Falta poco. Se acerca el apretón de manos. Y será a dos tiempos. El primer acuerdo será “corto”, aprobando las metas del segundo y el tercer trimestre del año, y acelerar la tilde verde para todo este ejercicio antes de que termine febrero de 2025. Mientras tanto, comenzaron las charlas para un acuerdo de largo plazo (probablemente a diez años), que implicará un desembolso de dinero extra, sobre la base de los US$ 11 mil millones que quedan pendientes del stand by por US$ 55.400 millones que el gobierno de Mauricio Macri aplicó entre 2018 y 2019 y que quedó trunco al ganar las elecciones presidenciales Alberto Fernández. Quien luego suspendió el acuerdo.
El Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo está en plena etapa de diálogo fabril con los técnicos del Fondo Monetario comandados por la número dos del organismo, la indonorteamericana Gita Gopinath y el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu. Las partes saben que la discusión tiene dos tiempos. El primero, y casi urgente porque debe cerrarse antes de fin de año, es el acuerdo “corto”; obviamente, con un aprobado y felicitado con respecto a 2024. El segundo, a largo plazo, sobre la base de aquel stand by del gobierno de Macri. Con más dinero. Mucho dinero. Ya no se habla del piso del Facilidades Extendidas vigente de los aproximadamente tres mil millones que el FMI debería liquidarle a la Argentina por el segundo, tercer y cuarto trimestre de este año, sino de un piso de los 11 mil millones que restan del stand by. De esa suma, hacia adelante. Incluso el ministro deslizó en una entrevista con Jonathan Viale que, hipotéticamente, podría llegar a los 20 mil millones. Quizá sea demasiado. Pero lo cierto es que aquellos 11 mil millones serían suficientes para normalizar la política cambiaria, incluyendo un desmantelamiento total del odiado cepo. Aunque siempre de manera gradual, con plazos que irían desde marzo a las elecciones de octubre.
Caputo introduce en esa entrevista un concepto clave, nacido e incorporado en su culturalización en sus años de “trader”, pero que describe los tiempos y términos en que se negocia con el FMI. El “phacing”. La expresión refiere a la práctica de mostrar o demostrar la capacidad de pago de una deuda, en este caso, la que Argentina mantiene con el FMI. Esto implica que el país debe demostrar que tiene los fondos para cumplir con sus obligaciones. Con respecto al acuerdo con el Fondo, este “phacing” se relaciona con la necesidad de Argentina de demostrar su capacidad para cumplir con los pagos de la deuda. Esto implica que el país debe tener reservas netas suficientes para cubrir los pagos. En resumen, aplica a la práctica de demostrar la capacidad de pago de una deuda, y en el contexto del acuerdo con el FMI, se relaciona con la necesidad de Argentina de demostrar su capacidad para cumplir con los pagos de la deuda. En otros términos, que quede en claro que durante los diez años que duraría el acuerdo, el gobierno de Javier Milei y sus sucesores, esta vez, cumplirán con las metas y objetivos firmados. No como en las décadas de acuerdos incumplidos con los sucesivos gobiernos.
Lo que resta discutir es si lo que se acuerde es una nueva versión del Facilidades Extendidas vigente y que vence en diciembre de este año, o revivir el stand by del 18-19. Las diferencias son simples de explicar, y complicadas de cumplir. Un stand by autoriza, como máximo, un plan de repago de no más de tres años, mientras que el Facilidades avala hasta diez. El problema en cuanto a la aplicación de un acuerdo y otro es que un stand by no exige grandes compromisos previos, sino el cumplimiento de metas fiscales, cambiarias e inflacionarias. Lo difícil para el país es que el Facilidades Extendidas sí amerita la exigencia de medidas macroeconómicas específicas. En el stand by, esos 11 mil millones se irían liquidando a medida que el tiempo pasa y el país cumple las metas en un plazo máximo de tres años. Puede actualizarse en el caso de que lo comprometido se logre. En el Facilidades Extendidas, el tiempo es mayor, pero las exigencias de cambios estructurales también. Según fuentes del gobierno nacional, Milei no le teme a ninguno de los dos. Pero el FMI, sí.
