El flamante IPC nacional (IPC-Nu) resulta un paso en la dirección correcta porque es un indicio claro de que las distorsiones en las mediciones de la inflación pueden haber quedado atrás. Ahora el aumento en los precios minoristas resulta más creíble: 3,7% en enero y 10% en los últimos cuatro meses, reconociendo que la inflación ya está por encima de 30% anual. Está claro que no resuelve el problema de fondo, pero acota las especulaciones respecto de su verdadero valor. Ahora bien, sin un plan integral, la inflación licuará las ganancias de competitividad logradas tras la fuerte devaluación de enero. En consecuencia, no bajará la tensión sobre el mercado de cambios, y muy pronto el Gobierno estará nuevamente frente a la disyuntiva de perder reservas o volver a devaluar.
El repaso de los últimos movimientos oficiales no deja mucho espacio para el optimismo. El desplazamiento de Guillermo Moreno en noviembre pasado significó un fuerte respaldo a Axel Kicillof, pero dejó a las empresas sin un referente que coordinara la suba de precios. Sin dique de contención y ante la incertidumbre respecto de las intenciones del nuevo equipo, las empresas optaron por disparar –como mínimo– los aumentos ya acordados con el secretario saliente. Por eso la inflación ya estaba ganando velocidad cuando el Gobierno decide insistir con los acuerdos de precios.
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La decisión fue desafortunada. Erosionó las expectativas de cambio que se habían depositado en la nueva gestión al poner en evidencia que la estrategia antiinflacionaria es más de lo mismo.
En este sentido, los Precios Cuidados no son suficientes. Desde 2006 el Gobierno viene abusando del control de precios sin resultados. A lo largo de la historia, los gobiernos, aquí y en el mundo, han tratado de fijar salarios y precios. En el antiguo Egipto, en Babilonia, en China, en India, en Roma, en los Estados Unidos, en Francia, en la Alemania nazi, por citar sólo algunos ejemplos, siempre terminaron fallando o generaron efectos muy dañinos. Cuando fallaron, como usualmente pasaba, los gobiernos siempre culpaban a la maldad y a la deshonestidad de los agentes económicos en lugar de a la falta de efectividad de las políticas públicas. La historia demuestra que si bien pueden tener algún impacto en el corto plazo, siempre fallan en el largo porque no atacan las causas últimas de la inflación.
Ni siquiera la Unión Soviética, una economía totalmente planificada en la que no se reparaba en sufrimiento ni en obstáculos legales, pudo mostrar resultados satisfactorios. A pesar de que el Estado fijaba diez millones de precios, que eran supervisados por los comisarios planificadores, el costo de vida aumentó 65% y los salarios reales cayeron 50% entre 1927 y 1937.
En la Argentina, los acuerdos lanzados por el Gobierno en enero no sólo son más de lo mismo; también llama la atención su escaso alcance y profundidad. Se concentran en unos 200 productos básicamente alimenticios, que representan menos de 2% de los bienes que se ofrecen en un supermermercado tipo. Y lo que es más llamativo, las grandes cadenas concentran sólo el 30% de los ventas del canal minorista. Los almacenes o autoservicios de barrio son el canal más relevante y con ellos no existen acuerdos de Precios Cuidados. Ni hablar de la situación del interior, donde los controles son escasos y la oferta, insignificante.
No extraña así que la inflación de enero haya alcanzado 30% en términos anuales, dejando un piso elevado para los próximos meses, cuando se suman otros componentes a la inercia. El salto en el tipo de cambio tiene un impacto directo sobre la estructura de costos no sólo por el efecto de la suba de $ 6,5 a $ 8, sino también por las especulaciones que se generaron. Es lógico, el Gobierno hizo lo que dijo que no iba a hacer. El cepo a la compra de dólares, las restricciones a las importaciones, las prohibiciones al giro de utilidades y dividendos para las empresas habían sido el mal necesario para evitar la devaluación. Ahora, con las reservas internacionales por debajo de los US$ 30 mil millones, el Gobierno patea el tablero.
Esta presión adicional, que ya se percibe en las compras cotidianas, comenzará a plasmarse en los índices inflacionarios de los próximos meses. Por citar sólo algunos ejemplos, alimentos, combustibles, medicamentos, materiales de construcción, insumos tecnológicos, son los más afectados por una estructura de costos muy dolarizada.
Es cierto también que algunos comerciantes especulan; que aprovechan el desconcierto para remarcar de más. Pero es sólo una parte del problema. La especulación es un componente entre muchos que definen la conducta de los agentes económicos. En el mundo, la inflación ha dejado de ser un problema no porque hayan desaparecido los especuladores, sino porque se aplican políticas relativamente consistentes. La gran diferencia la genera el entorno macroeconómico.
Otro catalizador que se sumará en los próximos meses son las tarifas de los servicios públicos. Las inminentes subas en transporte, electricidad y gas terminarán haciendo que la inflación avance un nuevo peldaño.
Por último, las negociaciones salariales marcarán un punto de inflexión. En marzo, la suba del costo de vida se ubicará en el entorno al 35%, generando una enorme presión en las bases sindicales. Las empresas deberán negociar con la realidad a la vista: los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo a un ritmo vertiginoso. El Gobierno trata de imponer un tope cercano al 25% porque entiende que si convalida estas variaciones, los riesgos de espiralización aumentan. Por eso, un resultado “exitoso” para el oficialismo implica llevar los aumentos no más allá de 30%, logrando que los sindicatos acepten una pérdida. Si no ceden, el retroceso de todas formas llegará por una nueva ronda de subas de precios. En cualquier escenario, los trabajadores terminarán perdiendo. Es la socialización del ajuste.
El dólar no murió. El Gobierno tampoco logra anclar las expectativas, lo que realimenta el problema. Las expectativas de inflación relevadas por la Universidad Di Tella han subido de 30% en enero a 35% en febrero, poniendo en evidencia la extrema sesibilidad de la sociedad frente a la dinámica de los precios.
De consolidarse la inflación en porcentajes superiores al 30%, los incentivos a ahorrar en dólares seguirán presentes a pesar del aumento en las tasas de interés de las últimas semanas. En otros términos, la suba de tasas compensa la inflación pasada pero no la esperada.
Así, parece difícil que la devaluación alcance para restringir la salida de capitales en el corto plazo y frenar la caída de las reservas, pese a las compras coyunturales de estas semanas por los cambios regulatorios sobre las tenencias mínimas de dólares en los bancos y en las crecientes restricciones al pago de importaciones y deuda del sector privado.
El Gobierno es consciente y parece apostar al ingreso de capitales para apuntalar las reservas. Es en ese marco donde se debe analizar el lanzamiento del nuevo IPC. Si lograra, como se presume, la aprobación del FMI, el país tendría un mayor margen de negociación, mejorando en consecuencia la posibilidad de conseguir financiamiento a menores tasas. Pero no se deben repetir los errores del pasado; si no se observan cambios macroeconómicos profundos, el nuevo endeudamiento sólo servirá para paliar las consecuencias y no atacar las causas de los problemas. Permite comprar tiempo, sólo eso.
