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BLOOMBERG / Bloomberg
martes 31 diciembre, 2019

Señal de repunte en década perdida de Latinoamérica: M. Margolis

En Sudamérica, Centroamérica y el Caribe están las ciudades con mayor violencia, desigualdad y peor rendimiento económico. Pero asoma la recuperación de la transparencia y la movilización popular. Argentina permitió el regreso de los "derrochadores".

Mac Margolis

La gente empezó a salir a las calles en Latinoamérica contra la desigualdad y la corrupción. Foto: AFP/BLOOMBERG
martes 31 diciembre, 2019

Prácticamente donde sea que mires en Latinoamérica, prospera la ruina. ¿Violencia? En Sudamérica, Centroamérica y el Caribe se ubican 44 de las 50 ciudades con mayores índices de homicidios del mundo. ¿Letargo económico? Entre 2014 y 2020 Latinoamérica registró su menor crecimiento en siete décadas. Si las monedas son el precio de las acciones de un país, Latinoamérica este fin de año parece una acción de un centavo a nivel global.

Responsabilice a la insignificante productividad laboral de América Latina (una cuarta parte de la de sus pares de mercados emergentes) o su deprimente nivel de escolarización (los jóvenes de 15 años están tres años atrasados frente a sus pares de los países del mundo rico de la OCDE). Sin mencionar la desigualdad (solo 16% de los latinoamericanos considera que la distribución de la riqueza es justa), donde países desde México hasta Chile son líderes mundiales.

Hace diez años, otra era la historia. La región estaba surgiendo (de hecho, Brasil crecía abruptamente). La pobreza se había contraído fuertemente y el abismo entre los que tienen y los que no tienen se redujo como nunca antes. Latinoamérica finalmente había desarrollado una clase media.

Ahora que la movilidad social descendente está de regreso, es tentador concluir que la década de 2000 fue una ilusión óptica, y que América Latina simplemente volvió al tercermundismo y la carencia. Sin embargo, el pobre panorama actual eclipsa algunos avances sólidos. Una recuperación de la rectitud cívica, la justicia social y la transparencia en los gobiernos asoma en la penumbra. Si se les cuida bien, podrían ayudar a Latinoamérica a recuperarse e, incluso, prosperar.

Hace diez años, otra era la historia. La región estaba surgiendo (de hecho, Brasil crecía abruptamente). La pobreza se había contraído fuertemente y el abismo entre los que tienen y los que no tienen se redujo como nunca antes. Latinoamérica finalmente había desarrollado una clase media.

En primer lugar, la actitud. Brotes de malestar civil se han apoderado de América Latina en los últimos años para culminar este año en violetas protestas generalizadas, luego de que la sociedad comenzara a manifestar su rechazo por gestiones gubernamentales deficientes, privilegios inmerecidos y autoridades electas que infringieron la ley. Podría decirse que la agitación corre el riesgo de desestabilizar la política, pero no el colapso democrático. Las oleadas de protestas que se extienden por la región desde 2013 sugieren una población indomable, a veces rebelde, con una aversión visceral a las desigualdades y cero tolerancia a la corrupción. "Esta fue la década del despertar de la oposición latinoamericana, cuando la democracia se negó a morir", dijo Javier Corrales, historiador de Amherst College.

Sin duda, los gobiernos nacionales respondieron tardía o deficientemente a la expansión de las protestas. El ecuatoriano Lenin Moreno huyó de las furiosas multitudes en Quito, capital nacional, hacia una ciudad costera antes de anular un paquete de austeridad. En Chile, el presidente Sebastián Piñera declaró que el país estaba en guerra con los manifestantes, para retractarse días después, disculparse y modificar su gabinete. Una excepción honorable a la ingenua reacción oficial fue la de la Organización de Estados Americanos: a partir de 2015, bajo la supervisión del secretario general Luis Almagro, la OEA no volvió a hacer la vista gorda cuando las administraciones se volvían autócratas.

Dirigidos por Almagro, los diplomáticos regionales se enfrentaron al gobierno cada vez más desastroso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y desempeñaron un papel fundamental en la investigación de fraude electoral y la convocatoria a nuevas elecciones en Bolivia. "La OEA regresó de la muerte y se transformó de una entidad inservible a un heraldo de transparencia y transición en Bolivia, y un defensor de la oposición democrática en Venezuela y Bolivia", dijo Corrales.