El Presidente sabe que cuenta con los votos necesarios en el board para el acuerdo que termine de negociar. Milei y Caputo cuentan con el 18% de los votos de EE.UU., y solo hay que esperar a que asuma el 20 de enero Donald Trump. También cuenta con los votos de China, luego del apretón de manos con Xi Jinping en la cumbre del G-20 en Río. Están también los votos europeos, con la presión de la italiana Georgia Meloni y el francés Emmanuel Macron. Con esto, sobra para contabilizar una mayoría en el momento en que el board deba resolver el caso argentino. En todo caso, los problemas están en que los técnicos acepten firmar y hacerse cargo. No quieren repetir la experiencia del equipo que cerró el stand by 18-19, bajo la presión de la primera presidencia de Trump, que terminó con la eyección del FMI del argentino-mexicano Alejandro Werner.
Para el próximo año, el FMI aceptará que Argentina no devalúe ni unifique el tipo de cambio. Le dará la oportunidad a Milei de demostrar que su idea de una mejora de la competitividad a partir del respeto del crawling peg al 2% mensual (puede cambiar hacia abajo), con una inflación que, aseguran en el Gobierno, se mantendría en un promedio de 2% mensual. O menos. Se respetará la estrategia de apertura del cepo según los criterios que consideren el Ejecutivo y Economía, siempre que el ritmo sea de liberación y no dependencia. En otras palabras, que el cepo se vaya desmantelando y no profundizando o manteniendo. El criterio de prioridades sobre los rubros económicos donde se flexibilizará el acceso a las divisas quedará a criterio del Gobierno, pero en este caso ambos coinciden. Se priorizará la apertura del cepo para la producción y la posibilidad de giro al exterior de las ganancias. Además de una normalización total del acceso a los dólares para los importadores, no solo para las pymes, sino también para las grandes compañías. Acepta el FMI que la posibilidad de poder comprar dólares para el público en general, para atesoramiento o turismo, continuará trabada. Por bastante tiempo más. Esto incluye el mantenimiento de algún tipo de impuesto a consumo de dólares por tarjetas o vía digital, con un nivel de costo similar al actual; unos US$ 1.600 pesos. En esto coinciden el FMI y el Gobierno: no es tiempo de salida masiva de dólares para turismo o ahorro popular. Menos a este valor, que, para ambas partes, es barato. Desde el FMI se aceptarán estas políticas que no están en la carpeta clásica de las revisiones técnicas e históricas.
Para un anuncio final del acuerdo “corto”, habrá que esperar un tiempo. Lo que podrá anunciarse en las próximas jornadas es la aprobación de los períodos abril-junio y julio-septiembre. Hay solo un problema por resolver. Argentina sobrecumplió metas de superávit fiscal primario de ambos períodos, y no tendrá problemas en lograr el objetivo anual de un 2,1% de ahorro entre recaudación y gastos. Incluso Economía puede mostrar un superávit financiero entre enero y septiembre de un 0,45% aproximado. Unos US$ 2.500 millones. Hecho inédito desde 2003 a 2005, con Roberto Lavagna como ministro y con un país en default. También puede mostrar el Gobierno cumplimiento estricto en cuanto a la emisión, donde hasta septiembre el resultado es cero. Lo que pide el FMI.
Luis Caputo aseguró que en 2025 "sin dudas" se levantará el cepo
Donde habrá que pedir un waiver, tal como adelantó PERFIL, es en la acumulación de reservas. A septiembre, el número comprometido estuvo entre mil y dos mil millones abajo. Un número comprensible, y una meta incompleta en vías de recuperación en el último trimestre, vía blanqueo. Según el Palacio de Hacienda, para fin de año los US$ 8 mil millones de recuperación de reservas del BCRA estarían cerca de lograrse.
Las metas para el próximo año no tendrían sorpresas. Las fiscales y de emisión serán similares, y la recuperación de reservas, las lógicas y difíciles de lograr. Todo será declaraciones de principios, virtudes y obligaciones. Lo que no habrá es dinero extra. Desde Washington solo habrá compromisos de giro de lo comprometido y firmado en 2022 por Martín Guzmán, y que solo garantiza el pago del capital. Los intereses habrá que pagarlos. Eso sí, con la reducción de costos y sobrecostos que aprobó el board y que para el país implicaría un ahorro de unos US$ 500 millones. Ni poco ni mucho, pero todo ayuda. Habrá que agradecer a Ucrania, motivo real de la reducción de intereses.