El futuro del nuevo aeropuerto de Ciudad de México aún es incierto luego que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijera que hay dos opciones sobre la mesa: continuar con la construcción o cancelarlo.
López Obrador dijo que las dos opciones se someterán a una consulta pública la última semana de octubre y que sus resultados serán vinculantes. El presidente entrante hizo del futuro del aeropuerto uno de los principales temas de su campaña y señaló que el proyecto es un desperdicio del dinero de los contribuyentes, que está plagado de corrupción y que solicitaría detener la construcción tan pronto como ganara, aunque no lo haya hecho.
Poner fin al proyecto de US$13.000 millones significaría usar el aeropuerto existente y agregar dos pistas a una base militar cercana, dijo el futuro secretario de transporte, Javier Jiménez Espriú, en una conferencia de prensa el viernes con López Obrador. Aunque los expertos de Mitre Corp. consideraron que el plan no era viable, Jiménez señaló que los asesores de su propio partido y otros expertos chilenos señalan que se puede hacer y que se realizará un estudio de cinco meses por un costo de hasta 200 millones de pesos para investigar más a fondo.
También habría beneficios al continuar la construcción, señaló Jiménez, como los 70 millones de pasajeros que podrá manejar y el hecho de que ya tiene casi toda la financiación necesaria. También dijo que su cancelación podría desencadenar una caída del mercado.
"López Obrador se acorraló con este proyecto y la consulta es la escalera que lo sacará", dijo Carlos Bravo, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas de Ciudad de México. "Es su salida para que pueda cambiar de opinión sin decirlo realmente. Es probable que la consulta se planifique de una manera en la que sería absurdo votar en contra de la construcción".
La fecha oficial para el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto es octubre de 2020, pero en un documento publicado en el sitio web de López Obrador, los consultores de Parsons dijeron que la fecha se postergó para el segundo semestre de 2022. La construcción presenta un avance de un 31 por ciento, dijo Jiménez.
El mes pasado, el grupo estatal que administra la construcción, conocido como GACM, suspendió indefinidamente cuatro licitaciones hasta que la administración entrante resuelva el futuro del proyecto. Las licitaciones incluían la construcción de una red de distribución de combustible y la iluminación de la pista. La medida no afectó ningún contrato que ya se hubiera adjudicado ni la construcción en sí misma, dijo el grupo en ese momento.
GACM ha vendido US$6.000 millones de bonos para financiarlo y también ha recaudado US$1.600 millones adicionales en una oferta pública inicial de acciones de Fibra E, un instrumento híbrido entre una sociedad limitada y un fideicomiso de inversión especializado en infraestructura, (REIT, por su sigla en inglés). La venta tenía como objetivo incorporar a más inversionistas en el proyecto y obtener más capital para acelerar la construcción, haciendo más difícil que una futura administración lo cancele.
A pesar de la incertidumbre de los inversionistas en torno al destino del aeropuerto después de las elecciones mexicanas del 1 de julio, los bonos con vencimiento en 2047 han registrado ganancias. Desde el día de las elecciones, los rendimientos de los bonos al 2047 han caído casi un 1 por ciento, levemente inferior al bono soberano. Después de la conferencia de prensa de hoy, los bonos revirtieron las ganancias del día, y cayeron un 0,2 por ciento inmediatamente después del anuncio.
Según datos de Bloomberg, el mayor accionista de Fibra E es Operadora Inbursa, un vehículo de inversión respaldado por el multimillonario Carlos Slim, cuya compañía constructora está a cargo de algunos de los principales contratos de construcción del aeropuerto y cuyo yerno ayudó a diseñar la terminal con el renombrado arquitecto británico Norman Foster.
