El fiscal federal Franco Picardi apeló la falta de mérito dictada a los empresarios involucrados en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y solicitó a la Cámara Federal porteña que procese al primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de Iecsa, Angelo Calcaterra, y al resto de los ejecutivos y privados indagados por supuestos sobornos a ex funcionarios kirchneristas.
Picardi pidió que 15 integrantes de las firmas Iecsa, Ghella y Comsa sean procesados por el supuesto delito de cohecho activo luego de que el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi, dictara faltas de mérito para los privados involucrados en el caso.
El empresario Marcelo Odebrecht, socio central en la obra, y los ejecutivos de su empresa no fueron indagados debido a que las autoridades aún no concretaron un acuerdo de colaboración con Brasil para destrabar los impedimentos legales y poder tomar testimonio de los arrepentidos del caso Lava Jato, en Curitiba.
Archivo | Soterramiento: complican a las socias locales de Odebrecht y a una empresa uruguaya
El fiscal también apeló los procesamientos de Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y Héctor Ramón Castro, de la empresa española Comsa. Ambos habían sido los únicos privados procesados por el juez, quien los encontró responsables del delito de ofrecer dádivas a un funcionario público, pero Picardi solicitó que también sean procesados por cohecho activo, es decir, por sobornos, un delito más grave.
De acuerdo al fiscal, las coimas están probados en el expediente. Sin embargo, el juez había establecido que las pruebas no eran suficientes para procesar a los involucrados por cohecho.
Sobre el ex ministro Julio de Vido, el fiscal solicitó profundizar la investigación para poder determinar si recibió sobornos.
Picardi estableció que en la causa se tuvo por probado que los integrantes de las empresas del consorcio ganador de la licitación para soterrar el ferrocarril Sarmiento pagaron sobornos a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad de la obra. Por eso, también solicitó que se procese por cohecho pasivo a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; al ex funcionario Roberto Baratta; y al entonces secretario de Obras Públicas, José López. Además, solicitó que se procese como participes necesarios del cohecho a Manuel Vázquez y Jorge "Corcho" Rodríguez, considerados intermediarios en el esquema de sobornos. La fiscalía pidió que se embarguen las empresas Odebrecht y Ghella por la suma de $300 millones; a la firma Comsa por $100 millones; y a Calcaterra por la suma de $ 249 millones.
La supuesta maniobra
El fiscal sostuvo en la apelación presentada en la mañana del viernes que las presuntas maniobras de soborno en la obra del soterramiento tuvieron dos etapas. La primera fue previa a la adjudicación y los pagos ilegales se habrían consumado a través de Iecsa y la española Comsa. Ambas empresas realizaron “pagos indebidos” por una consultoría inexistente con la empresa fantasma Caesa SA. de Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte, Jaime. En esa oportunidad, los pagos ascendieron a casi un millón de pesos.
Picardi apeló los sobreseimientos de Julián Vázquez, Mariano Vázquez y Marta Margarita Domínguez, familiares directos del testaferro de Jaime e integrantes de la empresa Caesa, supuestamente canalizadora de sobornos. Solicitó que se los procese como partícipes de cohecho, luego de que el juez los sobreseyera.
La segunda etapa de los presuntos sobornos comienza cuando la obra ya había sido adjudicada. De acuerdo al fiscal, “el esquema de pagos ilícitos se sofisticó” utilizando empresas offshore para la triangulación de dinero dirigido a los funcionarios. “Se logró determinar la fuga de casi US$ 5 millones” desde una cuenta manejada por Iecsa hacia el Principado de Andorra (paraíso fiscal) “a través de la utilización nuevamente de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación y la empresa española DSC (utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos)”, sostuvo la fiscalía.
Esta maniobra fue advertida por la AFIP, como reveló Perfil en 2018. Calcaterra, en cambio, sostuvo ante el juez que la firma española elaboró planos para la obra y prestó servicios reales. Martínez De Giorgi le dio la razón pero el fiscal sostiene que “nunca existió ninguna prestación de servicios por parte de la empresa española” y que el contrato fue una pantalla para enviar dinero destinado a sobornos.
“En la trazabilidad del dinero que fugaron ilícitamente del país las empresas Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa, se logró determinar que tuvo como destino una financiera en la República Oriental del Uruguay, donde habría sido retirado en efectivo”, explicó la fiscalía. Es en este punto en el que el fiscal involucra al empresario “Corcho” Rodríguez como intermediario entre los ex funcionarios José López y Roberto Baratta para recibir supuestas coimas de las empresas a través de la firma uruguaya Sabrimol Trading SA. (perteneciente a Rodríguez).
F.D.S./FeL