Fotos | Las protestas de 2019, el año que el mundo entero dijo "basta"

Además, a pesar de todo lo que se habla sobre el regreso de los militares a posiciones de liderazgo político, las fuerzas armadas de América Latina se han mantenido particularmente al margen. Los generales que sirven al presidente derechista Jair Bolsonaro son los más moderados. En Argentina solo se preocupan de sus asuntos. Las Fuerzas Armadas en Ecuador, Perú e, incluso, Chile se desplegaron cuando sus acorralados mandatarios lo solicitaron, pero han aprendido a no mantenerse ahí y sufrir las consecuencias de los actos de los civiles. El Ejército boliviano puede haberse extralimitado al mostrarle la puerta de salida al presidente Evo Morales, pero no la atravesó.

Es demasiado pronto para decir si las mismas restricciones prevalecerán en Argentina, donde las consecuencias de las descabelladas reformas de libre mercado de Mauricio Macri hicieron que Alberto Fernández y los peronistas derrochadores regresaran al poder.

El historial económico de América es menos inspirador. Latinoamérica se ha perdido oportunidades durante toda la última década. Dado que toda la región se ha apresurado a satisfacer la demanda de China, las materias primas continúan representando una parte desproporcionada de las riquezas nacionales; es un impresionante aumento de la velocidad en la diversificación económica. La dependencia de Latinoamérica de los recursos naturales aumentó de 43% en 2003 a 60% a fines del auge de los productos básicos en 2013, con lo que más de la mitad de la región queda atada por contrato a los recursos naturales. A pesar de que otros mercados emergentes fueron alcanzando a países desarrollados, el producto interno bruto per cápita de América Latina prácticamente se ha estancado, informó este año McKinsey Global Institute. Si bien 56 millones de personas salieron de la pobreza durante el auge de los productos básicos, la pobreza y la indigencia eran mayores en 2018 que una década antes.

Lo bueno es que China, el mayor socio comercial de la región, está cambiando su enfoque comercial de los productos básicos a la inversión en infraestructura, banca, puertos e industrias de procesamiento a medida que lleva a América a la estrategia de ’la Franja y la Ruta’. La generación y distribución de energía y los servicios de transporte como Didi Chuxing forman parte del nuevo acuerdo de China con Brasil y otros, lo que indica que Beijing se ha vuelto más exigente con respecto a su participación en América. "Los chinos son ahora acreedores más agudos y están cada vez más reacios a invertir dinero en causas perdidas", dijo el economista de la Universidad de Boston Kevin Gallagher, especialista en China y América Latina. De manera alentadora, gracias a la ampliación de la inversión china, es posible que Latinoamérica esté aprendiendo a negociar con el país asiático, y no solo a someterse a él. "Algunos países se están acercando a China con los ojos bien abiertos", dijo Margaret Myers, especialista en China del Diálogo Interamericano. "No quieren repetir la situación de Sri Lanka, donde se considera que la participación de China puso en juego la autonomía nacional".

Chile sorprende al mercado con una caída del desempleo y alza fabril

La frustración por los fracasos económicos de la década también ha alimentado el descontento. La agitación que ha inundado las capitales latinoamericanas y ha abrumado a líderes políticos ha tenido algunos efectos beneficiosos en términos de políticas. En un estudio reciente de nueve mercados emergentes y tres países desarrollados afectados por protestas, Oxford Economics concluyó que, en lugar de paralizar a los gobiernos, las multitudinarias manifestaciones "en general fueron propicias para alentar al electorado a buscar reformas", y de, esta manera, "pueden incluso haber asumido parte del rol que los mercados solían utilizar como herramienta de disciplina”. En Chile, los manifestantes acabaron con la fachada de complacencia sobre las presuntas bendiciones de mercados sin restricciones, lo que obligó a los líderes nacionales a ver la exclusión social como un motor del subdesarrollo y la inestabilidad política. La indignación en Bolivia por elecciones aparentemente saboteadas podría ayudar a lograr un consenso para proteger las instituciones democráticas de los autócratas. "A veces es necesaria una ruptura para lograr alguna mejora", me dijo el analista de mercados emergentes de Oxford Economics Gabriel Sterne.

