Juan no fue ingresado por las condiciones paupérrimas de los lugares. Agentes del Gobierno supieron dónde estaba y lo trasladaron a un centro en un sector pobre al occidente de la capital.
“Pasé tres días durmiendo en una silla de aluminio”, recordó, pidiendo que no se publicara su apellido para evitar problemas. “Nos dieron de comer arroz frío, lentejas y arepas. El lugar estaba controlado por milicias armadas y médicos cubanos”. Luego, lo trasladaron a un estadio en el sur de la ciudad, donde ha permanecido dos semanas.
“Pasé tres días durmiendo en una silla de aluminio”, recordó Juan
Venezuela, que registró pocos casos en los primeros meses de la pandemia, se enfrenta ahora a un pico y está adoptando el enfoque de aislamiento forzado de China combinado con otras medidas verticales.
Pero con un sistema de salud devastado, muy pocas pruebas y un sector público disfuncional, los pacientes están aterrorizados. Dicen que están hacinados durante semanas en refugios sucios con poco que comer, suministro de agua irregular y un mayor riesgo de infección. Esto, junto con la detención de médicos disidentes y la deshonra pública de los infractores, ha llevado a una sensación de desastre inminente.
Los pacientes y sus médicos evitan las pruebas para mantenerse alejados de los centros de cuarentena administrados por el Estado, lo que genera mayores riesgos y datos sesgados.
“Esto quizás funcionó en China, cuyo sistema de salud pública era de robustez diferente al venezolano, no tiene los problemas que tenemos nosotros”, dijo María Graciela López, directora de la Sociedad Venezolana de Infectología. “Venezuela ya tenía escasez de personal de salud. La gente tiene miedo. Ahora, los pacientes que están llegando a los centros de salud necesitan son cupos de terapia intensiva, porque estuvieron aguantando en casa hasta que no pudieron más”.
Nadie se quiere testear para no tener que ir a los sucios centros de aislamiento
Varios países, incluidos Vietnam, Malasia y Nueva Zelanda, han utilizado con éxito la cuarentena forzada para reducir los picos en el número de casos.
Luis, ingeniero eléctrico de 39 años, ha pasado semanas en cuarentena forzada con casi 30 personas más dentro de un aula en la ciudad occidental de San Cristóbal después de dar positivo en la frontera con Colombia. Le tomó 45 días caminar hasta Venezuela desde Perú, después de perder su trabajo allí.
“Dormimos sobre colchonetas viejas y muy gastadas, es casi como dormir en el piso”, dijo Luis a través de llamadas y mensajes de texto. Las arepas son tan pequeñas que las llaman “botones”, dijo.
“Hoy le di la mía a un niño”, dijo Luis. “Siempre tienen hambre”.
El presidente, Nicolás Maduro, bajo severas sanciones de Estados Unidos, se ha dedicado a anunciar que Venezuela está siguiendo el modelo de uno de sus aliados, China.
“Venezuela ha seguido con atención cada paso, ha aprendido grandes lecciones de China”, dijo Maduro en un comunicado en abril después de una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping. “Ha inspirado sus decisiones en la experiencia de ese país para enfrentar la pandemia”.
Un grupo de médicos chinos realizó una visita 10 días antes para ofrecer orientación. Venezuela convirtió rápidamente escuelas primarias, gimnasios públicos, bibliotecas, jefaturas de policía, moteles y estadios de conciertos en centros de cuarentena.
Pero las cosas no han ido bien. Las pruebas rápidas a menudo dan falsos positivos, por lo que personas sanas se mezclan con personas enfermas. Los adultos y los niños enfermos han pasado hambre. Se realizan pocas pruebas y los resultados rara vez llegan a tiempo, si es que llegan.
“Las condiciones en estos centros sugieren que hay violaciones de los derechos humanos y las protecciones básicas”, dijo Kathleen Page, profesora de la División de Enfermedades Infecciosas de Johns Hopkins University. “Se siente punitivo y ciertamente desincentivará las pruebas. Se producirá más transmisión en la comunidad, ya que es poco probable que las personas a las que no se les diagnostica covid se aíslen por sí mismas”.
El ministerio de Salud y la vicepresidencia de Venezuela, que supervisan la respuesta al covid-19, no respondieron a varias solicitudes de comentarios.
El Gobierno también ha utilizado tácticas públicas de mano dura para enviar un mensaje. No es raro ver a las personas obligadas a sentarse en las plazas de la ciudad al sol o recoger basura o hacer flexiones bajo la vigilancia de los soldados. Todos han sido acusados de violar las reglas del tapabocas o de la cuarentena. En el estado occidental de Bolívar, hay un llamado “coronabus” donde transportan a infractores y escuchan los sermones de la policía sobre el cumplimiento de las reglas.
Por temor al aislamiento obligatorio, algunos venezolanos con síntomas están recurriendo al mercado negro para evitar la participación del Estado. Un médico privado de Caracas, que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que cobra a los pacientes US$30 por las pruebas rápidas que compró en forma privada.
Las pruebas privadas cuestan US$30
Ha pasado más de un mes desde que Venezuela recibió 40.000 pruebas moleculares, las más confiables, de Turquía. Cerca de 800.000 pruebas rápidas llegaron de China una semana antes. La semana pasada, en una breve visita a Caracas, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo que había traído “un número simbólico de pruebas rápidas”. No se han reportado más.
Anayel Miquilena, una cirujana de 31 años del estado de Zulia cerca de la frontera con Colombia, pasó 36 días en aislamiento forzado después de haber estado expuesta al virus en el hospital. Algunos días, dice ella, no la alimentaban antes de las 6:30 p.m. y perdió cinco kilos. Los apagones constantes significaban sufrimiento bajo un calor sofocante.
Después de que fue dada de alta, su hermana, que vivía cerca, dio positivo.
“Fue horrible. Le rogué al infectólogo que no se la llevara”, dijo Miquilena. “No lo hicieron al final. Creo que se olvidaron de ella”.
Algunos profesionales médicos han tenido incluso menos suerte. El doctor Jaime Lorenzo, director del grupo sin ánimo de lucro Médicos Unidos, dijo en conferencia de prensa la semana pasada que el Gobierno ha detenido en los últimos meses a 13 miembros de la profesión. Uno permanece en la cárcel.
