En pleno impacto por la condena a Lula en Brasil que le impediría presentarse a elecciones, hay novedades en el escándalo de la constructora Odebrecht que podrían tener coletazos en la Argentina.
En las últimas horas, se conocieron en Perú las 2 horas y 55 minutos de grabaciones de la declaración de Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos y brasileños el 9 de noviembre en el marco de investigaciones por presuntos hechos de corrupción en ese país. Fueron divulgadas por el diario El Comercio de Perú.
Se trata de un testimonio impresionante, que bien podría ser parte de una serie de Netflix. En el marco de un acuerdo judicial, el acusado, nada menos que uno de los mayores empresarios de Brasil, va explicando pagos o “donaciones” a toda la plana mayor de la política peruana, desde el ex presidente ahora detenido Ollanta Humala hasta la actual líder opositora Keiko Fujimori.
Pero en ese discurrir, hace una afirmación que podría dejar en off side a todos los socios de la empresa brasileña que están siendo investigados, a paso mucho más lento, en la Argentina, entre ellos el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, que siempre se desligaron de cualquier ilícito diciendo que las tratativas las manejaban los brasileños. “Las socias locales no sabían que hacía Odebrecht”, dijo a PERFIL el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, el año pasado.
Sin embargo, al menos en el caso peruano, Odebrecht explica lo contrario: “En la mayoría de los casos, quienes hacían los pagos eran los socios locales, y nosotros luego los reembolsábamos”.
Si esa estrategia fuera cierta y se hubiera replicado también en la Argentina, se caería el corazón de la defensa central de las empresas que participaban aquí en consorcios con la firma brasileña, que era que “Odebrecht se cortaba sola” en sus arreglos con los gobiernos.
Dos de las principales causas que avanzan lento en la Argentina como coletazo del escándalo conocido en Brasil como Lava Jato son:
La investigación del juez Sebastián Casanello sobre obras de la empresa estatal Aysa para construir la Planta Paraná de las Palmas, en una licitación ganada por Odebrecht junto a socios locales Benito Roggio, Supercemento y Cartellone.
La causa que lleva el juez Marcelo Martínez di Giorgi por la adjudicación de las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que integraban Odebrecht con Iecsa, por entonces del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, además de los italianos de Ghella, entre otros.
Consultados tras la difusión de los audios en Perú, algunos socios argentinos dijeron que eso no fue lo que ocurrió en nuestro país. Ahora sin embargo, deberá evaluarlo la Justicia, que de hecho debe definir en febrero, al menos en la causa de Aysa, la situación de los procesados, que fueron a indagatoria en diciembre.
En su exposición, Odebrecht añade que quien monitoreaba los pagos en el caso peruano era Luiz Antonio Mameri, encargado de los negocios de Odebrecht en América Latina. Mameri fue, junto a Marcio Faria Da Silva uno de los ejecutivos brasileños que la justicia del país vecino ofreció para atestiguar vía video conferencia en los tribunales argentinos tras un exhorto del fiscal federal Federico Delgado. Pero la Argentina les debía firmar el mismo acuerdo de inmunidad que tienen en Brasil en el marco de su “colaboración premiada”. Sin embargo, el procurador General interino Eduardo Casal respondió a fines del año pasado que por las leyes vigentes la Argentina no puede acceder a ese pedido.
Twitter: @jairostraccia