La situación del momento en este país centroamericano es de la mayor importancia puesto que es el primero en América latina que se defiende de espíritus autoritarios que pretenden perpetuarse en el poder a contramano de principios republicanos elementales.
Artículos pétreos de su Constitución prohíben la reelección. Por esto es que el Tribunal Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Congreso reiteradamente le advirtieron al gobernante de turno de la ilegalidad de sus actos, lo cual fue desconocido por el mandatario en cuestión, quien pretendió atropellar los preceptos constitucionales a través de maniobras conocidas y ensayadas en otros lares.
Lamentablemente, en lugar de seguir los procedimientos del juicio político y similares, fuerzas militares optaron por asaltar el domicilio del gobernante y depositarlo en una base militar en Costa Rica. Según lo informado por Gabriela Calderón, las Fuerzas Armadas actuaron de oficio, sin instrucción de la Fiscalía ni de la Corte, a diferencia de lo comunicado en un principio, por lo que actualmente se sustancia un proceso judicial. En cualquier caso, un método inaceptable. El Ejecutivo no es responsable puesto que la ratificación de remover al mandatario anterior y la asunción del gobierno provisional fueron hechos posteriores, realizados por unanimidad de los miembros del Congreso con el aval de la referida Corte (fue electo el presidente del Congreso debido a que el vicepresidente había renunciado y las normas vigentes indicaban esta línea sucesoria).
El fracaso momentáneo de la mediación del presidente de Costa Rica obliga a continuar las negociaciones, en cuya situación las partes deben ceder al efecto de sortear acontecimientos graves que luego se lamentarán. Como todo en la vida, las cosas pueden haber sido hechas de una manera mejor y también peor. En un artículo anterior, mencionaba que tal vez una salida sea el inmediato adelantamiento de las elecciones.
En todo caso, este marasmo ha sido condenado por buena parte de la comunidad internacional, con el beneplácito y la algarabía del ejemplar del Orinoco y sus seguidores en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, quienes usan el poder como un coto de caza bajo las directivas del dúo de tiranos de la isla-cárcel cubana. En los casos mencionados (y en otros que se les asemejan) tiene lugar una burla grotesca y canallesca a la democracia puesto que se trituran los derechos de las personas y consecuentemente se demuele el principio básico de que las mayorías deben respetar a las minorías. De lo contrario, llegaríamos a la truculenta conclusión de que personajes detestables como Hitler eran democráticos porque asumieron el poder con apoyo electoral. Pensadores de la talla de Bertrand de Jouvenel, F.A. Hayek y Giovanni Sartori han puesto de manifiesto el aserto. Este último autor escribe en su tratado sobre la democracia que “cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-demos”.
En Honduras se han establecido vallas constitucionales para evitar la acción depredadora de energúmenos que arrasan con las minorías. Es incoherente pretender que se puede hacer tabla rasa con la democracia por el voto de la mayoría o la primera minoría. Quienes son vulnerados en sus derechos no serían demócratas sino irresponsables si se dejaran vejar impunemente.
Lo dicho para nada significa que en ese país se entiendan cabalmente los pilares de la sociedad abierta. Igual que en otros tantos lugares, se requiere de mucho esfuerzo en la educación para comprender el daño colosal que infligen las políticas autoritarias que, bajo los más variados ropajes, apuntan a manejar prepotentemente las vidas y el fruto del trabajo ajeno.
Reitero lo dicho por Robin Williams en una producción cinematográfica: “Los políticos en el poder son como los pañales, hay que cambiarlos permanentemente… y por los mismos motivos”.
*Doctor en Economía.
