Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) regresarán mañana a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros integrantes del Gobierno, a fin de ir delineando el ajuste fiscal necesario que deberá encarar el Ejecutivo para que el país pueda hacer un programa “sustentable de la deuda” y tener capacidad de pago para cancelar sus compromisos con los organismos multilaterales.
Si bien en el Ministerio de Economía minimizaron los alcances de la reunión, fuentes del propio Gobierno aseguraron que el regreso de la misión del FMI tiene por objetivo trazar un panorama fiscal duro y estable para la Argentina, lo cual implicará recurrir nuevamente a otro ajuste con incremento de impuestos.
La misión estará encabezada por la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el economista venezolano Luis Cubeddu. Precisamente con estos funcionarios Guzmán y parte de su equipo definirán más aumentos de impuestos que impliquen apuntalar la recaudación tributaria ya que, tal como aseguran en el entorno del titular de la cartera de Hacienda, las cuentas deben cerrar por el lado de los ingresos y “no recurrir a la fórmula del gobierno anterior que se concentró en la reducción del gasto y de la emisión, profundizando la recesión económica”.
Lista. De allí es que en la primera mitad de la semana se empezará a definir una nueva suba de las retenciones, que hasta el momento sería unos tres puntos más para la soja, aunque no se descarta que pueda abarcar a más sectores oleaginosos. Paralelamente se incluiría una suba a las retenciones a la carne, a determinados cortes que tienen una elevada demanda en Oriente, tal como lo anticipó ayer PERFIL.
Según se conversó ya con la Mesa de Enlace que representa a las entidades agropecuarias, habría compensaciones para los productores menores y también para algunas economías regionales que tienen un nivel muy acotado de producción.
Además, se analiza la alternativa de aumentar determinados impuestos internos, especialmente a los sectores de bebidas alcohólicas, excepto el vino y la cerveza local, y también a los automóviles y motos de altísima gama.
Según comentaron en el propio Gobierno, estas medidas sumadas a la recuperación que se empezaría a observar en la economía, en forma paulatina, trazaría un horizonte fiscal más sólido.
“Con un panorama fiscal más robusto y una reestructuración de la deuda privada, creemos que la situación general va a permitir tener un esquema económico sustentable”, agregaron dentro del gabinete económico.
El objetivo es mantener este año el punto de cuasiequilibrio conseguido en 2019, es decir, apenas un déficit de 0,5% del PBI, tendencia que se afianzaría para 2021 y ya a partir de 2022 podría registrarse un leve superávit fiscal.
Pero para eso se necesita una reestructuración de la deuda privada que sea agresiva y exitosa, algo nada fácil, sobre todo tratándose de un país como la Argentina, que a nivel de los inversores externos, en muchos casos, representa “un dolor de cabeza”.
Según comentan en el Gobierno, la definición de las metas fiscales y las respectivas medidas las hace el propio Ejecutivo, aunque supervisado por el FMI, con el objetivo de que las mismas sean sustentables y que le asegure a la Argentina capacidad de pago.
Gerry Rice, vocero del FMI, destacó el último jueves “el nivel de diálogo constructivo que existe con el gobierno argentino”.
Recordó el comunicado que surgió luego del encuentro en Arabia Saudita, dado que allí quedó en claro que el diálogo continuará “con el artículo IV y un programa en el futuro”.
La Argentina firmó, primero en junio y luego en septiembre de 2018, sendos acuerdos con el Fondo, por lo cual el organismo le ofreció créditos por unos US$ 53.700 millones, de los cuales desembolsó de manera efectiva US$ 44 mil millones hasta julio del año pasado.
Ahora, todo indica que ese acuerdo será modificado, tendrá una mayor extensión en sus plazos y nuevas condiciones en sus vencimientos, a cambio de una postura muy agresiva con los acreedores privados, quienes admiten que esperan una quita muy fuerte, superior al 30%.
Eso sí, se descarta que tome la forma de un convenio de largo aliento, como los de facilidades extendidas o ECF, dado que implican reformas que el actual gobierno no tiene en sus planes.
