Hace pocos días estalló una importante polémica sobre una conocida técnica que utilizan los miembros del Congreso de la Nación para aumentar sus ingresos: el canje de pasajes.
Al ser consultado sobre el tema, el presidente Mauricio Macri criticó con dureza el privilegio que gozan los diputados y senadores nacionales: “Si los diputados creen que su salario no es suficiente tienen que blanquear su necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien. Es querer disfrazar algo de otra cosa”. Ello incentivó la presentación de tres proyectos de ley para limitarlos.
Hace un año publiqué en este mismo espacio una columna resaltando la inmoralidad de esta vieja práctica. Hoy, frente al debate que afortunadamente han abierto las declaraciones del Presidente, es de utilidad recordar los argumentos que desarrollé en ese entonces.
Numerosos legisladores hacen uso de su derecho a canjear pasajes por dinero en efectivo, conducta por completo racional dado que nunca nadie puede estar peor por recibir un subsidio en efectivo y gastarlo a su criterio, que por recibir un derecho equivalente, ejemplificado en este caso por los pasajes aéreos.
Resulta razonable suponer que cualquier legislador prefiere esta flexibilidad a no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder el valor de los mismos. Sin embargo, el resto de los ciudadanos carecemos de similar flexibilidad en numerosas instancias. La educación es un claro ejemplo de ello.
En los últimos años muchas familias han optado por enviar sus hijos a escuelas privadas, a pesar de la existencia de la educación pública gratuita. La evidencia nos exime de cualquier comentario; aun en barrios muy humildes numerosas familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijos cursen su escolaridad en este tipo de institución.
Es claro que cada padre que toma esta decisión debe abonar dos veces la educación de sus hijos, una a través de sus impuestos y otra a través del pago a la escuela elegida, ya que no cuenta con la misma prerrogativa que los legisladores.
Por ello es útil recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 16, establece que todos los habitantes son iguales ante la ley: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿no es razonable que aquellas familias que optan por enviar a sus hijos a una escuela privada reciban una reducción en su carga impositiva similar al costo de educar un niño dentro del sistema de educación pública? ¿Acaso no es ello equivalente al derecho que habilita a un legislador que no utiliza su cuota mensual de pasajes a canjearla por dinero en efectivo?
No estoy proponiendo reinventar la rueda, este escenario es una realidad en otras latitudes. Por ejemplo, como señalé en aquella columna un año atrás, dos notas del Wall Street Journal reportaban por ese entonces el caso de Arizona, que se convirtió en abril de 2017 en el segundo estado de Estados Unidos, después de Nevada, en establecer “Cuentas de ahorros para la Educación” (ESAs), que permitían a los padres que optasen por retirar a los niños de escuelas públicas recibir una porción de los fondos que el Estado habría gastado en su educación, y con ello costear un colegio privado, tutorías u otros gastos de educación aprobados por el Estado.
Puede parecer una propuesta extrema. Pero éticamente, ¿cómo un legislador que ha canjeado pasajes durante años podría negarse a aprobar un proyecto de ley que otorgue a los padres un derecho similar frente a la educación de sus hijos? De no hacerlo, estaría violando el espíritu del artículo 16 de nuestra Constitución Nacional.
*Miembro de la Academia Nacional de
Educación y Rector de la Universidad del CEMA.
