La situación en Venezuela se ha convertido en materia de un debate público que se extendió a los pronunciamientos divergentes de figuras del gobierno, incluido el Presidente del Ejecutivo, el Canciller y el Presidente de la Camara de Diputados.
La polémica abarca dos cuestiones: por un lado, si el régimen encabezado por Nicolás Maduro es una dictadura; por otro, si comete violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Por supuesto, es una discusión enredada, atravesada por alineamientos previos y por trincheras ideológicas que suelen tomar partido de antemano.
Para un público que no tiene posición tomada el problema mayor surge cuando se mezclan, o se encubren, los argumentos. Me interesa despejar algunas confusiones.
Ideología. A mediados de 2017, en medio de la rebelión y las movilizaciones populares que produjeron centenares de muertos en Caracas (la gran mayoría civiles desarmados) Atilio Borón llamaba a aplastar la contrarrevolución con las fuerzas armadas. Más allá de su percepción sobre el régimen (la ideología produce su propia sistema alucinatorio) el argumento no era nuevo: así se justificaron las purgas de Stalin en los años treinta o los tanques en Praga en 1968. Allí no hay confusión: Brezhnev no intervenía en nombre de los derechos humanos.
El problema es otro cuando se confunden argumentos que son lógica y políticamente incompatibles.
No se pueden invocar a la vez la excepción revolucionaria (que justifica la dictadura) y la doctrina de los derechos humanos, que no admite, por principio, que la excepción pueda arrasar con derechos fundamentales.
Una defensa de Venezuela en nombre del socialismo o de la revolución convoca a una discusión distinta, en la que los derechos humanos no tienen cabida.
Desde luego, en esa discusión el término “dictadura” no debería provocar ningún reparo ya que está admitido como un régimen necesario en la instauracion de un nuevo orden por los fundadores y doctrinarios del marxismo (Aunque es claro, para cualquiera que haya leído a Marx, que para él era inconcebible que una dictadura como régimen de excepción durara 72 años, como en la URSS, o 60, hasta ahora, en Cuba). No me interesa abrir esa discusión.
La humanidad: crímenes y derechos. Comienzo por un postulado básico: la idea y el valor que funda los derechos humanos establece que hay crímenes que agravian a la entera humanidad como un colectivo, así sea ideal: hay derechos de la humanidad. Es un concepto relativamente nuevo en el pensamiento político y jurídico y en las relaciones internacionales. Funda una suerte de comunidad de las víctimas y se ejerce en nombre de las víctimas como una demanda de protección de derechos fundamentales que no son susceptibles de violación o menoscabo, no importa la nacionalidad, el género, ideología, raza o religión; abarca blancos, judíos, negros, trans, chinos o venezolanos.
Y ese principio fundamental justifica la defensa de esos derechos y la denuncia de las violaciones en cualquier lugar del planeta.
Habitualmente los estados denunciados se defienden alegando que es una intervención en asuntos internos: es lo que hizo la dictadura argentina en su momento y es también lo que hace el régimen de Venezuela hoy. Nada nuevo bajo el sol.
Pero cabe aclarar que el principio de no intervención no es válido cuando se trata de denuncias jurídicas o morales en nombre de los derechos humanos. Justamente, el paradigma de los derechos que se aplican a la humanidad derrumba las fronteras politicas estatales que durante siglos ampararon los crímenes de estado.
Por supuesto, la confusión es mayor cuando en los pronunciamientos contra la intervención se mezclan figuras que pretenden hablar en nombre de los derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel, con otros que defienden lo que consideran una dictadura revolucionaria. (Ver https://bit.ly/apoyocaracas).
Las evidencias: ¿hay una dictadura? No me interesa abordar la cuestión desde una tipología teórica de los regímenes políticos. Si se adopta el punto de vista de las víctimas, de los detenidos ilegalmente, torturados, desaparecidos o exiliados, que el régimen responsable de esas violencias sea una dictadura o sólo un gobierno autoritario que usa métodos del terrorismo de estado es una distinción insignificante.
Los que tenemos alguna experiencia en dictaduras sabemos dónde buscar las evidencias. En principio, en los organismos autónomos que defienden desde hace años una visión apartidaria de los derechos. Y hay que consultar a todos, no sólo a los que convienen a una posición tomada.
Son los mismos que en su momento informaron y denunciaron los crímenes de la dictadura argentina.
Amnesty, por ejemplo, denuncia en Venezuela “una crisis de derechos humanos sin precedentes”: “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, homicidios ilegítimos por parte de fuerzas de seguridad, presos y presas de conciencia”, en forma sistemática y generalizada.
Y esas violaciones, afirma, pueden constituir “crímenes de lesa humanidad”. (Ver informe de mayo de 2019).
Human Rights Watch coincide y denuncia “una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar”.
Agrega que se “ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional” y señala una “crisis simultáneas de índole política, económica, humanitaria y de derechos humanos”, que ha generado una catástrofe migratoria y de refugiados sin precedentes en América Latina (https://bit.ly/HRWvenezuela).
La información está disponible también en Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) que existe desde 1988, es decir diez años antes de la primera presidencia de Hugo Chávez. Las denuncias se hacen allí cotidianamente y sobre el terreno (https://www.derechos.org.ve).
Finalmente, están los dos informes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en julio de 2019 y el de este año.
Los informes no son evaluaciones ligeras. Están basados en más de 500 entrevistas que abarcaron funcionarios y agentes estatales, abogados, víctimas y testigos, profesionales de la salud y del periodismo, ex militares y oficiales de seguridad.
Analizaron documentos, legislación, informes médicos y forenses, medios de comunicación; entrevistaron a docenas de exiliados.
Confirman las ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, persecución de opositores (15.000 detenciones arbitrarias en cinco años; casi 9.000 procesos penales), represión ilegal de las protestas. Denuncian la acción de cuerpos de seguridad especiales y desmantelamiento de la justicia.
Algunas descripciones resultan familiares para los que conocemos la dictadura argentina: torturas por la “aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas y violencias sexuales..”.
¿Dictadura en Venezuela? Respondo desde la experiencia, no desde los libros, con el “test del pato”: si camina como un pato, grazna como un pato y nada como un pato, seguramente es un pato.
*Historiador y escritor.
