No hace mucho, alguien muy vinculado al quehacer judicial de nuestro país se atrevió a afirmar que si el XIX podía ser considerado el “siglo del Poder Legislativo” y el XX “el siglo del Poder Ejecutivo”, el siglo XXI sería el “siglo del Poder Judicial”.
Durante el siglo XIX, la instalación del principio de la soberanía popular como fuente última de legitimidad de los sistemas de las democracias constitucionales y el desarrollo del racionalismo jurídico, que veía en la elaboración de la ley el momento culminante de todo el mundo jurídico, contribuyeron a pensar en la primacía del Poder Legislativo como representante más genuino de la voluntad popular y de su producto principal, que es la ley.
A lo largo del siglo XX, en particular a partir de la crisis de 1930, tiene lugar el fenómeno de la expansión del Estado intervencionista, regular y de bienestar, lo que provoca un notable crecimiento de la Administración Pública, cuya conducción y liderazgo ejerce el Poder Ejecutivo. De este modo, a lo largo de todo el siglo XX se advierte un notable crecimiento institucional del Poder Ejecutivo.
Aquellos cuya participación e incidencia en el proceso social y político en el último siglo han crecido proporcionalmente han sido los jueces. Los ciudadanos y las organizaciones que ellos conforman ya no sólo llevan sus demandas ante los órganos con representación política directa, sino que también las encauzan por medio de los estrados tribunalicios. La cultura jurídica de la posmodernidad es de derechos más que de normas generales, y quienes están llamados a darles protección efectiva en situaciones concretas son los jueces.
Se advierte en el mundo una progresiva juridización y judicialización del proceso social y político. Los distintos problemas que aquejan al gobierno y a la sociedad, con mucha facilidad, se transforman en causas judiciales, cuya resolución final corresponde a los jueces. Tras su aguda observación de la vida política norteamericana, afirmaba con sorpresa Alexis de Tocqueville en su famosa obra Democracia en América: “No existe casi ninguna cuestión política que tarde o temprano no se convierta en una cuestión judicial”. Hoy esa afirmación bien podría extenderse a los países donde está vigente y consolidado un sistema de democracia constitucional.
En cuanto a cuestiones electorales, se puede destacar casos como la invalidación de la reforma constitucional colombiana que habilitaba la re-reelección del presidente Alvaro Uribe por parte del tribunal constitucional de ese país en 2010.
Dos resoluciones de índole económica fueron las sentencias relativas a la constitucionalidad de las medidas de indisponibilidad y la pesificación de los depósitos bancarios dispuestos por el Poder Ejecutivo argentino durante la crisis de 2001.
También sobresalen cuestiones controvertidas de ética social tales como la punición de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en la Argentina, y la despenalización del aborto en Colombia y México. Por último, en los últimos años en Argentina hemos visto cierto control de la razonabilidad de las políticas públicas decididas por los poderes políticos, como con la Ley de Medios o la fijación de la tarifa de los servicios públicos.
Este aumento relativo de la participación del Poder Judicial en el gobierno actual exige tanto su propia mejora institucional como la de los procedimientos de control, para equilibrar la ecuación constitucional que señala que, “a mayor poder político, mayor responsabilidad institucional y mayor necesidad de control”. También cabe señalar que, a mayor poder, también aumenta la conflictividad institucional con los otros poderes y grupos de interés que rigen en la sociedad política. El creciente protagonismo que adquiere el Poder Judicial lo transforma de “actor secundario” en actor central de la vida política, institucional y social de su país.
Como bien lo afirmaba Kant, con el poder viene la responsabilidad.
*Director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.
