Un contrato descubierto por la Dirección General Impositiva (DGI) se transformó en una de las principales pruebas del presunto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento a ex funcionarios kirchneristas, como reveló PERFIL el último fin de semana. El caso compromete no solo a los principales hombres de confianza de los Kirchner, sino también al primo del presidente Mauricio Macri, el empresario Angelo Calcaterra.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi allanó el viernes a pedido del fiscal Franco Picardi las sedes del Consorcio Nuevo Sarmiento en busca del contrato original entre las constructoras Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa con la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA, también conocida como DSC Management Control de Calidad. Esta “consultora” española es investigada en Andorra, Colombia, Ecuador y Perú como una firma utilizada para blanquear sobornos.
Durante los allanamientos, la Justicia solo obtuvo una copia del documento firmado por el ejecutivo de Iecsa Santiago Ramón Altieri, el 27 de abril de 2010 para que la empresa española realizara supuestos “servicios empresariales, profesionales y técnicos” para la obra del Sarmiento por un total de US$ 10.316.253. Solo se concretaron pagos por la mitad de ese dinero: US$ 4.495.250.
El equipo de la DGI informó a la Justicia que el contrato entre las constructoras del Sarmiento y la firma española sería "simulado" o "ficticio" y su único objetivo sería desviar fondos al exterior "con fines espurios", confirmaron fuentes de la causa. Calcaterra sostiene que la contratación fue a pedido de Odebrecht y que fue real y no simulada.
Reconstruir la ruta de las coimas del soterramiento requiere unir dos investigaciones divididas por el océano Atlántico. Una parte de la información está en Andorra y otra en la Argentina. PERFIL cruzó la información de ambos expedientes junto al equipo de Investiga Lava Jato.
Transferencias. Los fondos para pagar los supuestos sobornos del soterramiento salieron de Buenos Aires, más precisamente de una cuenta corriente en el banco Santander Río manejada por Iecsa en nombre de sus socias. Allí recibían fondos del Estado argentino.
Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, esta cuenta transfirió a la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA pagos por US$ 4.495.250 por servicios de “consultoría”.
La española tenía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA). Desde allí, el dinero comenzaba a viajar por distintas sociedades fantasma, todas con cuentas en el BPA. Los fondos ingresaban primero a una cuenta de la offshore Convergence Capital. Luego, los millones eran transferidos en pequeñas cuotas a otras tres sociedades: Lion’s Soul Corp., Egeland Consult y Klenfeld. Estas sociedades offshore, a su vez, seguían transfiriendo el dinero a más empresas ficticias: Kingsfield Consulting y Vansley.
Esta ingeniería financiera montada por el banco de Andorra y una empresa uruguaya (BGL), según los investigadores, tenía como objetivo esconder el destino final de esos millones: funcionarios públicos. Los pagos se hacían en pequeños montos para no despertar sospechas ni hacer saltar las alarmas antilavado de los bancos.
Hay varias coincidencias entre los pagos del Consorcio Nuevo Sarmiento a la española y las transferencias de esta última hacia la red de offshores. Por ejemplo: el primer pago de la cuenta manejada por Iecsa a la firma de Madrid fue el 6 de septiembre de 2011 por US$ 100 mil. Diez días después, la española transfirió US$ 95 mil a Convergence Capital. Lo mismo sucedió en octubre de 2011: el 21, Iecsa transfirió US$ 195 mil a la española. Seis días después, esta última desvió US$ 185 mil a Convergence Capital. Así consta en los documentos analizados por PERFIL.
