A comienzo de la semana, Amado Boudou estaba casi exultante. La causa por lo que algo de su vacua sonrisa había vuelto era simple: las acciones emprendidas contra la Presidenta y su familia por el juez Claudio Bonadio. Es que por primera vez en mucho tiempo, el vicepresidente sintió que no estaba solo. Hasta llegó a entusiasmarse con la ilusión de que el ostracismo al que desde hace ya muchos meses lo condenaron Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, La Cámpora y el bloque de senadores del Frente para la Victoria llegaría a su fin.
A ese entusiasmo se le agregó la euforia generada a partir de algún rumor originado en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py. En esos mentideros había hecho nido la versión de que la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, revocaría el procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo en la causa de la venta fraudulenta de la ex Ciccone Calcográfica. Tanto fue el ambiente de irrealidad que se fue gestando, que hubo quien se animó a imaginar una cruzada pro reivindicación del vice.
Toda esa fantasía fue destruida en un segundo por el fallo del juez Bonadio, quien ordenó elevar a juicio oral la causa de los papeles “truchos” en la radicación y transferencia del auto Honda modelo CRX Del Sol, patente WYT 716, importado, en el que se utilizó documentación apócrifa. Como se sabe, en una causa de este tipo la evidencia fundamental la constituyen los documentos. En el caso particular de Boudou, esa evidencia está probada y es demoledora. Sólo un “milagro” podrá salvarlo de la condena.
El respaldo que le prometieron desde la Casa Rosada durante la reunión que tuvo el viernes con Jorge Capitanich, le servirá de poco. La pena es de uno a seis años de prisión con inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo que dure la condena. El juicio tendrá lugar el año que viene. Las posibilidades de una postergación sine die de las audiencias son casi nulas ya que se correría el peligro de la prescripción.
La complicación judicial representa, a su vez, un verdadero dolor de cabeza para todos los oficialistas. Para ellos –en especial para los que aspiren a competir por cargos electorales– la complicada situación judicial del vice será un salvavidas de plomo.
Fernández de Kirchner vive esto como una afrenta personal. Sabe que está pagando un alto costo por defender a su vicepresidente, que es producto de un capricho suyo. Es un costo que llega hasta a su hijo Máximo que a Boudou nunca lo quiso ni lo querrá jamás. Como tampoco lo quiere Axel Kicillof quien, tal como lo reflejó PERFIL en su edición del domingo pasado, ha aportado documentación sobre gastos sospechosos realizados por el vice cuando se desempeñaba como ministro de Economía.
Malhumorada. Todo esto tiene a la Presidenta de un humor pésimo. Su enojo contra Bonadio aumenta día tras día. Tanto que, al referirse a él, lo hace con un lenguaje soez. Como es bien sabido, lo soez está presente habitualmente en el vocabulario de Fernández de Kirchner, quien también se queja por la débil defensa que de su situación judicial hacen muchos de sus funcionarios.
Por todo esto, los embates del Gobierno contra jueces y fiscales que se están animando a investigar a funcionarios seguirán en aumento. Alguien debería advertirle a la Presidenta que en la Justicia se ha cruzado el Rubicón. Nada los detendrá, no sólo porque muchos le han perdido el miedo al kirchnerismo sino porque, además, las pruebas que van apareciendo en las distintas causas son muy claras. Por ejemplo, en el caso Hotesur el entramado de la composición de la sociedad comercial que lo explota deja expuesto el nivel de cercanía y asociación de Lázaro Báez con la familia Kirchner.
Ante el ataque del que son víctimas, los jueces y fiscales han decidido resistir. Eso fue lo que se acordó en una reunión que mantuvieron varios de ellos hace unos días en un domicilio particular. “Vienen por nosotros. Lo que no saben es que nosotros vamos a actuar y esas acciones serán la base de nuestra resistencia”, sentenció un hombre de la Justicia que participó del encuentro.
Fracaso. Donde tampoco hubo buenas noticias para el Gobierno fue en el canje de bonos anunciado con bombos y platillos hace unos días. De unos tres mil millones de dólares que se esperaban sólo se obtuvieron 286 millones. La escasa afluencia de interesados habla de un fracaso rotundo y tira por la borda esta idea de que el asunto con los holdouts está terminado, como el oficialismo intenta imponer por medio del “relato”. Creer que el controvertido fallo del juez Thomas Griesa es inocuo es un error.
En la saga de esta historia, el capítulo que acaba de abrir el juez Cam Ferenback, del estado de Nevada, desvela al grupo duro del kirchnerismo. La decisión de Ferenback permite que Theres Haar, la abogada que representa a Jorge Lanata, discuta con el abogado del fondo NML, Dennis Harintzki, y con el de Carmen Amunategui, Kent Woods, la difusión pública de parte de la exposición de la señora Amunategui, que fue quien tuvo a su cargo la registración en ese estado del Oeste de los EE.UU. de las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Tanto Báez como López habían solicitado al juez que fallara en contra de ese pedido. El futuro no luce bueno para ninguno de los dos quienes, entre sí, se detestan. Como dice la canción, “no es triste la verdad; lo que no tiene es remedio”.
