La Cámara de Diputados aprobó el miércoles los acuerdos de conciliación con los dos últimos grupos de holdouts que mantenían litigios activos contra el país por la cesación de pagos declarada en diciembre de 2001. El Gobierno pagará 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge y Attestor, un 30% menos que sus pretensiones
originales. Así, veinticuatro años, seis meses y un día después del default más grande de la historia, Argentina se apresta a cerrar definitivamente aquella batalla judicial y financiera que modificó para siempre las reglas del sistema soberano de deuda internacional.
Fueron 24 años, 6 meses y 1 día. O 24 años y medio. O unos 9.133 días. Pero, parece, la historia ya llega a su fin. La novedad pasó desapercibida. Pero representa toda una metáfora argentina de este siglo. Si se tiene en cuenta que la Argentina declaró oficialmente el default de su deuda pública el 23 de diciembre de 2001, y que el 24 de junio de 2026 la Cámara de Diputados de la Nación Argentina convirtió en ley el proyecto que autoriza al Gobierno a ejecutar los acuerdos de conciliación con los dos últimos grupos de holdouts que mantenían litigios activos contra la Argentina por el default declarado en 2001; el país habrá tardado ese tiempo en resolver el pago de la deuda que quedó anclada en los impagos anunciados aquella tarde posterior a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y ascenso efímero al poder del entonces presidente interino Adolfo Rodríguez Saá. El inolvidable gobierno de un puñado de noches del puntano, comenzaba con esa decisión de no pagar la deuda externa, festejada con toda la barra bullanguera de entonces en el Congreso Nacional. Fue el puntapié inicial de una batalla contra la realidad de mas de 24 años; que, parecería, ahora sí puede cerrarse en paz.
En medio de la digno de mejores causas defensas del jefe de gabinete Manuel Adorni, de los pornográficos dólares exhibidos en el vestidos de la mansión Cirio-Insaurralde, los problemas de Axel Kicillof y el kirchnerismo y un dólar que esta semana comenzó a despertarse, el Congreso Nacional pudo aprobar el miércoles pasado la norma que convalida los acuerdos de pago alcanzados con Bainbridge Ltd., por US$ 67 millones y un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, por US$ 104 millones. Ambos grupos de fondos buitre mostraron ante la justicia de los Estados Unidos tenencias de bonos defaulteados aquel inolvidable 2001, y no aceptaron ingresar en el acuerdo del “Juicio del Siglo”; aquella histórica batalla judicial que Argentina entabló con acreedores masivos que litigaron en los tribunales norteamericanos, y que vencieron en la causa más famosa de la historia del sistema judicial- financiero de los Estados Unidos. El monto total que se le pagará a Bainbridge y Atestor asciende a US$ 171 millones, aproximadamente un 30% inferior a las pretensiones originales de los demandantes, según informó el oficialismo durante el debate parlamentario. Da lo mismo. Si con esto se cierre la historia. Se supone que el pago forma se ejecutará durante la próxima semana, con lo que en días se cerrará ese triste proceso iniciado en el Congreso, aquella tarde de Asamblea Legislativa de diciembre de 2001.
Algo queda claro. Hay pocos países que demoran casi 25 años en solucionar un problema financiero generado por no tener el dinero suficiente para cumplir con los compromisos de deuda pactados.
Queda para la mención que durante más de quince años, la Argentina protagonizó una de las batallas judiciales y financieras más trascendentes de la historia contemporánea. Lo que comenzó como un conflicto derivado del default de 2001 terminó transformándose en un caso testigo para el sistema financiero internacional, modificando la manera en que los países reestructuran sus deudas soberanas. La crisis que desembocó en el litigio tuvo su origen en diciembre de 2001, cuando la Argentina declaró la cesación de pagos de aproximadamente 100.000 millones de dólares en títulos públicos, el mayor default soberano registrado hasta ese momento. En los meses posteriores, mientras miles de inversores intentaban desprenderse de esos bonos prácticamente sin valor, comenzaron a aparecer fondos de inversión especializados en adquirir deuda en dificultades a precios mínimos. Compraban a mansalva deuda que el mundo despreciaba. Sabiendo que había detrás de esa crisis de un país que durante una década (la de los ’90), aspiró a algún lugar en el primer mundo; experimento que tuvo como epílogo más de 20 muertos en la Plaza de Mayo. La historia continuó, la convertibilidad estalló por los aires, y Rodríguez Saá anunció el default.
