Es el intento número 17 de encarar una, sin dudas necesaria, reforma del Código Penal. Por ahora se conocen “borradores” que trascendieron a los grandes medios de comunicación, en los cuales se adelantan las conclusiones de la comisión encargada de redactar el proyecto. El presidente Macri elevará la propuesta para que sea debatida por el Congreso Nacional, donde la iniciativa puede sufrir cambios. La sola elevación del proyecto sería un éxito político, dado que ningún presidente que se lo propuso pudo darse el lujo de llegar a la instancia de debate parlamentario (el último intento quedó atravesado por la campaña electoral, su impugnación fue uno de los caballos de batalla de Sergio Massa).
Más allá de que el propósito de la reforma, según el video difundido por el Ministerio de Justicia, sea generar “procesos rápidos, sencillos y transparentes” e “investigaciones y juicios ágiles e inmediatos”, el denominador común, al menos en un análisis general de los trascendidos, es el endurecimiento de penas, el recorte de “beneficios” excarcelatorios y el aumento de años de prisión para algunos delitos. En especial aquellos vinculados a la inseguridad (como la tenencia de armas), el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, así como a la violencia de género y al acoso por redes sociales.
Uno de los puntos destacados es la presencia ofrecida a las víctimas en el proceso penal (por ejemplo, en el caso de la probation, las víctimas podrán participar de la decisión junto a la fiscalía). Este cambio se enmarca en una nueva centralidad otorgada a ciertas víctimas, algunas de las cuales directamente pasaron a formar parte del armado de Cambiemos, como la actual legisladora Carolina Píparo o los miembros de la ONG oficialista Usina de Justicia. En esta línea, además, el Gobierno promovió la Ley 27.372, que asegura a las víctimas de delitos una representación jurídica, creó la figura del defensor público e invitó a miembros de asociaciones de víctimas a participar de un Observatorio destinado a proponer y evaluar políticas públicas. Ahora bien, en paralelo a este proceso, el Gobierno, en sintonía con los resultados de los focus groups, niega el estatuto de víctimas a las víctimas de la violencia institucional o de la “doctrina Chocobar”. La reforma al Código implica el debate sobre los riesgos de la participación en procesos judiciales de actores como las víctimas, que son parte interesada. O, en términos más generales, el debate sobre el rol del Estado en relación con las víctimas y la definición misma de la victimización. Un riesgo claro, como señala el filósofo esloveno Zizek, es que la empatía con las víctimas funcione sin excepción “como un señuelo que nos impide pensar”.
Otro de los puntos destacables es la eximición de responsabilidad a policías y miembros de fuerzas de seguridad que “actúen en cumplimiento del deber” y con su arma reglamentaria. Tal vez este sea uno de los puntos más graves del proyecto en tanto se pretende dar legalidad a una práctica que, si bien es avalada discursivamente por el oficialismo, es contraria a los estándares internacionales que refieren a la necesidad, la racionalidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza letal policial. Los funcionarios públicos, según los trascendidos, podrían actuar desentendiéndose de esta condición, en tensión con la normativa internacional que refiere a la proporcionalidad de la fuerza letal.
De esta manera, si algo queda en claro con la publicidad adquirida por el borrador del proyecto de reforma del Código Penal es que se trata de una propuesta disciplinante en lo social, que promueve irresponsablemente el uso letal de la fuerza policial y que exalta simbólicamente y protege materialmente solo a ciertas víctimas. En definitiva, una propuesta que refleja un nuevo clima de época.
*Docente, investigadora Idaes-Unsam. **Sociólogo, investigador UNLP.