La agitación popular también puede presagiar una reforma económica. Por ejemplo, Brasil, donde los gobiernos gastaron indiscriminadamente durante épocas de altos y de bajos, generando la peor recesión en la historia. Como consecuencia, surgió un consenso político que favoreció el realismo económico. Si bien el fraude fiscal puede haber sido el recurso partidista para deshacerse en 2016 de la entonces presidenta del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, su juicio político sirvió como una advertencia de uso general para los despilfarradores. "El fracaso económico dejó al descubierto la fallida estrategia económica de Brasil y puso los límites de la irresponsabilidad fiscal", dijo Fernando Schuler, politólogo de la escuela de negocios de São Paulo Insper. "Eso despejó el camino para que el Congreso aprobara la reforma a las pensiones y el tope de gasto público; grandes decisiones que demuestran que las instituciones son importantes para la estabilidad económica".

El Ejército boliviano puede haberse extralimitado al mostrarle la puerta de salida al presidente Evo Morales, pero no la atravesó.

Es demasiado pronto para decir si las mismas restricciones prevalecerán en Argentina, donde las consecuencias de las descabelladas reformas de libre mercado de Mauricio Macri hicieron que Alberto Fernández y los peronistas derrochadores regresaran al poder. En Argentina, como en Brasil, Chile, Ecuador y México, el bajo rendimiento económico crónico y las crecientes demandas de reparación social presionarán a los gobiernos con escasos ingresos para financiar redes de seguridad desgastadas por la austeridad y la desgracia.

El truco será mantenerse solvente mientras paga dividendos sociales en mora. Afortunadamente, incluso los líderes que más respaldan el libre gasto reconocen que los tenedores de bonos e inversionistas pueden cobrar un alto precio por la formulación de políticas de dirigismo y carta blanca. "Hemos visto esa película antes y no es bonita", dijo Alberto Ramos, de Goldman Sachs.

Aquí es donde la calle puede introducir una curva de aprendizaje formidable. Una vez tolerados como mecanismos del capitalismo, el soborno y la corrupción de instituciones públicas ahora se ciernen como una amenaza directa a las redes de seguridad; desencadenante de la agitación popular y acción judicial. Transparencia Internacional concluyó en una encuesta realizada en 18 países que 65% de los latinoamericanos cree que su gobierno está dirigido por intereses privados. Lo positivo: 77% de los encuestados también dijo que creía que la gente común puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.

Más que rabia, esta preocupación generalizada por el bienestar social también está impulsando la conversación pública. La lucha contra la pobreza y la desigualdad ya no son competencia exclusiva de los ciudadanos más fervientes y grupos no gubernamentales. Parte de la tragedia económica de la segunda década del siglo fue ver cómo se desvanecían los avances de la década anterior. "En 2018, 20% del avance del desarrollo humano se perdió por las desigualdades", dijo este mes el administrador del programa de desarrollo de las Naciones Unidas, Achim Steiner, en un discurso. La indignación por la desigualdad ahora da forma al debate público y mantiene a las autoridades a raya. Incluso el Fondo Monetario Internacional se ha vuelto más elocuente en el discurso del coeficiente de Gini y la mitigación de la pobreza.

Preocuparse por la brecha entre los que ganan más y los que ganan menos es más que ser buen samaritano; es una economía inteligente, basada en la convicción de que la desigualdad socava el crecimiento a largo plazo. Al comprometerse a alcanzar economías más inclusivas, Latinoamérica podría lograr un aumento de 50% en el producto interno bruto y un alza de US$1.000 en el ingreso per cápita para 2030, concluyó McKinsey.

La agenda de la próxima década no es trivial. Una mirada atenta a la reciente agitación social sugiere que el descontento surge no solo de la privación, sino que, a menudo, después de un período de creciente prosperidad y movilidad que ha despertado el apetito de la gente. Del mismo modo, las personas se vuelven contra los líderes que socializan la mala gestión del gobierno traspasando el costo de la insensatez fiscal a través de impuestos, inflación o austeridad.

El mensaje para la próxima generación de líderes latinoamericanos es difícil de ignorar. Los políticos que no logran brindar bienestar o involucrar a los grupos locales en las decisiones políticas son una especie perecedera. "Hasta aproximadamente 2013, los políticos en ejercicio en Centroamérica y Sudamérica en general tenían libertad de acción", dijo Corrales. "Ahora, existe una tendencia mucho menor a dar carta blanca a los que ostentan el poder".

No hay garantía, por supuesto, de que los nuevos líderes sean menos sordos que el grupo que desperdició las oportunidades de la década de 2000. Le corresponderá a la gente de Latinoamérica que acaba de despertar responsabilizar a estos líderes y asegurar los bienes de otra década antes de que acabe.


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