Sobre las ruinas del uno a uno, aparecieron fondos buitre (toda una especie inédita en el país hasta entonces), quienes buscaban participar de futuras negociaciones ni aceptar reducciones del capital adeudado. Su negocio consistía precisamente en permanecer fuera de cualquier acuerdo, conservar los títulos originales e iniciar extensos procesos judiciales para reclamar el cobro completo de la deuda. Entre ellos sobresalía Elliott Management, controlado por el financista estadounidense Paul Singer, acompañado por otros fondos especializados en litigios soberanos. Singer pasaría a la historia por el gran negocio que generó su participación en el “Juicio del Siglo”, nombre que el mismo le puso a la causa contra Argentina.
El primer gran intento argentino por resolver el problema llegó en 2005. El gobierno de Néstor Kirchner lanzó una reestructuración de deuda que ofrecía importantes quitas sobre el valor nominal de los bonos. Contra muchos pronósticos, cerca del 76 por ciento de los acreedores aceptó la propuesta. Cinco años después, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, un nuevo canje elevó la adhesión hasta aproximadamente el 93 por ciento del total de la deuda en default.
Sin embargo, una pequeña minoría decidió mantenerse fuera de ambos procesos. Ese grupo, conocido primero como holdouts y luego como lo que en realidad eran fondos buitre, eligieron la vía judicial litigando en los tribunales de Nueva York aprovechando que gran parte de los bonos argentinos habían sido emitidos bajo legislación estadounidense. Surge en ese momento una figura central que pasó a la historia nacional: el juez del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa. El magistrado empezó a darle aire a un expediente burocrático, hasta convertirlo en un caso testigo seguido por gobiernos, bancos centrales, organismos multilaterales y mercados financieros de todo el mundo. El punto decisivo llegó cuando Griesa aceptó la interpretación realizada por los demandantes sobre la cláusula pari passu. Tradicionalmente, esa disposición garantizaba igualdad de trato entre acreedores. Su fallo definitivo se conoció el 12 de febrero de 2012. Argentina recurrió primero a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ratificó el 23 de agosto de 2013 la decisión de Griesa. Finalmente, el 16 de junio de 2014, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos rechazó tratar el tema, y el fallo de primera instancia quedó firme.
Llegado Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación, y con Alfonso Prat-Gay como ministro de Economía, el 29 de febrero de 2016, ese Gobierno anunció un principio de acuerdo con los cuatro fondos más importantes que litigaban en Nueva York: NML Capital (Elliott Management), Dart, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital. Así, el juicio, llegaba a su fin. Con esos fondos se pactó un pago de US$ 4.653 millones en efectivo, equivalente aproximadamente al 75% del monto reconocido en las sentencias judiciales, lo que implicaba una quita cercana al 25% sobre el reclamo judicial. La ganancia que obtuvieron los fondos buitre es desigual, dependiendo el valor del bono al momento de la compra. Pero se especula con una rentabilidad cercana al 1.610% sobre la inversión original (unas 17 veces el capital invertido). Una ganancia que no deja ni el trafico de armas, drogas o personas. El mejor negocio del sistema financiero internacional, en toda su historia. Argentina, campeona.
El juicio en Nueva York no fue únicamente una disputa legal. Fue un punto de inflexión en la historia de las finanzas internacionales, donde quedaron expuestas las tensiones entre los derechos contractuales de los acreedores y la necesidad de preservar mecanismos que permitan a los
Estados superar crisis de endeudamiento sin quedar sometidos indefinidamente a litigios capaces de comprometer su estabilidad económica. Más de 24 años después, y luego de una década del cierre del caso, aquella batalla empieza a culminar. Y deja a un país que cada vez que quiere salir al mercado voluntario de deuda, los tomadores de esos bonos le recuerdan al que lo intente aquel festejo de diciembre del 2001 en la Asamblea Legislativa que entronó en su brevísima gestión a Rodríguez Saá.
