El pasado que siempre vuelve. El jueves 30 de mayo de 2002 hubo en el Senado de la Nación una dramática sesión, al cabo de la cual se derogó la controvertida Ley de Subversión Económica. La derogación se aprobó luego del voto de desempate del presidente provisional del cuerpo, Carlos Maqueda. La crónica recuerda que Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz –movido por el encono que lo había transformado en un férreo opositor del entonces presidente Eduardo Duhalde–, no escatimó medios para frenar ese proyecto, por lo que ordenó el desplazamiento del avión sanitario de la provincia hasta Chaco para trasladar a uno de sus legisladores, que sumó su voto negativo a la derogación.
La presencia del diputado con funciones de embajador Daniel Scioli en la sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados –en la que se trató la derogación de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos– se pareció mucho al episodio arriba descripto.
Todo es tan miope en la política vernácula que nadie en el Gobierno advirtió que esto no solo caería mal en la oposición sino también en el gobierno de Brasil. “No nos merecemos tener que recibir a un embajador así desprestigiado”, señalaba en la tarde del viernes una voz desde Itamaraty, sede de la cancillería brasileña.
Técnicamente, Scioli, quien como a lo largo de toda su carrera sigue estando para cualquier cosa –en el impecable reportaje que le hizo Ernesto Tenembaum en su programa de Radio con Vos demostró que no tenía la más mínima idea del contenido del proyecto que se estaba tratando y que votó–, es aún diputado hasta pasado mañana. Pero, políticamente, había dejado de serlo desde el mismo momento en que fue confirmado como embajador en Brasilia.
Dicho esto, cabe preguntarse qué llevó al Presidente a permitir, por acción u omisión, que haya sucedido algo así. ¿Cuál fue la causa por la que el Gobierno tuvo que sacar a lo pirro la media sanción de una ley que goza de amplios niveles de consenso político y social? ¿Cómo fue que Alberto Fernández se expuso a la tamaña muestra de debilidad que significa para un gobierno recién asumido tener que ir a buscar desesperadamente a un diputado ya ido para lograr el quórum raspando? ¿Cuán consciente es de que acciones como estas le quitan credibilidad al Presidente cuando dice que su objetivo es ser mejores? ¿Qué va quedando de la idea de trabajar en conjunto en pos de acuerdos con los sectores políticos de la oposición?
Massa en su laberinto. “El principal responsable de todo lo que pasó en la Cámara fue Sergio”, afirmaba el viernes un conspicuo diputado de Consenso Federal. Lo notable es que ese juicio lo compartían también legisladores de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. Desde el sector que responde a Roberto Lavagna, las críticas al presidente de la Cámara de Diputados llovieron. “Es un goloso que está empecinado en llevar al Gobierno un pedazo de Cambiemos”; (…) “La relación con él está mal”, son algunas de las cosas que, en tono destemplado, se escuchaban horas después de la borrascosa sesión entre varios legisladores de Consenso Federal.
Muchos se preguntaban si existió la posibilidad de un acuerdo entre Massa y Emilio Monzó. Si el ex intendente de Tigre pensó que lo tenía al alcance de la mano, se equivocó. Desde el interior de Juntos por el Cambio las voces son coincidentes: “Tenemos diferencias fuertes, pero de ahí a romper hay un trecho muy pero muy grande”.
Tan torpe fue todo lo hecho desde el oficialismo que le dejó servido el plato a la mayoría de la oposición, cuyos integrantes, rápidos de reflejos, empezaron a blandir este tema como un remedo del escándalo del diputrucho en los años del menemismo y dejaron de lado el de la derogación de las jubilaciones de privilegio que generaban diferencias internas.
La decisión de apurar la sesión del jueves dejó a Massa y al Gobierno mal parados. Algo no estuvo bien calculado. Faltó la buena negociación. Leyes como estas necesitan acuerdos para ser duraderas y efectivas.
Sergio Massa debería reflexionar y aprender de este episodio. Si su intención es dar vuelta la página de las divisiones, el camino que tomó el jueves es el equivocado. El Presidente lo felicitó. Semejante sobreactuación solo tiene una explicación: la débil posición en la que Massa quedó.
Un ministro en Nueva York. Las cosas no fueron fáciles para el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su paso por Manhattan. Quienes lo conocen y hablan con él coinciden: sus convicciones son firmes. No está dispuesto a tirar su prestigio académico por la borda, sino todo lo contrario. Su idea es hacer de la fortaleza técnica de sus propuestas la base de toda la negociación. “Si le sale, será Gardel; y si no, tendrá que irse con la academia a su casa”, sentencia una voz con despacho en la Casa Rosada. El Presidente lo respalda plenamente.
De lo que se sabe hasta aquí, un grupo importante de bonistas –que quieren evitar el default a toda costa– le está proponiendo al Gobierno una quita del 15% y un pago total de unos 8 a 10 mil millones de dólares de aquí a 2023. Quedarían así, entonces, unos 20 mil millones de dólares a pagar a partir de ese año en un eventual segundo mandato de AF.
En paralelo, están las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, cuya misión comenzará a circular por los despachos del Ministerio de Economía a partir de mañana. Con el FMI la química a nivel de la cúpula es muy buena, pero la negociación con los técnicos es de otro tenor. En ese estrato las cosas están más duras, según lo reconocen varios funcionarios del Fondo. Nada que sorprenda.
El viernes, durante un reportaje radial que concedió a Radio 10, al Presidente se lo escuchó enojado con la oposición y con la Corte Suprema de Justicia. En verdad, se sabe que hay cosas internas de su gobierno que también lo enojan. Hay problemas de gestión sobre los que se habló en la reunión del Gabinete de Territorio y Ciudadanía que hubo el miércoles en la casa Rosada. Son problemas sobre los que –por ahora– Alberto Fernández calla.
