se sabe que Mameri admitió coimas de US$ 2,9 millones por el soterramiento.
Estos avances dejan en evidencia los intereses ahora contrapuestos entre Odebrecht y las constructoras argentinas con las que operó en el país. La brasileña necesita llegar a un acuerdo con la Justicia para poder cerrar el capítulo en su país y seguir operando en la Argentina. Pero la llegada de esa información complicaría a parte del empresariado local y hasta a un primo del Presidente. Los jueces argentinos saben que, por ahora, las pruebas de los sobornos en sus expedientes son parciales y que deberán buscar la forma de acordar con Brasil.
