El movimiento global para fortalecer las capacidades nacionales de evaluación EvalPartners declaró 2015 el Año Internacional de la Evaluación. Liderada por Unicef, PNUD, Onumujeres y la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación, la iniciativa busca facilitar un diálogo mundial para innovar en evaluación y adoptar políticas basadas en evidencia. Naciones Unidas adhirió a la declaración, y reconoció la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales de evaluación para apoyar el logro de metas globales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que este año serán reemplazados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde 2011 la Argentina otorga un lugar cada vez más relevante a la evaluación de políticas públicas. La Jefatura de Gabinete de Ministros creó en 2013 el Programa de Evaluación de Políticas Públicas. Es una iniciativa que apuntaba a fortalecer las capacidades técnicas, políticas y administrativas del Estado en evaluación, y a promover una mejor adecuación entre objetivos, recursos y productos de la política pública, y entre los resultados, objetivos e impactos políticos de las políticas públicas sobre la sociedad. También buscaba institucionalizar la evaluación en la administración pública. La JGM también apoyó el desarrollo de capacidades para diseñar e implementar diversos tipos de evaluación de programas y proyectos.
A nivel provincial, el panorama es heterogéneo. Algunas provincias –como Chaco, Corrientes, CABA, Tucumán y Santa Fe– avanzaron en planes estratégicos de gobierno que son una de la bases para tornar viable la evaluación de resultados de las políticas públicas. Córdoba y Tucumán desarrollaron capacidades en gestión para resultados, en ocasiones con apoyo de los organismos internaciones. Algunas jurisdicciones desarrollaron sistemas de monitoreo y evaluación de calidad para planes o programas puntuales, sobre todo en el sector social. Otras avanzan en la evaluación del desempeño de sus funcionarios políticos fijando objetivos de impacto y gestión.
La sociedad civil formó la Red Argentina de Evaluación (EvaluAR) que nuclea a más de 160 profesiones y expertos de siete provincias para contribuir a este debate global.
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Pero ni la Nación ni las provincias integran la evaluación como función permanente de la gestión pública. Institucionalizarla es una materia pendiente en la agenda de calidad institucional y fortalecimiento de la democracia. La evaluación del impacto de las políticas, entendida como comprensión crítica y productiva del desempeño del Estado, permite articular resultados de gestión con racionalidad política y voluntad popular.
El año 2015 abre una doble oportunidad: el país puede adherir a esta misión internacional apoyando la iniciativa de la ONU y generando acciones nacionales y regionales con los espacios que lidera en el Mercosur. Además, la campaña presidencial puede inaugurar una conversación sobre la transparencia institucional pensando en la evaluación como función crítica para producir datos sobre los planes de gobierno y el impacto de la política en la ciudadanía.
Es posible aumentar la cultura de evaluación. Establecer estándares para el diseño de planes y programas; proponer parámetros que garanticen la calidad del sistema de información para realizar el seguimiento, la producción y el archivo de la información; fomentar la adopción de estrategias de evaluación para todas las intervenciones; innovar mirando el impacto; asegurar la participación de todos los actores durante las etapas de seguimiento y evaluación y regular la presupuestación y el uso de recursos para invertir en evaluación son algunos de los caminos que pueden todavía transitarse.
Este año es una gran oportunidad para contribuir a la agenda global de desarrollo y fortalecer las capacidades nacionales y provinciales en y de evaluación. Es el momento de pensar en un/a evaluador/a general de la Nación.
*Directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
