El resumen de la causa Ciccone en letra minúscula ocupa varias cartulinas blancas, que juntas suman dos metros por 1,5. Acumulan varias líneas de tiempo con los hechos más trascendentes del caso y cuelgan en el despacho de uno de los camaristas que tiene en sus manos el destino judicial del vicepresidente.
Esta semana, los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal se reunirán para definir si Amado Boudou queda o no procesado por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo (coima) antes de fin de año. Los tiempos jurídicos están dados, los tiempos políticos también.
Los camaristas Jorge Ballesteros, Eduardo Freiller y Eduardo Farah, muchas veces señalados por sus decisiones polémicas -otrora a favor de miembros del Gobierno- decidirán en los próximos días si la decisión se da a conocer antes del 30 de diciembre o en febrero.
Los camaristas quieren un voto unánime, pero la causa ya los dividió cuando debieron votar si apartaban o no al juez Ariel Lijo de la investigación. Lo confirmaron pero Farah sugirió que se llame a indagatoria al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; al presidente del Banco Macro, Jorge Brito; y al ex banquero Raúl Moneta, entre otros.
El tema más sensible en el futuro fallo es si confirmarán el procesamiento de Boudou no sólo por el delitos de negociaciones incompatibles sino también por cohecho pasivo (coima). Durante los últimos meses, se especuló con la posibilidad de que los camaristas no confirmen este último delito (el más grave). Incluso el fiscal de la causa, Jorge Di Lello ya se reunió con la fiscalía de Cámara para evaluar una apelación al fallo, confirmaron fuentes judiciales a este diario.
Sin embargo, siete fuentes directas de la causa consultadas por PERFIL confían en que los camaristas confirmarán ambos delitos. Es la peor noticia para Boudou y para los Ciccone. Los camaristas confirmarían que la familia entregó el 70% de las acciones como un soborno al vice a cambio de obtener un salvataje para la imprenta.
Esta decisión influye directamente en la causa del presunto enriquecimiento ilícito de Boudou, ya que el juez Lijo incluirá el 70% de las acciones de Ciccone como parte del patrimonio no declarado del vice. Tendrá así, un tercer procesamiento asegurado en 2015.
Los secretarios de los camaristas discuten estos días si Echegaray es o no cómplice en la maniobra que se le atribuye a Boudou. Analizan dos años de hechos y acciones de la AFIP en el caso. Para el juez Lijo, el titular de la AFIP no tuvo participación en el delito. En la Cámara, la cuestión divide las aguas. Lo mismo sucede con el banquero Brito y el rol de Macro en la inyección de fondos a la imprenta. En la AFIP afirman que el procedimiento “se ajustó al marco técnico de la ley de concursos y quiebras” y que “el juez Javier Cosentino, con visto buena del síndico, fue quien levantó la quiebra”. “Cualquier decisión en contra de Echegaray sería política, no jurídica”, sostienen.
