Al menos 164 activistas del medioambiente fueron asesinados el año pasado por defender sus hogares, tierras y recursos naturales frente a proyectos mineros, forestales o agroindustriales. La mitad de esas muertes ocurrió en América Latina, según el balance anual de la organización Global Witness, que sitúa a Colombia como segundo país más peligroso del mundo para activistas. De acuerdo con su informe, publicado este martes, otros "incontables" activistas se vieron reducidos al silencio en todo el mundo a través de la violencia, la intimidación y el empleo o modificación de leyes antimanifestación.
Con 30 asesinatos, Filipinas fue país más letal el año pasado para estos activistas y los líderes autóctonos que se oponen a la corrupción, el despojo de tierras, la minería ilegal y las explotaciones que afectan a las comunidades y el medio ambiente. El segundo lugar es ocupado por Colombia, con 24 muertes en 2018, e India, con 23. Por su parte, Guatemala, con 16 asesinatos confirmados, es el país con más muertos respecto al número de habitantes. Brasil, que solía estar a la cabeza de este ranking, descendió al cuatro lugar con 20 asesinatos, según la ONG, que suele tomar datos de organizaciones similares y que para el caso brasileño se basó en informaciones de la Comissão Pastoral da Terra (CPT).
El informe relacionó a la minería y a las industrias extractivas con 43 de los asesinatos ocurridos el año anterior en todo el mundo, seguido de la agroindustria con 21, mientras que a las aguas y represas le endilgó 17 crímenes.
"Es un fenómeno que puede verse en todas partes del mundo. Los defensores del medioambiente y la tierra, de los que una importante cantidad son representantes de los pueblos autóctonos, son considerados terroristas, delincuentes o criminales por defender sus derechos", denuncia en el informe Vicky Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU. "Esta violencia supone una crisis para los derechos humanos pero también una amenaza para todos aquellos que dependen de un clima estable", citada por Ansa.
El lugar donde creció exponencialmente el número de asesinatos de quienes se oponen a la explotación indiscriminada de la tierra y a los abusos contra el medio ambiente fue Guatemala, que pasó de una tasa de 3 asesinatos a 16 en 2018. La explicación de la ONG frente a lo ocurrido en el país centroamericano, al que calificó como "el más peligroso", es una mezcla de intereses de terratenientes y de proyectos a gran escala en zonas apartadas respaldados por el gobierno de Jimmy Morales. Otros de la región donde se registraron este tipo de crímenes fueron México con 14 casos, Honduras con 4, Venezuela con 3 y Chile con 2. Global Witness explica lo que ocurre en Latinoamérica está relacionado con la "fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región".
El número de muertos se redujo respecto a 2017, que fue el año más mortífero, con 207 fallecidos. Pero Global Witness señala que la cantidad podría estar infravalorada, principalmente porque algunos hechos se producen en lugares muy recónditos.
El hecho más mortífero registrado por la organización en 2018 se produjo en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, donde 13 personas murieron tras una manifestación contra una mina de cobre, según el informe detallado por AFP. En Brasil, al menos ocho activistas implicados en disputas con representantes de la industria de la soja murieron en 2018 solo en el estado de Para. En Filipinas, nueve agricultores de la caña de azúcar, incluidos mujeres y niños, fueron abatidos por hombres armados en la isla de Negros, asegura Global Witness, una ONG de investigación fundada en Londres en 1992 y que en 2012 empezó a documentar este tipo de crímenes, .
Global Witness denuncia también una "preocupante tendencia" hacia la intimidación y el encarcelamiento de los defensores del medioambiente, a una semana de que el grupo de expertos de la ONU sobre el clima (GIEC) publique un informe sobre el uso de las tierras en el que se prevé que subrayará la importancia de los pueblos autóctonos en la protección de la naturaleza.
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Denuncia también el papel de los inversores, incluidos los bancos de desarrollo, en proyectos controvertidos, y nombra algunas empresas acusadas de facilitar la violación de derechos. "No basta con que las multinacionales vinculadas a confiscaciones de tierra invoquen su ignorancia", insisten. "Tienen la responsabilidad de asegurarse de forma preventiva de que las tierras de las que se benefician se arrendaron de forma legal, con el consentimiento de las comunidades que viven en ellas desde hace generaciones".
Global Witness dijo que la "criminalización" en los estados "policiales y dictatoriales" se manifiestas con el aplastamiento violento de las protestas. Mientras que "en los países aparentemente más liberales" se materializa con pleitos jurídicos largos y oneroso que buscan paralizar a los defensores. "Los procesos judiciales se utilizan para criminalizar a quienes se manifiestan contra la corrupción y la codicia corporativa", describió la ONG, que agregó que "ninguna región escapa a la afectación ejercida por la creciente presión sobre los recursos naturales y la competencia sangrienta que esta conlleva".
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D.S.
