Ese teléfono inteligente obsoleto olvidado en un cajón o armario puede no parecer un riesgo para la seguridad nacional, pero la administración de Donald Trump está pensando tratarlo como tal.
Sucede que los recicladores y fabricantes chinos inescrupulosos podrían transformar los teléfonos viejos en "productos falsificados que podrían entrar en la cadena de suministro de productos electrónicos militares y civiles de Estados Unidos", según un proyecto de norma. Para evitar que esto ocurra, el Departamento de Comercio propone restringir severamente la exportación de productos electrónicos usados.
No es una idea nueva. En la última década, propuestas similares han fracasado reiteradamente en el Congreso. Pero la política y la retórica anti-China del gobierno han despertado esperanzas entre los partidarios de las restricciones a la exportación de que tienen un aliado en la Casa Blanca.
Los consumidores, ambientalistas y el Ejército de EE.UU. deberían esperar que no sea así. Estados Unidos representó menos del 15 por ciento de los aparatos electrónicos usados desechados en todo el mundo en 2017, lo que garantiza que una prohibición sólo daría una falsa sensación de seguridad, a la vez que supondría un importante costo económico y medioambiental.
A finales de la década de 1990, los periodistas y las ONG comenzaron a documentar los horribles daños causados por el reciclaje de productos electrónicos de baja tecnología en el sur de China. Los informes eran certeros, pero sólo contaban una parte de la historia. El otro elemento, más importante, estaba relacionado con el mercado de segunda mano de productos electrónicos.
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Tanto entonces como ahora, los fuertes mercados de dispositivos y piezas usadas asequibles –en funcionamiento o no– de los países en desarrollo son los que atraen los desechos electrónicos en el exterior. En China, los comerciantes de productos electrónicos usados ganan hasta un 80 por ciento de sus ingresos vendiendo dispositivos y piezas que se utilizan como tales, y no como oro, cobre u otras materias primas reciclables.
Ese comercio existe a la vista pública. En Shenzhen, el centro de alta tecnología de China, el barrio de Huaqiangbei alberga a miles de empresas que compran y venden dispositivos y piezas de segunda mano, muchos de ellos procedentes de las zonas de reciclaje del país.
¿Necesita 1.000 placas lógicas para iPhone 6? Los proveedores de Huaqiangbei pueden conseguirlas aprovechando la vasta e informal red de recicladores de China.
¿Quiere 2.500 pantallas Samsung Galaxy 5 LCD (o LCD que podrían pasar como pantallas Galaxy 5 LCD? Esas también se pueden conseguir, así como el universo de procesadores y otros componentes necesarios para fabricar y reparar dispositivos electrónicos producidos en las fábricas del sur de China.
Muchas de esas piezas llegan a nuevos dispositivos. Los destinos más comunes son los bienes de consumo de bajo precio destinados a los países en desarrollo. Por ejemplo, el año pasado un distribuidor de pantallas planas usadas de Shenzhen me dijo que uno de sus clientes fabricantes utiliza componentes de segunda mano en el 10 por ciento de la "nueva" producción que sale de su fábrica, con el fin de preservar los márgenes de ganancia.
Del mismo modo, los teléfonos inteligentes fabricados para los mercados de África e India suelen estar equipados con pantallas recuperadas y otras piezas (y tienen la vida útil más corta y precios más baratos que cabría esperar). Rara vez se informa a los consumidores de estas sustituciones, lo que lleva a muchos críticos a acusar a los proveedores chinos –y con razón– de falsificación.
Nada de esto es nuevo para el Ejército estadounidense. En 2012, la Comisión de Servicios Armados del Senado de EE.UU. publicó un informe que revela al menos 1.800 casos en los que un mínimo de 1 millón de piezas falsas se encontraron en equipos militares. La mayoría procedían de China, y un proveedor –Hong Dark Electronic Trade, con sede en Shenzhen– suministró 84.000 componentes sospechosos. Estas piezas falsificadas no sólo defraudan al Ejército de EE.UU., sino que conllevan importantes riesgos de seguridad.
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En los últimos años, el Ejército ha tomado medidas para frenar el comercio. Poco después del informe de la comisión, el Congreso aprobó una legislación que exige mejores inspecciones, informes y sanciones para la adquisición de piezas falsificadas.
Los controles de exportación de productos electrónicos usados no estaban entre las recomendaciones, y eso es por una buena razón. Asia, en lugar de Europa o América del Norte, representó el mayor volumen de generación de desechos electrónicos, con alrededor del 40 por ciento del total. China, donde viven más de mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes, fue la mayor fuente.
¿Quién, entonces, se beneficiaría de las restricciones a las exportaciones de productos electrónicos usados de EE.UU.? Ciertamente no el Ejército, que tendrá que permanecer en guardia contra las falsificaciones que ingresen desde China. En cambio, los controles de exportación de EE.UU. proporcionarán una falsa sensación de seguridad a las organizaciones que se abastecen piezas en China, al tiempo que se impondrán costos ambientales directos a ambos países.
Después de todo, la reutilización de un dispositivo –ya sea un teléfono inteligente o un semiconductor– es siempre una opción más ecológica que reciclarlo y convertirlo en materias primas. También es más rentable y reduce los costes de eliminación para los consumidores.
El Departamento de Comercio no debería estar muy entusiasmado por frenar esos beneficios con el fin de promover la estrategia anti-China de la administración Trump.
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.
