Jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado. Bajo estos cargos, el juez federal Julián Ercolini mandó ayer a juicio oral a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández, junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Publicas José López y el empresario Lázaro Báez, que están tras las rejas por otras causas de corrupción. El único detenido por esta causa es Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente, con un lugar estratégico en la coordinación de obra pública y arrestado a fin de año por presuntas maniobras para ocultar su patrimonio.
“La premura en cumplir con la elevación radica, en primer lugar, en los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado para combatir la corrupción en todas sus formas”, dijo el juez en el escrito al que accedió PERFIL en donde dio por cerrada la investigación. De inmediato, el caso fue sorteado: le tocó al Tribunal Oral Federal 2, a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Ta-ssara.
Sin embargo, la decisión respecto a qué tribunal llevará adelante el debate promete dar pelea. El TOF 9 ya tiene en sus manos la causa por la ruta del dinero K, en donde Lázaro Báez está preso y la Cámara Federal había sugerido un megajuicio para las causas de corrupción que salpican a la ex jefa de Estado.
Por eso, algunos ya hablan de planteos y tironeos sobre qué tribunal debe intervenir, máxime cuando todavía queda por elevar a juicio la causa Los Sauces y está pendiente de procesamientos el capítulo Hotesur.
Cuando Cristina enfrentó su indagatoria, pidió investigar la obra pública concedida a Angelo Calcaterra, el primo del actual Presidente, Mauricio Macri. Más tarde, pidió ella misma ir a juicio oral porque confía en desbaratar públicamente la acusación “sesgada, arbitraria y contraria a derecho”.
Por lo pronto, y solo por los delitos que enfrenta hoy por obra pública, si la ex presidenta fuera declarada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques hablaron de una “operatoria criminal” para montar “una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos”, que operó entre mayo de 2003 –días antes de que Néstor llegara a la Casa Rosada– hasta el 9 de diciembre de 2015, último día del mandato de CFK. Según los acusadores, “el camino que condujo a Lázaro Antonio Báez desde su punto de partida –empleado público monotributista que forma una empresa aportando el 25% del mínimo legal posible –a su metaempresario constructor, petrolero y hotelero, con activos multiplicados en más de 120 veces y una empresa vial con más de 1.700 millones de pesos en bienes– reconoce una sola causa eficiente, que no viene dada ni por su habilidad empresarial, ni por la suerte, sino que estuvo dada por su rol en la maniobra en cuestión como consecuencia de su vínculo con los ex presidentes Kirchner”.
